Revista de Investigación y Liderazgo Vol. 01 (Num. 01)(Enero – Marzo 2024) ISSN 3151-8532
Ciencia, sociedad y transformación del pensamiento
Recibido: 10/12/2023 Aceptado: 08/01/2024 Publicado: 01/02/2024
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DOI: https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v1/n1/8.
Gestión integral de riesgos frente al cambio climático y
eventos extremos
Comprehensive Risk Management for Climate Change and Extreme
Events
Velasco-Holguin, Nefer Paulette
1
1
Investigador Independiente; Ecuador; https://orcid.org/0009-0008-8238-3514; nefer010200@gmail.com.
Cita: Dato de la revistaVelasco-Holguin, N. P. (2024). Gestión integral de riesgos frente al
cambio climático y eventos extremos. Revista De Investigación Y Liderazgo, 1(1), 29-
41. https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v1/n1/8.
Resumen
El cambio climático y los eventos extremos incrementaron la exposición territorial, social e institucional de
Ecuador, especialmente en zonas costeras, andinas y de cuenca, donde la gestión del riesgo requirió una
lectura integral. El objetivo del estudio fue analizar la gestión integral de riesgos frente al cambio climático
y los eventos extremos, considerando amenazas, vulnerabilidad, gobernanza, financiamiento y alerta
temprana. La metodología adoptó un enfoque mixto, documental, no experimental y longitudinal, basado en
fuentes secundarias oficiales, reportes técnicos y literatura científica reciente. Los resultados evidenciaron
1.854 eventos peligrosos registrados en 24 provincias, con predominio de inundaciones y deslizamientos;
además, se identificaron impactos humanos, productivos, sanitarios e institucionales asociados a pobreza
rural, privaciones multidimensionales, incremento de dengue y limitada inversión climática subnacional. La
discusión mostró que el riesgo climático no dependió solo de la amenaza física, sino de la interacción entre
exposición, vulnerabilidad y capacidades de respuesta. Se concluye que Ecuador requiere fortalecer la
coordinación multinivel, ampliar la alerta temprana y consolidar financiamiento anticipado para una gestión
preventiva, inclusiva y territorialmente sostenible.
Palabras clave: cambio climático; gestión del riesgo; eventos extremos; vulnerabilidad climática;
Ecuador.
Abstract
Climate change and extreme events have increased Ecuador’s territorial, social, and institutional exposure,
particularly in coastal, Andean, and river basin areas, where risk management required a comprehensive
approach. The objective of the study was to analyze comprehensive risk management in the face of climate
change and extreme events, taking into account threats, vulnerability, governance, financing, and early
warning. The methodology adopted a mixed-methods, documentary, non-experimental, and longitudinal
approach, based on official secondary sources, technical reports, and recent scientific literature. The results
revealed 1,854 hazardous events recorded across 24 provinces, predominantly floods and landslides;
furthermore, human, productive, health, and institutional impacts were identified, associated with rural
poverty, multidimensional deprivation, an increase in dengue, and limited subnational climate investment.
The discussion showed that climate risk did not depend solely on the physical threat, but rather on the
interaction between exposure, vulnerability, and response capacities. It is concluded that Ecuador needs to
strengthen multilevel coordination, expand early warning systems, and consolidate advance financing for
preventive, inclusive, and territorially sustainable management.
Keywords: climate change; risk management; extreme events; climate vulnerability; Ecuador.
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1. Introducción
En América Latina y el Caribe, la gestión integral de riesgos frente al cambio climático
deja de ser una función reactiva y se convierte en una condición de gobernanza
territorial, porque el riesgo climático resulta de la interacción entre amenazas, exposición
y vulnerabilidad social. Ecuador expresa esta tensión con claridad: en 2024 cuenta con
18.815.497 habitantes, de los cuales una proporción relevante se concentra en
provincias costeras y andinas expuestas a inundaciones, deslizamientos, sequías,
erosión costera y estrés hídrico (INEC, 2024; IPCC, 2022). La unidad de análisis de este
estudio se sitúa, por tanto, en la población ecuatoriana y en los sistemas territoriales
donde convergen infraestructura crítica, medios de vida, salud pública y capacidades
institucionales para anticipar, reducir y responder a eventos extremos.
La presión climática regional intensifica esta problemática, dado que 2024 es el año más
cálido o el segundo más cálido registrado en América Latina y el Caribe, con una
anomalía de +0,90 °C respecto del promedio 1991–2020; al mismo tiempo, la región
enfrenta sequías persistentes, incendios, inundaciones severas, huracanes tempranos
de categoría 5 y retroceso acelerado de glaciares andinos (WMO, 2025). En Ecuador,
donde la variabilidad asociada a El Niño y La Niña modula lluvias intensas, déficits
hídricos y deslizamientos, el riesgo no opera como un evento aislado, sino como una
cadena de impactos sobre agua, energía, agricultura, movilidad y salud (Banco Mundial,
2024). Esta condición exige analizar la gestión de riesgos como un proceso sistémico,
no como una suma de respuestas sectoriales.
La magnitud de las afectaciones recientes muestra que la exposición territorial ya se
traduce en daños concretos. Entre el 29 de enero y el 20 de junio de 2024, Ecuador
reporta 1.854 eventos peligrosos por lluvias en 24 provincias, 195 cantones y 642
parroquias; las inundaciones representan el 49,57 % y los deslizamientos el 29,23 %,
con 28 fallecidos, 60 heridos, 199.538 personas afectadas, 3.802 damnificadas, 44.796
viviendas afectadas y 31.830,52 hectáreas de cultivos impactadas (SNGR, 2024). Esta
evidencia revela que no abordar integralmente el riesgo implica pérdidas humanas,
deterioro de infraestructura, presión fiscal, interrupción educativa y debilitamiento de
medios de vida rurales y urbanos.
Los impactos económicos refuerzan la urgencia de una gestión integral, porque Ecuador
presenta alta exposición a inundaciones, deslizamientos, calor extremo, incendios,
tsunamis y volcanes, mientras cerca del 20 % de su población se encuentra expuesta a
una inundación de al menos 15 cm (Banco Mundial, 2024). El mismo informe estima que
los eventos de El Niño 1997–1998 generan pérdidas de USD 2.869 millones,
equivalentes al 15 % del PIB de 1997, y que el cambio climático puede reducir el PIB
real de 2050 entre 1,8 % y 3,7 %, según escenarios húmedo-cálido o seco-caliente
(Banco Mundial, 2024). Estas cifras evidencian que el riesgo climático no solo amenaza
ecosistemas, sino también estabilidad macroeconómica, inversión pública y continuidad
de servicios esenciales.
Los efectos sanitarios y sociales amplían el problema, porque los eventos extremos
modifican condiciones ambientales favorables para enfermedades vectoriales,
inseguridad alimentaria, movilidad humana y deterioro del bienestar. En 2024, la OPS
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reporta para Ecuador 51.008 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 36, un
incremento de 170 % frente al mismo periodo de 2023 y de 241 % respecto al promedio
de los últimos cinco años; además, se notifican 234 casos graves y 59 fallecimientos
(OPS, 2024). La literatura advierte que estos impactos se distribuyen de manera
desigual, ya que pobreza, informalidad, vivienda precaria, ruralidad e identidad indígena
incrementan la vulnerabilidad ante inundaciones, sequías y fallas de servicios básicos
(IPCC, 2022; Banco Mundial, 2024).
La evidencia disponible ofrece diagnósticos robustos sobre amenazas climáticas, pero
todavía muestra una brecha analítica en la articulación entre gobernanza del riesgo,
financiamiento climático, infraestructura crítica, salud pública y vulnerabilidad territorial.
El IPCC sostiene que muchas políticas de adaptación en América Central y del Sur
abordan impulsores climáticos, pero rara vez incorporan de manera suficiente las bases
sociales y económicas de la vulnerabilidad; esta limitación reduce la continuidad y
eficacia de las respuestas (Castellanos et al., 2022). En el caso ecuatoriano, el Banco
Mundial identifica responsabilidades institucionales asignadas, aunque con necesidad
de refinamiento, rotación técnica y limitaciones de recursos, lo que sugiere que la brecha
no es solo técnica, sino también organizacional y financiera (Banco Mundial, 2024).
La pertinencia del estudio se fortalece porque existen fuentes institucionales recientes y
comparables para examinar el fenómeno sin recurrir a información sensible:
proyecciones poblacionales del INEC, reportes de eventos de la SNGR, perfiles
climáticos y económicos del Banco Mundial, vigilancia epidemiológica de la OPS y
compromisos climáticos del MAATE. Ecuador, además, presenta una Segunda NDC
2026–2035 con 81 iniciativas, 55 de mitigación y 26 de adaptación, una meta de
reducción de GEI de 7 % con recursos propios y hasta 15 % con cooperación
internacional, y un costo estimado de USD 6.500 millones, con 27 % de financiamiento
incondicional y 73 % condicional (MAATE, 2025; PNUD, 2026). Esta disponibilidad de
datos permite una aproximación viable, ética y útil para orientar decisiones públicas
basadas en evidencia.
El propósito del artículo consiste en analizar la gestión integral de riesgos frente al
cambio climático y los eventos extremos en Ecuador, considerando su inserción en la
dinámica climática latinoamericana y su efecto sobre población, infraestructura,
economía y capacidades institucionales. Para alcanzar este propósito, el estudio busca
describir la distribución territorial de amenazas e impactos recientes, determinar los
factores institucionales y socioeconómicos que condicionan la vulnerabilidad, y
relacionar las brechas de gobernanza con lineamientos de adaptación, financiamiento y
alerta temprana aplicables a territorios expuestos (UNDRR, 2022; IPCC, 2022). La
contribución esperada radica en integrar datos climáticos, sociales, sanitarios y
económicos en un marco analítico único, capaz de superar lecturas fragmentadas y
aportar evidencia para una gestión preventiva, inclusiva y financieramente sostenible
del riesgo climático
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2. Materiales y Métodos
La investigación articuló información cuantitativa y cualitativa para examinar la gestión
integral de riesgos frente al cambio climático y los eventos extremos en Ecuador, con
América Latina como marco regional de contraste. Esta integración permitió relacionar
indicadores de exposición, afectación poblacional, daños económicos, salud ambiental
y planificación climática con el contenido de políticas, reportes técnicos y marcos de
gobernanza. La elección de una estrategia mixta respondió a la complejidad del riesgo
climático, cuya comprensión exigió combinar mediciones observables con interpretación
documental de capacidades institucionales, brechas de adaptación y criterios de
resiliencia territorial (Creswell & Creswell, 2023; IPCC, 2022).
El estudio se desarrolló sin manipular variables ni intervenir sobre comunidades,
ecosistemas o instituciones, porque el fenómeno fue observado a partir de registros
secundarios ya producidos por organismos oficiales y fuentes científicas. La lógica
longitudinal se concretó mediante la revisión de series, reportes y documentos
publicados entre 2015 y 2026, con énfasis analítico en el periodo 2020–2026 por su
cercanía con la intensificación reciente de eventos extremos. Esta decisión resultó
coherente con la naturaleza acumulativa del riesgo climático, dado que sus efectos se
expresaron en trayectorias temporales de exposición, vulnerabilidad, pérdidas y
respuestas institucionales (WMO, 2026; UNDRR, 2022).
La base empírica se construyó mediante investigación documental, apoyada en
informes climáticos, estadísticas nacionales, reportes de situación, alertas
epidemiológicas, documentos de política pública y literatura científica revisada por
pares. Se incluyeron fuentes que abordaron Ecuador o América Latina, eventos
extremos, gestión del riesgo, adaptación climática, vulnerabilidad territorial, salud
ambiental y financiamiento climático; se excluyeron textos sin autoría institucional o
académica verificable, documentos duplicados, opiniones no técnicas y publicaciones
sin relación directa con clima, ambiente o riesgos. Esta estrategia favoreció una revisión
trazable y crítica, tal como se recomienda para diseños documentales basados en
síntesis de evidencia (Snyder, 2019; Banco Mundial, 2024).
El razonamiento combinó una ruta deductiva y otra inductiva. Desde la ruta deductiva
se tomaron como referentes los componentes de amenaza, exposición y vulnerabilidad
propuestos por la literatura climática, así como la noción de riesgo sistémico aplicada a
desastres; desde la ruta inductiva se organizaron patrones emergentes a partir de
evidencias nacionales, como los 1.854 eventos peligrosos por lluvias registrados en
Ecuador entre enero y junio de 2024, distribuidos en 24 provincias, 195 cantones y 642
parroquias (SNGR, 2024). Esta lectura permitió identificar recurrencias entre
inundaciones, deslizamientos, afectaciones sociales y limitaciones de respuesta sin
asumir relaciones causales directas (IPCC, 2022; SNGR, 2024).
El análisis mantuvo un alcance exploratorio porque buscó ordenar evidencia dispersa,
reconocer relaciones plausibles y proponer categorías analíticas para estudios
posteriores, más que estimar efectos causales o probar hipótesis explicativas. Se
elaboró una matriz de extracción con cinco dimensiones: amenaza climática, exposición
territorial, vulnerabilidad socioeconómica, impactos sectoriales y respuesta institucional.
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En esa matriz se integraron datos como población proyectada, eventos peligrosos,
afectaciones por lluvias, pérdidas económicas históricas, metas climáticas y alertas
sanitarias, incluyendo el incremento de 170 % en casos de dengue reportado para
Ecuador en 2024 frente al mismo periodo de 2023 (INEC, 2024; OPS, 2024).
La revisión y codificación se realizaron con criterios de consistencia, actualidad y
pertinencia temática, priorizando documentos publicados por organismos oficiales,
entidades multilaterales y editoriales académicas. La información se contrastó entre
fuentes para reducir sesgos de interpretación y distinguir evidencia empírica, proyección
climática, diagnóstico institucional y compromiso de política pública. El tratamiento ético
se sostuvo en el uso exclusivo de información pública, agregada y no identificable, por
lo que no se recopilaron datos personales ni se interfirió con poblaciones afectadas;
además, se evitó atribuir responsabilidades institucionales no demostradas y se
preservó una lectura orientada a mejora de gestión pública y resiliencia ambiental
(Creswell & Creswell, 2023; UNDRR, 2022).
3. Resultados
Distribución territorial de amenazas climáticas e impactos por eventos extremos
en Ecuador
El análisis territorial permitió identificar la extensión espacial de los eventos
hidrometeorológicos asociados a lluvias intensas y amenazas derivadas del cambio
climático en Ecuador. Durante el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 20 de
junio de 2024, se registraron 1.854 eventos peligrosos distribuidos en las 24 provincias
del país, con afectación en 195 cantones y 642 parroquias; esta cobertura mostró que
el fenómeno no se concentró en un solo corredor geográfico, sino que alcanzó
simultáneamente territorios de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos (Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos [SNGR], 2024). En términos poblacionales, el análisis
se ubicó en un país que proyectó 18.815.497 habitantes para 2030, con mayor
concentración demográfica en Guayas, Pichincha y Manabí, provincias que también
aparecieron entre los territorios con alta recurrencia de eventos (Instituto Nacional de
Estadística y Censos [INEC], 2024).
La distribución provincial evidenció una mayor acumulación de eventos en Guayas, con
305 registros, equivalente al 16,45 % del total nacional; le siguieron Pichincha, con 221
eventos y 11,92 %; Esmeraldas, con 181 eventos y 9,76 %; Manabí, con 159 eventos y
8,58 %; y Los Ríos, con 156 eventos y 8,41 %. En conjunto, estas cinco provincias
concentraron 1.022 eventos, es decir, el 55,12 % del total registrado durante el periodo
observado. La recurrencia más alta se ubicó en provincias costeras y andinas
densamente pobladas o expuestas a cuencas hidrográficas activas, mientras que
Galápagos, Sucumbíos, Cañar y Carchi presentaron los menores conteos relativos, con
valores entre 5 y 21 eventos (SNGR, 2024).
Como se observa en la Tabla 1, las inundaciones constituyeron la amenaza más
frecuente, con 919 registros y 49,57 % del total, seguidas por los deslizamientos, con
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542 eventos y 29,23 %. La suma de ambas categorías representó 78,80 % de los
eventos peligrosos registrados, lo que mostró un patrón dominante de afectación
asociado a exceso de precipitación, saturación de suelos, desbordamientos y pérdida
de estabilidad de laderas. En un segundo nivel aparecieron los colapsos estructurales,
con 138 casos y 7,44 %; los socavamientos, con 94 casos y 5,07 %; y los vendavales,
con 65 casos y 3,51 %, mientras que aluviones, hundimientos, tormentas eléctricas,
granizadas y subsidencias tuvieron frecuencias menores, aunque territorialmente
relevantes (SNGR, 2024).
Tabla 1
Distribución de eventos peligrosos por tipo de amenaza en Ecuador, enero-junio de 2024
Tipo de evento peligroso
Frecuencia
Porcentaje
Inundación
919
49,57 %
Deslizamiento
542
29,23 %
Colapso estructural
138
7,44 %
Socavamiento
94
5,07 %
Vendaval
65
3,51 %
Aluvión
51
2,75 %
Hundimiento
22
1,19 %
Tormenta eléctrica
10
0,54 %
Granizada
10
0,54 %
Subsidencia
3
0,16 %
Total
1.854
100,00 %
Nota: Los porcentajes fueron calculados sobre el total de eventos peligrosos registrados por
lluvias entre el 29 de enero y el 20 de junio de 2024. Fuente: SNGR (2024)
El patrón de afectación hídrica también se reflejó en el registro de 379 desbordamientos
de cuerpos de agua en 21 provincias. Los mayores conteos correspondieron a Los Ríos
y Guayas, con 58 desbordamientos cada una; Manabí y Esmeraldas, con 52 cada una;
y Bolívar, con 35, lo que reforzó la concentración de impactos en territorios costeros,
fluviales y de transición andina. Las afectaciones humanas asociadas a estos eventos
incluyeron 28 personas fallecidas, 60 heridas, 199.538 personas afectadas y 3.802
damnificadas, junto con 44.796 viviendas afectadas y 318 viviendas destruidas. En
infraestructura vial, se registraron 100,70 km de vías afectadas, distribuidos en 48,38
km de primer orden, 29,16 km de segundo orden y 23,16 km de tercer orden (SNGR,
2024).
Los impactos productivos y materiales mostraron una afectación adicional sobre medios
de vida rurales, dado que el reporte nacional registró 31.830,52 hectáreas de cultivos
impactadas, de las cuales 8.974,21 hectáreas correspondieron a cultivos perdidos,
además de 85.817 animales muertos. Esta magnitud se articuló con una condición
estructural de exposición previamente documentada: aproximadamente el 20 % de la
población ecuatoriana se encontraba expuesta a inundaciones de 15 cm o más, y los
eventos de El Niño de 1997–1998 produjeron pérdidas estimadas de USD 2.869
millones, equivalentes al 15 % del PIB de 1997 (Banco Mundial, 2024; SNGR, 2024).
En síntesis, los hallazgos mostraron una distribución nacional amplia, pero con mayor
concentración de eventos e impactos en provincias costeras, andinas y de cuenca,
donde las inundaciones y los deslizamientos dominaron la estructura del riesgo
observado (Banco Mundial, 2024; SNGR, 2024).
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Factores socioeconómicos e institucionales asociados a la vulnerabilidad
climática
El análisis de este subtema permitió organizar los hallazgos sobre las condiciones
sociales, económicas e institucionales que incrementaron la vulnerabilidad climática de
la población ecuatoriana ante eventos extremos. Los datos revisados mostraron que el
riesgo no se distribuyó únicamente por la presencia de amenazas físicas, sino por la
coincidencia entre exposición territorial, pobreza, desigualdad, dependencia de medios
de vida sensibles al clima y capacidades institucionales heterogéneas. En términos
físicos, aproximadamente el 20 % de la población ecuatoriana estuvo expuesta a
inundaciones de 15 cm o más, mientras que el país presentó alta susceptibilidad a
inundaciones, deslizamientos, calor extremo, incendios, tsunamis y actividad volcánica
(Banco Mundial, 2024).
La vulnerabilidad socioeconómica se observó con mayor intensidad en el espacio rural.
En diciembre de 2024, la pobreza por ingresos alcanzó el 28,0 % a nivel nacional, pero
ascendió a 43,3 % en el área rural y se ubicó en 20,9 % en el área urbana; la pobreza
extrema presentó el mismo patrón, con 12,7 % nacional, 27,0 % rural y 6,0 % urbana.
La desigualdad también se mantuvo como un condicionante relevante, dado que el
índice de Gini fue de 0,463 a nivel nacional, con valores de 0,446 en el área urbana y
0,463 en el área rural. Aunque el INEC reportó que las variaciones frente a 2023 no
fueron estadísticamente significativas al 95 % de confianza, la magnitud de las brechas
urbano-rurales mostró un patrón consistente de vulnerabilidad diferencial (INEC, 2024).
La revisión de privaciones estructurales amplió este patrón, porque la pobreza
multidimensional alcanzó el 40,8 % a nivel nacional, pero llegó al 71,2 % en el sector
rural y al 26,6 % en el área urbana. De manera similar, la pobreza extrema
multidimensional fue de 19,0 % a escala nacional, con 46,4 % en el área rural y 6,2 %
en el área urbana; además, el índice de pobreza multidimensional se ubicó en 21,3
puntos a nivel nacional, 11,5 en el área urbana y 42,6 en el sector rural. Estos resultados
indicaron que la vulnerabilidad climática estuvo asociada no solo al ingreso, sino
también a privaciones simultáneas en educación, condiciones de vivienda, dependencia
económica, trabajo, protección social y acceso a servicios (INEC, 2024)
Figura 1
¿Cómo abordar la vulnerabilidad climática en Ecuador?
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Nota: Autores (2024)
El esquema sintetizó una cadena de vulnerabilidad en la que las condiciones materiales
de vida y la capacidad institucional actuaron como mediadores entre amenaza climática
e impacto social. La dimensión sanitaria reforzó esta lectura, ya que Ecuador reportó
51.008 casos de dengue entre las semanas epidemiológicas 1 y 36 de 2024, con un
incremento de 170 % frente al mismo periodo de 2023 y de 241 % respecto al promedio
de los cinco años previos; además, la incidencia acumulada fue de 285 casos por
100.000 habitantes, con 234 casos graves y 59 fallecimientos. Estos datos mostraron
que los eventos climáticos y ambientales también se expresaron en presión sobre
vigilancia epidemiológica, atención primaria y respuesta sanitaria territorial (OPS, 2024).
La dimensión institucional mostró avances normativos y programáticos, aunque también
limitaciones operativas para sostener una gestión integral del riesgo. El Banco Mundial
identificó desafíos de coordinación entre normas, sistemas y entidades responsables,
así como una participación insuficiente de gobiernos subnacionales y poblaciones
locales; además, registró que en 2020 los gobiernos provinciales asignaron solo USD
1,9 millones a inversión climática, monto reducido frente a la escala de exposición e
impactos observados. En paralelo, Ecuador contó con sistemas vinculados al clima,
incluido el Sistema Nacional de Alerta Temprana, pero estos requirieron mayor
cobertura, integración y apropiación por gobiernos locales y ciudadanía (Banco Mundial,
2024).
Los hallazgos institucionales también evidenciaron una transición en curso hacia la
planificación climática, dado que la Segunda NDC de Ecuador incorporó 55 iniciativas
de mitigación y 26 iniciativas orientadas a atender el riesgo climático entre 2026 y 2035.
La meta nacional planteó una reducción de emisiones de 7 % con recursos propios y
hasta 15 % con apoyo internacional, lo que ubicó el financiamiento externo como
componente relevante de la capacidad adaptativa. En conjunto, los resultados
mostraron que la vulnerabilidad climática ecuatoriana se configuró por la superposición
de exposición física, pobreza rural, privaciones multidimensionales, presión sanitaria y
brechas de coordinación, financiamiento e implementación territorial (PNUD, 2025;
MAATE, 2025).
Brechas de gobernanza, adaptación, financiamiento y alerta temprana para la
gestión integral del riesgo
El análisis de este subtema permitió identificar brechas operativas entre los instrumentos
de política climática disponibles y la capacidad efectiva para convertirlos en gestión
integral del riesgo. Los hallazgos mostraron que Ecuador contaba con normas, planes,
sistemas de información y compromisos climáticos, pero estos instrumentos no se
encontraban plenamente integrados entre entidades, niveles de gobierno y sectores
estratégicos. La principal brecha observada se ubicó en la coordinación institucional,
debido a la coexistencia de múltiples regulaciones, políticas, sistemas y agencias
responsables con limitada articulación para la adaptación y la resiliencia territorial
(Banco Mundial, 2024).
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La revisión evidenció que la adaptación climática presentaba avances programáticos,
aunque con limitaciones en cobertura, financiamiento y apropiación local. En 2020, los
gobiernos provinciales asignaron solo USD 1,9 millones a inversión climática, monto
bajo frente a la amplitud territorial de los impactos registrados por lluvias, inundaciones
y deslizamientos. El mismo diagnóstico reportó que los gobiernos provinciales y locales
tenían responsabilidades vinculadas con la política climática, pero mantenían
restricciones de capacidad técnica para diseñar proyectos de adaptación, identificar
fuentes de financiamiento e implementar acciones en sus territorios (Banco Mundial,
2024).
La dimensión de alerta temprana mostró una brecha de integración más que de
inexistencia institucional. Ecuador disponía de sistemas vinculados al clima, incluido el
Sistema Nacional de Alerta Temprana, y producía información útil sobre riesgos
climáticos; sin embargo, los resultados indicaron que esos sistemas requerían mayor
cobertura, interoperabilidad y uso efectivo por parte de gobiernos locales y ciudadanía.
Esta limitación resultó consistente con la ausencia de una circulación plenamente
coordinada de datos localizados sobre amenazas y riesgos entre la Secretaría Nacional
de Gestión de Riesgos, la autoridad ambiental, los gobiernos nacionales y los gobiernos
locales (Banco Mundial, 2024, 2025).
Los hallazgos sobre financiamiento mostraron una estructura todavía incompleta para
atender choques climáticos, desastres y emergencias sanitarias. El documento
programático de 2025 registró una operación propuesta de USD 200 millones mediante
financiamiento de política de desarrollo con opción de desembolso diferido ante
catástrofes, y señaló que Ecuador contaba con otro instrumento contingente del BID por
hasta USD 400 millones; no obstante, también identificó que el país carecía de un fondo
nacional de desastres o presupuesto preasignado. Esta configuración reflejó
dependencia de mecanismos ex post, créditos contingentes y reasignaciones
presupuestarias, mientras los instrumentos de transferencia de riesgo, como seguros y
bonos catastróficos, permanecían subdesarrollados (Banco Mundial, 2025).
4. Discusión
El estudio analiza la gestión integral de riesgos frente al cambio climático y los eventos
extremos en Ecuador, y los hallazgos sugieren que el riesgo climático se configura como
un fenómeno territorialmente extendido, socialmente diferenciado e institucionalmente
fragmentado. La concentración de 1.854 eventos peligrosos en 24 provincias, con
predominio de inundaciones y deslizamientos, muestra que la exposición no opera como
una condición excepcional, sino como una presión recurrente sobre asentamientos,
infraestructura, cultivos y servicios públicos. Este patrón se alinea con la lectura del
IPCC, que entiende el riesgo como resultado de la interacción entre amenaza,
exposición y vulnerabilidad, y con la evidencia regional sobre intensificación de extremos
climáticos en América Latina y el Caribe (IPCC, 2022; WMO, 2025). En consecuencia,
los resultados parecen indicar que la gestión del riesgo no puede limitarse a la respuesta
posterior al evento, sino que requiere integrar prevención, adaptación y planificación
territorial desde una perspectiva sistémica (UNDRR, 2022).
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Los resultados convergen con Castellanos et al. (2022) y Banco Mundial (2024) en que
la vulnerabilidad climática en América Central y del Sur no depende únicamente de la
severidad de las amenazas, sino de condiciones socioeconómicas persistentes que
amplifican sus efectos. En Ecuador, la brecha rural-urbana observada en pobreza por
ingresos, pobreza extrema y pobreza multidimensional refuerza esta interpretación,
especialmente porque el área rural concentra mayores privaciones y, al mismo tiempo,
depende con más intensidad de medios de vida sensibles al clima. La presión sanitaria
asociada al dengue, con 51.008 casos reportados en 2024 y un incremento de 170 %
frente al mismo periodo de 2023, amplía la comprensión del riesgo hacia una dimensión
socioambiental que compromete vigilancia epidemiológica, atención primaria y
capacidad local de respuesta (INEC, 2024; OPS, 2024). Esta convergencia sugiere que
la reducción del riesgo climático exige reconocer la vulnerabilidad como una
construcción social y no solo como exposición física ante eventos extremos (Banco
Mundial, 2024; IPCC, 2022).
Las implicaciones prácticas de los hallazgos apuntan a que la planificación climática
ecuatoriana avanza en instrumentos formales, pero todavía enfrenta brechas para
traducir compromisos en capacidades territoriales efectivas. La existencia de una
Segunda NDC con 81 iniciativas, 55 de mitigación y 26 de adaptación, expresa una
arquitectura programática relevante; sin embargo, la baja inversión climática provincial
reportada para 2020, estimada en USD 1,9 millones, contrasta con pérdidas históricas
como los USD 2.869 millones asociados a El Niño 1997–1998 y con la posibilidad de
reducción del PIB real hacia 2050 entre 1,8 % y 3,7 % (Banco Mundial, 2024; MAATE,
2025). Desde el punto de vista metodológico, el aporte del estudio consiste en organizar
evidencia climática, social, sanitaria, económica e institucional en una matriz común de
interpretación, lo que permite observar relaciones plausibles entre exposición,
vulnerabilidad y gobernanza sin afirmar causalidad. Esta integración resulta útil para la
gestión pública porque visibiliza que la alerta temprana, el financiamiento anticipado y
la coordinación multinivel son condiciones operativas de la adaptación, no componentes
accesorios (Banco Mundial, 2025; PNUD, 2025).
Las limitaciones del estudio deben interpretarse en función de su diseño documental, no
experimental y exploratorio, ya que los datos proceden de fuentes secundarias con
distintos criterios de levantamiento, cobertura temporal y nivel de desagregación
territorial. Por ello, los hallazgos permiten identificar patrones, brechas y relaciones
consistentes, pero no estimar efectos causales ni medir significancias estadísticas entre
variables climáticas, socioeconómicas e institucionales. Las futuras investigaciones
podrían profundizar mediante análisis cantonales o parroquiales, modelos espaciales de
exposición, estudios longitudinales de pérdidas y evaluaciones de efectividad de
sistemas de alerta temprana, especialmente en territorios rurales, costeros y de cuenca.
Aun con estas restricciones, la contribución central del estudio consiste en mostrar que
la brecha principal no reside en la ausencia de información o de instrumentos, sino en
la articulación incompleta entre gobernanza, financiamiento, adaptación y vulnerabilidad
territorial, aspecto que responde directamente al vacío planteado en la introducción
(Creswell & Creswell, 2023; Snyder, 2019; UNDRR, 2022).
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5. Conclusiones
Los resultados permiten concluir que la gestión integral de riesgos frente al cambio
climático y los eventos extremos en Ecuador constituye una prioridad territorial, social e
institucional. El análisis evidencia que el riesgo climático no se expresa como un
fenómeno aislado, sino como una acumulación de amenazas, exposición poblacional,
vulnerabilidad socioeconómica y capacidades de respuesta desiguales. La presencia de
eventos peligrosos en las 24 provincias del país muestra una afectación amplia, aunque
con mayor concentración en territorios costeros, andinos y de cuenca. Esto sugiere que
la gestión del riesgo requiere una mirada preventiva, multisectorial y sostenida, capaz
de articular clima, ambiente, salud, infraestructura y desarrollo territorial.
Los hallazgos vinculados con los objetivos específicos evidencian que las inundaciones
y los deslizamientos concentran la mayor parte de los eventos registrados, mientras que
los impactos humanos, productivos y viales reflejan la presión directa sobre la población
y sus medios de vida. Asimismo, la vulnerabilidad se intensifica en contextos rurales,
donde la pobreza por ingresos, la pobreza extrema y la pobreza multidimensional
alcanzan niveles superiores a los observados en áreas urbanas. A ello se suma la
presión sanitaria asociada al incremento de casos de dengue y la limitada capacidad de
algunos territorios para transformar información climática en acciones preventivas. En
conjunto, estos resultados muestran que la exposición física adquiere mayor gravedad
cuando coincide con privaciones sociales, dependencia productiva y brechas
institucionales.
El aporte principal del estudio consiste en integrar evidencia climática, socioeconómica,
sanitaria, económica e institucional en una lectura común de la gestión integral del
riesgo. Esta aproximación permite observar que la vulnerabilidad climática no depende
solamente de la ocurrencia de eventos extremos, sino también de la forma en que los
territorios planifican, financian, coordinan y ejecutan respuestas de adaptación. Desde
el campo académico, el estudio contribuye a ordenar variables dispersas en un marco
analítico útil para investigaciones posteriores. Desde el ámbito institucional y social, los
hallazgos ofrecen insumos para fortalecer decisiones públicas orientadas a reducir
pérdidas humanas, económicas y ambientales sin asumir relaciones causales que el
diseño documental no permite demostrar.
A partir de los resultados, se recomienda fortalecer la coordinación entre niveles de
gobierno, ampliar la cobertura e interoperabilidad de los sistemas de alerta temprana y
consolidar mecanismos de financiamiento anticipado para la reducción del riesgo.
También resulta pertinente desarrollar investigaciones futuras con mayor desagregación
cantonal y parroquial, análisis espacial de exposición, seguimiento longitudinal de
pérdidas y evaluación de la efectividad de medidas de adaptación aplicadas en
territorios vulnerables. Estas líneas permitirían precisar con mayor detalle los patrones
identificados y mejorar la toma de decisiones basada en evidencia. En síntesis, la
investigación muestra que la brecha central no radica únicamente en la existencia de
amenazas climáticas, sino en la necesidad de articular gobernanza, financiamiento,
adaptación y vulnerabilidad territorial dentro de una gestión integral del riesgo.
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CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
