Revista de Investigación y Liderazgo Vol. 2 (Num. 3)(Julio –Septiembre 2026) ISSN 3151-8532
Nuevos territorios del saber científico
Recibido: 28/06/2025 Aceptado: 25/07/2025 Publicado: 27/08/2025
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DOI: https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n3/40
Inflación, política monetaria y poder adquisitivo en
economías latinoamericanas.
Inflation, monetary policy, and purchasing power in Latin American
economies.
Preciado-Ramírez, Joffre Danny
1
.
1
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas; Ecuador; https://orcid.org/0000-0001-8300-
5138; joffre.preciado@utelvt.edu.ec.
Cita: Preciado-Ramírez, J. D. (2025). Inflación, política monetaria y poder adquisitivo en
economías latinoamericanas. Revista De Investigación Y Liderazgo, 2(3), 50-
65. https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n3/40
Resumen
La inflación reciente en América Latina evidenció una reducción sostenida, aunque sus efectos sobre el
consumo, el ingreso real y el bienestar de los hogares permanecieron heterogéneos. El estudio tuvo como
objetivo analizar la relación entre inflación, política monetaria y poder adquisitivo en Ecuador, Brasil, Chile,
Colombia, México y Perú, así como contrastar la economía dolarizada ecuatoriana con los regímenes de
metas de inflación. Se aplicó una metodología cualitativa, documental, no experimental, transversal
retrospectiva y exploratoria, basada en fuentes oficiales y académicas correspondientes al periodo 2019–
2024. Los resultados mostraron que la inflación media de las economías con metas se ubicó en 4,14 % al
cierre de 2024, acompañada por una tasa de política promedio de 8,35 %, mientras Ecuador registró una
inflación de 0,53 %, una contracción del consumo de 1,3 % y una disminución del PIB de 2,0 %. La evidencia
indicó que la desinflación no produjo una recuperación homogénea del poder adquisitivo, pues coexistió
con debilidad del gasto, pobreza y desigualdad territorial. En consecuencia, la estabilidad de precios resultó
necesaria, pero insuficiente, para garantizar mejoras generales del bienestar, por lo que su evaluación
requirió integrar indicadores monetarios, distributivos y de consumo.
Palabras clave: inflación; política monetaria; poder adquisitivo; dolarización; América Latina.
Abstract
Recent inflation in Latin America showed a sustained reduction, although its effects on consumption, real
income, and household welfare remained heterogeneous. The study aimed to analyze the relationship
between inflation, monetary policy, and purchasing power in Ecuador, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and
Peru, as well as to contrast the dollarized Ecuadorian economy with inflation target regimes. A qualitative,
documentary, non-experimental, retrospective, and exploratory methodology was applied, based on official
and academic sources corresponding to the period 2019–2024. The results showed that the average inflation
of target economies was 4.14% at the end of 2024, accompanied by an average policy rate of 8.35%, while
Ecuador recorded an inflation rate of 0.53%, a consumption contraction of 1.3%, and a GDP decrease of
2.0%. The evidence indicated that disinflation did not produce a homogeneous recovery of purchasing
power, as it coexisted with weak spending, poverty, and territorial inequality. Consequently, price stability
proved necessary but insufficient to ensure general improvements in well-being, so its evaluation required
integrating monetary, distributive, and consumption indicators.
Keywords: inflation; monetary policy; purchasing power; dollarization; Latin America.
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1. Introducción
La inflación constituye uno de los principales condicionantes del bienestar económico
en América Latina, porque modifica simultáneamente el costo de vida, las decisiones de
consumo y la capacidad de ahorro de los hogares. Aunque la mediana regional
desciende desde 8,2 % en 2022 hasta 3,7 % en diciembre de 2023 y se estima en 3,4
% para 2024, permanece por encima del nivel central de 3 % adoptado por varios bancos
centrales. Esta moderación ocurre en un entorno de crecimiento limitado, pues el
producto regional se expande apenas 2,2 % en 2024 y el promedio anual de crecimiento
entre 2015 y 2024 se sitúa alrededor de 1 %. El fenómeno se examina en Ecuador y,
comparativamente, en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, considerando como
unidades de análisis las economías nacionales y los hogares expuestos a las
variaciones de precios, ingresos y condiciones monetarias (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe [CEPAL], 2024; Fondo Monetario Internacional [FMI], 2024).
Ese proceso de desinflación no elimina las tensiones derivadas de la respuesta
monetaria, dado que los bancos centrales deben contener los precios sin producir una
contracción excesiva del crédito, la inversión y el empleo. Brasil, Chile, Colombia,
México y Perú elevan sus tasas de política en cerca de 10 puntos porcentuales desde
2021, hasta alcanzar un máximo promedio de 11,5 %, mientras la inflación conjunta de
estas cinco economías disminuye desde aproximadamente 9 % en 2022 hasta 4 % en
menos de dos años. La actuación temprana contribuye a mantener ancladas las
expectativas, pero prolonga condiciones financieras restrictivas que encarecen los
préstamos empresariales y de consumo. Además, la transmisión no resulta uniforme,
porque las tasas bancarias responden de manera asimétrica a los aumentos y
reducciones de la tasa de referencia, lo cual modifica la velocidad con que la política
monetaria afecta el gasto privado (Tombini, 2024; García & Gimeno, 2024; Quintero
Otero et al., 2024).
La particularidad ecuatoriana intensifica la necesidad de una comparación regional,
porque la dolarización restringe el uso de una tasa de política y de una moneda nacional
como instrumentos convencionales de estabilización. Mientras las cinco economías
comparadas operan con metas de inflación cercanas al 3 %, Ecuador depende en mayor
medida de la liquidez del sistema financiero, la suficiencia de reservas, los flujos
externos, la política fiscal y la regulación de precios estratégicos. Esta estructura no
vuelve pasiva a la economía, ya que la creación de crédito doméstico y las operaciones
del banco central continúan influyendo sobre el consumo y la inversión. Asimismo, la
evidencia ecuatoriana disponible desde 2015 muestra que los incrementos del petróleo
y de los combustibles generan efectos significativos y asimétricos sobre la inflación,
especialmente mediante transporte y efectos de segunda ronda, sin que las reducciones
produzcan una corrección equivalente (Erraez & Maldonado, 2025; Bunce, 2025).
El contraste entre estabilidad de precios y bienestar material se observa con claridad en
Ecuador, donde la inflación anual se sitúa en 0,53 % en diciembre de 2024, frente a 1,35
% registrado un año antes. A pesar de esta baja variación, la Canasta Familiar Básica
alcanza USD 797,97 y el ingreso mensual del hogar tipo asciende a USD 858,67, cifras
que representan una cobertura teórica de 107,61 % para una familia de cuatro miembros
con 1,6 perceptores. Esta cobertura promedio convive con una pobreza por ingresos de
28,0 %, una pobreza extrema de 12,7 % y una pobreza multidimensional de 40,8 %, que
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llega a 71,2 % en el área rural. A ello se añade una contracción del PIB de 2,0 % y una
reducción del consumo de los hogares de 1,3 % durante 2024, lo que evidencia que una
inflación reducida no garantiza por sí sola la recuperación del poder adquisitivo (Instituto
Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2024, 2025; Banco Central del Ecuador [BCE],
2025).
Pese a la creciente producción académica, la literatura mantiene una separación entre
el análisis macroeconómico de la inflación y la evaluación distributiva de sus
consecuencias. Los estudios de cinco grandes economías latinoamericanas atribuyen
una parte considerable de la inflación de 2021–2023 a componentes transitorios y
encuentran expectativas de largo plazo relativamente estables, mientras las
investigaciones sobre Brasil, Chile, Colombia y Perú identifican respuestas crediticias
asimétricas ante cambios de la tasa monetaria. Sin embargo, estas aproximaciones no
incorporan a Ecuador ni relacionan sistemáticamente inflación, régimen monetario,
ingreso real, canasta básica y pobreza. La omisión resulta relevante porque los índices
agregados pueden ocultar diferencias entre hogares: la inflación efectiva varía según la
composición del consumo, la capacidad de sustituir productos y el acceso a mecanismos
de protección, por lo que el mismo IPC no representa una pérdida idéntica para todos
los estratos (Jaravel, 2021; García & Gimeno, 2024; Quintero Otero et al., 2024; Amores
et al., 2025).
La disponibilidad de información oficial permite abordar esa brecha mediante un análisis
comparable y replicable del periodo 2019–2024, equivalente a 72 observaciones
mensuales y 24 observaciones trimestrales por economía cuando las series presentan
cobertura completa. En Ecuador, el IPC se construye con 359 productos, alrededor de
25.350 tomas mensuales de precios y cobertura de nueve ciudades, mientras la
ENEMDU proporciona indicadores nacionales, urbanos y rurales; para diciembre de
2024, esta última utiliza una muestra de 9.016 viviendas. Sobre esta base, el objetivo
general consiste en analizar la relación entre inflación, política monetaria y poder
adquisitivo en seis economías latinoamericanas. De manera articulada, los objetivos
específicos buscan determinar la asociación entre precios, condiciones monetarias,
consumo e ingreso real, y comparar el comportamiento de Ecuador con las cinco
economías que aplican metas de inflación, utilizando datos públicos, agregados y
carentes de identificadores personales (INEC, 2024, 2025; CEPAL, 2024).
De esta manera, la investigación articula tres dimensiones que suelen examinarse por
separado (estabilidad de precios, transmisión monetaria y bienestar de los hogares) y
contrasta dos configuraciones institucionales: la dolarización ecuatoriana y los
regímenes de metas de inflación. Su originalidad reside en no asumir que la reducción
del IPC equivale automáticamente a una mejora del poder adquisitivo, sino en confrontar
esa evolución con ingresos reales, consumo, canasta básica y pobreza en un conjunto
de seis economías. La comparación permite identificar si políticas monetarias más
restrictivas reducen la inflación a costa de mayores presiones crediticias, así como
establecer por qué una economía con inflación inferior al 1 % todavía presenta deterioro
social y contracción del consumo. En consecuencia, el estudio aporta evidencia para
diseñar políticas monetarias, fiscales y sociales coordinadas, sensibles tanto al régimen
institucional como a la heterogeneidad distributiva de la inflación (Jaravel, 2021; Erraez
& Maldonado, 2025; García & Gimeno, 2024).
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2. Materiales y Métodos
El estudio se desarrolló desde una orientación cualitativa, debido a que procuró
interpretar cómo los marcos institucionales, los discursos técnicos y las decisiones de
política económica explicaron la relación entre inflación, política monetaria y poder
adquisitivo. La indagación se concentró en Ecuador y en cinco economías
latinoamericanas comparables (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), consideradas
como unidades nacionales de análisis. Esta elección permitió examinar diferencias entre
una economía dolarizada y países que aplicaron regímenes de metas de inflación. Los
indicadores numéricos se utilizaron como evidencia contextual, sin convertir el estudio
en una estimación econométrica ni en una prueba estadística de causalidad. La
interpretación se orientó hacia los significados, argumentos, mecanismos de transmisión
y consecuencias distributivas identificados en documentos especializados. Tal
aproximación resultó pertinente para estudiar fenómenos económicos complejos
mediante procedimientos sistemáticos de contextualización, contraste y reflexión crítica
(Kayesa & Shung-King, 2021; Lim, 2025).
La coherencia entre el problema y los objetivos condujo a un diseño no experimental,
puesto que las tasas de inflación, las decisiones monetarias, los ingresos y las
condiciones de consumo se observaron tal como habían sido registradas, sin
manipulación deliberada de variables. El análisis asumió un corte transversal
retrospectivo realizado al cierre de 2024, mediante el cual se integraron documentos y
series correspondientes al periodo 2019–2024. La delimitación temporal comprendió
seis años marcados por la desaceleración previa a la pandemia, la contracción de 2020,
la recuperación posterior y el episodio inflacionario de 2021–2023. El alcance fue
exploratorio porque buscó reconocer patrones, divergencias institucionales y relaciones
conceptuales todavía insuficientemente articuladas en la literatura regional. En
consecuencia, los hallazgos no se plantearon como estimaciones representativas de
todos los hogares latinoamericanos ni como efectos causales atribuibles exclusivamente
a la política monetaria. El empleo de datos secundarios permitió responder nuevas
preguntas a partir de información existente, siempre que se conservaran su contexto,
definición y cobertura originales (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2024; Kelly et al.,
2024).
La estrategia documental permitió reunir evidencia científica, normativa y estadística
producida por organismos multilaterales, bancos centrales, institutos nacionales de
estadística y revistas académicas revisadas por pares. El razonamiento deductivo partió
de categorías derivadas de la teoría monetaria y del bienestar económico: dinámica
inflacionaria, instrumentos de política, canales de transmisión, ingreso real, consumo y
efectos distributivos. Paralelamente, el método analítico descompuso cada documento
en argumentos, conceptos, indicadores, supuestos y recomendaciones, para reconstruir
después las conexiones entre las dimensiones estudiadas. La información cuantitativa
contenida en los informes se interpretó dentro de sus correspondientes marcos
institucionales, evitando aislar porcentajes o valores de las explicaciones que les
otorgaron sentido. Este procedimiento combinó una codificación orientada por
categorías previas con la identificación de subtemas emergentes, contradicciones y
explicaciones alternativas. La organización sistemática de documentos y el análisis
temático facilitaron una interpretación transparente y situada de las políticas económicas
examinadas (Braun & Clarke, 2021; Kayesa & Shung-King, 2021).
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La delimitación del corpus siguió un muestreo intencional por criterios, por lo que no se
aplicó una fórmula de tamaño muestral ni se pretendió representar probabilísticamente
una población de documentos. Se incluyeron publicaciones difundidas entre el 1 de
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, disponibles en español o inglés, con texto
completo y relación directa con al menos dos de las categorías centrales. La búsqueda
se efectuó en Scopus, Web of Science y SciELO, además de los repositorios de la
CEPAL, el FMI, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial, los bancos
centrales y los institutos estadísticos de los seis países. Se emplearon combinaciones
de los términos “inflación”, “política monetaria”, “poder adquisitivo”, “ingreso real”,
“inflation targeting”, “monetary policy transmission”, “household purchasing power” y
“Latin America”. Se excluyeron duplicados, notas periodísticas, opiniones sin respaldo
metodológico, documentos sin autoría institucional verificable y publicaciones cuyos
datos no permitieron identificar periodo, unidad o procedencia. La selección y el registro
de exclusiones se documentaron siguiendo criterios de transparencia y trazabilidad
adaptados de PRISMA 2020, sin presentar el trabajo como una revisión sistemática de
efectos (CEPAL, 2024; Page et al., 2021).
El proceso de extracción se organizó mediante una matriz que registró autoría, año,
país, tipo de documento, periodo cubierto, régimen monetario, conceptos empleados,
indicadores reportados, interpretación causal propuesta y recomendaciones de política.
Para Ecuador se incorporaron documentos sobre dolarización, inflación, canasta
familiar, ingreso, consumo y actividad económica, mientras que en los otros cinco países
se priorizaron informes sobre tasas de referencia, expectativas inflacionarias y
transmisión monetaria. Los valores del IPC, la inflación subyacente, las tasas de política
y los indicadores de ingreso real se conservaron en las unidades informadas por cada
fuente. Antes de comparar cifras se revisaron la frecuencia, el año base, la cobertura
geográfica, la definición del indicador y la fecha de actualización, con el propósito de
evitar equivalencias artificiales. Los datos económicos se emplearon para contextualizar
los argumentos documentales y no para estimar coeficientes, significancias estadísticas
o modelos predictivos. Esta decisión fue consistente con la diversidad institucional de la
región y con la heterogeneidad observada en sus procesos de desinflación y transmisión
monetaria (CEPAL, 2024; FMI, 2024; Tombini, 2024).
La interpretación se ejecutó mediante las seis fases del análisis temático reflexivo:
familiarización con el corpus, generación de códigos, construcción de temas, revisión de
su coherencia, definición conceptual y redacción analítica. La primera codificación se
vinculó deductivamente con inflación, respuesta monetaria, canales de transmisión y
poder adquisitivo, mientras que las lecturas posteriores permitieron incorporar
subcategorías sobre dolarización, expectativas, crédito, alimentos, energía y
desigualdad. Cada país se examinó inicialmente como un caso documental
independiente y después se realizó una comparación transversal entre Ecuador y las
cinco economías con metas de inflación. El contraste buscó identificar convergencias,
diferencias y tensiones entre los diagnósticos institucionales, las explicaciones
académicas y el comportamiento de los indicadores. Las evidencias contradictorias no
se descartaron, sino que se conservaron para reconocer que la intensidad y la velocidad
de la transmisión monetaria variaron según la estructura financiera y el contexto
nacional. Este procedimiento favoreció una lectura crítica de los resultados regionales
previamente documentados sobre expectativas y asimetrías del canal de tasas de
interés (Braun & Clarke, 2021; García & Gimeno, 2024; Quintero Otero et al., 2024).
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La consistencia del estudio se fortaleció mediante triangulación de fuentes
multilaterales, nacionales y académicas, así como mediante la comparación de
definiciones, periodos y argumentos antes de formular cada interpretación. Se mantuvo
una ruta de auditoría que registró las palabras de búsqueda, los criterios de selección,
las decisiones de codificación y los cambios introducidos en las categorías analíticas.
La credibilidad se apoyó en documentos originales y series oficiales, la dependencia se
favoreció mediante un protocolo uniforme de extracción y la confirmabilidad se procuró
separando los datos reportados de las interpretaciones elaboradas por los
investigadores. Al haberse utilizado documentos públicos e información económica
agregada, no se produjo interacción con personas, no se recopilaron identificadores
individuales y no se requirió consentimiento informado. Aun así, se respetaron la autoría,
la integridad de las cifras, las versiones documentales y las limitaciones declaradas por
cada institución. Finalmente, el carácter exploratorio impidió atribuir causalidad definitiva
o extrapolar conclusiones hacia hogares particulares, pero permitió establecer
proposiciones comparativas para investigaciones cuantitativas posteriores (Kelly et al.,
2024; Lim, 2025; Page et al., 2021).
3. Resultados
Evolución de la inflación y orientación de la política monetaria
El análisis examinó la trayectoria de la inflación y las modificaciones de la política
monetaria registradas entre 2019 y 2024 en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y
Ecuador. En las cinco economías con metas de inflación, el incremento promedio de los
precios alcanzó un máximo cercano al 9 % durante 2022 y descendió hasta
aproximadamente el 4 % en menos de dos años. Para el conjunto de América Latina y
el Caribe, la mediana regional pasó de 8,2 % en 2022 a 3,7 % en diciembre de 2023 y
se estimó en 3,4 % al finalizar 2024. Las series mostraron una fase de aceleración entre
2021 y 2022, seguida por un proceso generalizado de desinflación durante 2023 y 2024.
Sin embargo, la reducción perdió velocidad en el último año y presentó diferencias entre
países. La trayectoria regional quedó configurada, por tanto, por un máximo común en
2022 y una convergencia posterior incompleta hacia las metas nacionales (CEPAL,
2024; Tombini, 2024).
Los registros de diciembre de 2024 situaron a Colombia como la economía con mayor
inflación anual, con 5,20 %, seguida por Brasil con 4,83 %, Chile con 4,50 % y México
con 4,21 %. Perú cerró el periodo con 1,97 %, mientras que Ecuador presentó el menor
valor del grupo, con 0,53 %. A partir de estas seis observaciones, la inflación media fue
de 3,54 %, con una desviación estándar poblacional de 1,70 puntos porcentuales y una
mediana de 4,36 %. La amplitud entre el valor máximo y el mínimo alcanzó 4,67 puntos
porcentuales, lo que reflejó una dispersión considerable al cierre del periodo. Entre las
cinco economías con metas explícitas, la media se ubicó en 4,14 % y cuatro países,
equivalentes al 80 %, permanecieron por encima del valor central de sus respectivas
metas. Perú fue el único país de ese grupo cuya inflación terminó dentro del intervalo
objetivo, mientras Ecuador registró una variación inferior al 1 % bajo el régimen
dolarizado (Banco Central do Brasil, 2025; Banco de México, 2025; DANE, 2025; INE,
2025; INEC, 2025; BCRP, 2024).
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La orientación monetaria cambió de forma sincronizada después de las reducciones
aplicadas durante 2020, aunque el inicio del endurecimiento presentó diferencias
temporales. Brasil comenzó a incrementar la tasa de referencia en marzo de 2021,
México lo hizo en junio, Chile en julio, Perú en agosto y Colombia en septiembre del
mismo año. En conjunto, las tasas aumentaron cerca de 10 puntos porcentuales y
alcanzaron un máximo promedio aproximado de 11,5 % durante el ciclo restrictivo. Al
finalizar 2024, la tasa Selic de Brasil se ubicó en 12,25 %, la referencia de México en
10,00 %, la de Colombia en 9,50 % y las de Chile y Perú en 5,00 % cada una. Estos
cinco valores produjeron una media de 8,35 %, una desviación estándar poblacional de
2,89 puntos porcentuales, una mediana de 9,50 % y un rango de 7,25 puntos
porcentuales. Chile, Colombia, México y Perú terminaron con tasas inferiores a sus
máximos del ciclo, mientras Brasil cerró el año con una nueva fase de incrementos
(Banco Central do Brasil, 2024; Banco Central de Chile, 2024; Banco de la República,
2024; Banco de México, 2024; BCRP, 2024; Tombini, 2024).
El patrón conjunto mostró que la desinflación avanzó mientras las condiciones
monetarias permanecieron restrictivas y diferenciadas entre las economías examinadas.
Cuatro de los cinco bancos centrales con tasa de política redujeron gradualmente el
grado de restricción durante 2024, pero sus tasas nominales continuaron elevadas
respecto de los niveles anteriores a la pandemia. Ecuador no se incorporó al cálculo de
la media monetaria porque la dolarización eliminó una tasa de política soberana
comparable; en este caso, la liquidez, las reservas internacionales, las operaciones del
banco central y la expansión del crédito constituyeron los mecanismos monetarios
observables. Al cierre del periodo coexistieron, por consiguiente, una inflación de 0,53
% en Ecuador, tasas inferiores al 2 % en Perú y valores superiores al 4 % en las otras
cuatro economías. El hallazgo central correspondió a una reducción regional de la
inflación acompañada por diferencias persistentes en su magnitud y en la velocidad de
flexibilización monetaria. Debido al carácter documental y descriptivo del estudio, no se
calcularon intervalos de confianza, valores p ni pruebas inferenciales de causalidad
(Erraez & Maldonado, 2025; Guerra et al., 2024; Tombini, 2024)
Comportamiento del poder adquisitivo, el consumo y el ingreso real
El análisis describió la evolución del poder adquisitivo mediante el comportamiento de
los salarios reales, el consumo de los hogares y los indicadores de suficiencia del
ingreso. En América Latina y el Caribe, el salario real había disminuido 1,4 % en 2021 y
1,7 % durante el primer semestre de 2022, mientras que posteriormente registró
variaciones positivas de 1,7 % en 2023 y 1,5 % en 2024. Esta secuencia configuró dos
años de pérdida y dos años de recuperación parcial del ingreso laboral real. En Ecuador,
el gasto de consumo final de los hogares pasó de un crecimiento anual de 1,4 % en
2023 a una contracción de 1,3 % en 2024, equivalente a una disminución de 2,7 puntos
porcentuales en su tasa de variación. El retroceso coincidió con una contracción del PIB
de 2,0 % durante el último año analizado. Por tanto, los registros mostraron que la
moderación regional de los precios coexistió con un comportamiento heterogéneo del
ingreso real y del gasto de los hogares (Banco Central del Ecuador [BCE], 2024, 2025;
Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2022, 2025).
La medición ecuatoriana permitió precisar el comportamiento mensual de la capacidad
de compra del hogar tipo, compuesto por cuatro integrantes y 1,6 perceptores de la
remuneración básica unificada. Durante 2024, la Canasta Familiar Básica presentó un
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costo promedio mensual de USD 798,24 y una desviación estándar poblacional de USD
4,72; sus valores oscilaron entre USD 789,57 en enero y USD 805,04 en octubre, con
una amplitud de USD 15,47. La cobertura del presupuesto familiar alcanzó una media
anual de 107,57 %, con una desviación estándar de 0,64 puntos porcentuales y un rango
comprendido entre 106,66 % y 108,75 %. Al comparar diciembre de 2023 con diciembre
de 2024, el ingreso familiar aumentó 2,22 %, mientras el costo de la canasta básica se
incrementó 1,48 %. Esta diferencia elevó el excedente nominal desde USD 53,69 hasta
USD 60,70. Los resultados principales de esta comparación se sintetizaron como se
observa en la Tabla 1 (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2023, 2024).
Tabla 1
Indicadores de poder adquisitivo, consumo e ingreso en Ecuador, 2023–2024
Indicador
2023
2024
Variación
Canasta Familiar Básica en diciembre (USD)
786,31
797,97
+11,66; +1,48 %
Ingreso familiar mensual en diciembre (USD)
840,00
858,67
+18,67; +2,22 %
Excedente sobre la canasta básica (USD)
53,69
60,70
+7,01; +13,06 %
Cobertura del ingreso familiar (%)
106,83
107,61
+0,78 p. p.
Consumo real de los hogares, variación anual (%)
1,40
−1,30
−2,70 p. p.
Pobreza por ingresos nacional (%)
26,00
28,00
+2,00 p. p.
Pobreza extrema nacional (%)
9,80
12,70
+2,90 p. p.
Índice de Gini nacional
0,457
0,463
+0,006
Nota: Los valores de la canasta, el ingreso y la cobertura correspondieron a diciembre de cada
año. Las variaciones de pobreza y del índice de Gini no fueron estadísticamente significativas
con un nivel de confianza del 95 %. El cambio de 2,90 puntos porcentuales en pobreza extrema
se obtuvo de los porcentajes publicados y redondeados. p. p. = puntos porcentuales. Elaboración
propia a partir del BCE (2024, 2025) y del INEC (2023, 2024, 2025).
Los indicadores distributivos exhibieron una trayectoria diferente de la registrada por el
ingreso familiar teórico. La pobreza por ingresos aumentó de 26,0 % en diciembre de
2023 a 28,0 % en diciembre de 2024, mientras la pobreza extrema pasó de 9,8 % a 12,7
%. En términos territoriales, la pobreza de 2024 alcanzó 20,9 % en el área urbana y 43,3
% en la rural, lo que produjo una brecha de 22,4 puntos porcentuales. La pobreza
extrema se situó en 6,0 % en las zonas urbanas y en 27,0 % en las rurales, con una
diferencia de 21,0 puntos porcentuales. El índice de Gini nacional aumentó de 0,457 a
0,463, equivalente a 0,006 puntos, aunque tanto este cambio como las variaciones de
pobreza fueron clasificados oficialmente como no significativos al 95 % de confianza.
Los datos provinieron de muestras anuales de 9.016 viviendas con representatividad
nacional, urbana y rural (INEC, 2024, 2025).
La síntesis de los resultados mostró una mejora limitada en la cobertura nominal del
presupuesto del hogar tipo, pero no un avance uniforme del poder adquisitivo observado
en el conjunto de la población. El ingreso familiar mensual creció 0,74 puntos
porcentuales más que la Canasta Familiar Básica, y la cobertura aumentó desde 106,83
% hasta 107,61 %. Al mismo tiempo, el consumo real de los hogares cambió de una
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expansión de 1,4 % a una contracción de 1,3 %, mientras la pobreza y la pobreza
extrema registraron incrementos en sus estimaciones puntuales. En el ámbito regional,
los salarios reales recuperaron tasas positivas durante 2023 y 2024, aunque los
aumentos de 1,7 % y 1,5 % fueron posteriores a las reducciones verificadas en 2021 y
2022. El patrón central quedó definido por una recuperación nominal y salarial parcial
que coexistió con debilidad del consumo y diferencias territoriales persistentes en los
indicadores de ingreso. No se calcularon valores p ni intervalos de confianza
adicionales, debido a que el estudio utilizó los resultados agregados y las clasificaciones
de significancia publicadas por las instituciones oficiales (BCE, 2025; INEC, 2025; OIT,
2025).
Contraste entre Ecuador y las economías con metas de inflación
El contraste examinó las diferencias observadas entre el régimen dolarizado
ecuatoriano y los esquemas de metas de inflación de Brasil, Chile, Colombia,
México y Perú. Al cierre de 2024, las tasas de política se situaron en 12,25 % en
Brasil, 10,00 % en México, 9,50 % en Colombia y 5,00 % tanto en Chile como en
Perú. Las cinco observaciones produjeron una media de 8,35 %, una mediana
de 9,50 %, una desviación estándar poblacional de 2,89 puntos porcentuales y
un rango de 7,25 puntos. Ecuador no presentó una tasa soberana equivalente,
por lo que el análisis consideró la liquidez, el crédito interno, las reservas
internacionales y el balance del Banco Central como mecanismos monetarios
observables. La comparación institucional mostró, de este modo, un grupo que
modificó directamente el costo de referencia del dinero y una economía que
gestionó sus condiciones monetarias sin emisión de moneda nacional (Banco
Central do Brasil, 2024; Banco Central de Chile, 2024; Banco de la República,
2024; Banco de México, 2025; Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2024;
Erráez & Maldonado, 2025).
Las diferencias institucionales coincidieron con una elevada dispersión en las
variaciones de precios registradas en diciembre de 2024. Ecuador presentó una
inflación anual de 0,53 %, frente a 1,97 % en Perú, 4,21 % en México, 4,50 % en
Chile, 4,83 % en Brasil y 5,20 % en Colombia. La media de las cinco economías
con metas de inflación alcanzó 4,14 %, con una desviación estándar poblacional
de 1,14 puntos porcentuales y una mediana de 4,50 %. La diferencia entre esa
media y el resultado ecuatoriano fue de 3,61 puntos porcentuales, mientras el
rango entre los seis países llegó a 4,67 puntos. Cuatro de las cinco economías
con política monetaria autónoma, equivalentes al 80 %, cerraron con inflaciones
superiores al 4 %, y Perú constituyó la única excepción. Ecuador ocupó, por
consiguiente, el extremo inferior de la distribución observada, sin que se estimara
una asociación causal entre régimen monetario y resultado inflacionario (Instituto
Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2024; Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística [IBGE], 2025; Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2025;
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2025; Instituto
Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2025; Instituto Nacional de
Estadística e Informática [INEI], 2025).
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La revisión documental también registró diferencias en los canales mediante los
cuales las condiciones monetarias se transmitieron al crédito. En Brasil, Chile,
Colombia y Perú, las tasas bancarias respondieron a las variaciones de la tasa
de política, aunque la reacción no fue uniforme entre tipos de préstamos ni entre
fases de aumento y reducción. Los créditos de consumo mostraron una
respuesta de largo plazo mayor ante incrementos de la tasa rectora que los
créditos comerciales; a su vez, estos últimos reaccionaron generalmente con
mayor intensidad frente a reducciones que ante aumentos de la tasa de política.
En Ecuador, la ausencia de una tasa nacional comparable desplazó la
observación hacia la relación entre dinero de alto poder, depósitos, expansión
crediticia y financiamiento interno. La matriz analítica mostró así que los países
con metas operaron mediante un canal explícito de tasas, mientras la
dolarización canalizó los impulsos a través de cantidades monetarias,
intermediación financiera y flujos externos (Quintero Otero et al., 2024; Erráez &
Maldonado, 2025).
El resultado inflacionario más bajo de Ecuador coexistió con una contracción de
1,3 % en el consumo real de los hogares y una disminución de 2,0 % del producto
interno bruto durante 2024. En las economías con metas, la inflación media de
4,14 % permaneció acompañada por una tasa de política promedio de 8,35 %,
cuya diferencia nominal respecto de la inflación fue de 4,21 puntos porcentuales.
El contraste final mostró, por tanto, que Ecuador combinó estabilidad relativa de
precios con debilitamiento del gasto interno, mientras el grupo restante conservó
instrumentos de tasa activos y niveles de inflación más elevados y heterogéneos.
La dolarización redujo la disponibilidad de instrumentos convencionales, pero no
eliminó la expansión del crédito ni las variaciones de liquidez como dimensiones
monetarias relevantes. Debido al alcance exploratorio y documental, las
diferencias calculadas fueron descriptivas y no se estimaron intervalos de
confianza, valores p ni coeficientes de causalidad entre los regímenes y los
indicadores observados (Banco Central del Ecuador [BCE], 2025; García &
Gimeno, 2024; INEC, 2024).
4. Discusión
El estudio analiza la relación entre inflación, política monetaria y poder adquisitivo, y sus
hallazgos sugieren que la desinflación regional no se traduce de manera automática ni
homogénea en una recuperación del bienestar de los hogares. La reducción desde
niveles cercanos al 9 % en 2022 hasta una media de 4,14 % en 2024 en las economías
con metas coincide con tasas de política todavía restrictivas, cuyo promedio alcanza
8,35 %. Ecuador representa el contraste más marcado, pues registra una inflación de
0,53 %, pero simultáneamente presenta una contracción de 1,3 % en el consumo de los
hogares y de 2,0 % en el producto interno bruto. Este comportamiento parece indicar
que la estabilidad agregada de precios constituye una condición relevante, aunque
insuficiente para preservar la capacidad de compra cuando el ingreso, el empleo y la
actividad económica permanecen debilitados. La cobertura teórica de 107,61 % de la
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canasta básica tampoco refleja uniformemente las condiciones sociales, dado que
coexiste con una pobreza por ingresos de 28,0 % y una pobreza extrema de 12,7 %. En
conjunto, los resultados respaldan la necesidad de interpretar la inflación junto con el
ingreso real, el consumo y la distribución, en lugar de utilizar el IPC como indicador
aislado del bienestar económico (CEPAL, 2024; BCE, 2025; INEC, 2024, 2025).
La trayectoria observada converge con García y Gimeno (2024), quienes identifican una
moderación de la inflación latinoamericana acompañada por expectativas de largo plazo
relativamente estables, y con Tombini (2024), quien destaca la actuación temprana de
los bancos centrales durante el episodio posterior a la pandemia. Sin embargo, la
persistencia de inflaciones superiores al 4 % en cuatro de las cinco economías con
metas muestra que la convergencia hacia los objetivos nacionales permanece
incompleta y diferenciada. Las tasas rectoras elevadas y la distinta velocidad de
flexibilización también guardan correspondencia con Quintero Otero et al. (2024), cuya
evidencia señala respuestas asimétricas del crédito frente a aumentos y reducciones de
la tasa de política. En Ecuador, la ausencia de un instrumento soberano comparable
desplaza la transmisión hacia la liquidez, el crédito, las reservas y los flujos externos, lo
cual coincide con la caracterización de la dinámica monetaria dolarizada planteada por
Erráez y Maldonado (2025). El menor registro inflacionario ecuatoriano no permite
afirmar que la dolarización produzca por sí sola mejores resultados, porque coincide con
debilidad del gasto interno y porque el diseño documental no controla otros factores
fiscales, externos o productivos. Estos contrastes sugieren que la eficacia de una
configuración monetaria depende tanto de su capacidad para moderar los precios como
de las condiciones estructurales mediante las cuales dicha moderación alcanza a
empresas y hogares (García & Gimeno, 2024; Quintero Otero et al., 2024; Erráez &
Maldonado, 2025).
La divergencia entre el ingreso familiar teórico y los indicadores distributivos aporta una
implicación central para la interpretación del poder adquisitivo. Aunque el ingreso del
hogar tipo crece más que el costo de la canasta básica entre 2023 y 2024, el aumento
puntual de la pobreza, la contracción del consumo y las brechas rurales muestran que
los promedios nacionales pueden ocultar exposiciones inflacionarias y capacidades de
ajuste distintas. Esta evidencia coincide con Jaravel (2021), quien sostiene que la
inflación efectiva varía según la composición del gasto, y con Amores et al. (2025),
quienes resaltan que las respuestas fiscales y distributivas condicionan el impacto final
de las variaciones de precios sobre los hogares. En términos teóricos, los hallazgos
amplían el análisis convencional al vincular estabilidad de precios, transmisión
monetaria y desigualdad dentro de un mismo marco comparativo. En el plano práctico,
parecen indicar que las decisiones sobre tasas, liquidez y crédito requieren coordinación
con políticas fiscales, laborales y sociales que protejan el ingreso real sin debilitar el
proceso de desinflación. Metodológicamente, la integración de indicadores monetarios,
de consumo, canasta básica y pobreza permite identificar tensiones que permanecen
invisibles cuando el análisis se limita a la inflación promedio o al cumplimiento formal de
una meta (Jaravel, 2021; Amores et al., 2025; CEPAL, 2024).
La interpretación debe realizarse con cautela porque el diseño cualitativo, documental,
transversal y exploratorio no permite establecer causalidad entre las decisiones
monetarias y las variaciones del consumo, el ingreso o la pobreza. La comparación
también se encuentra condicionada por diferencias entre años base, coberturas
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territoriales, frecuencias estadísticas y definiciones nacionales, mientras que los datos
agregados impiden reconocer trayectorias individuales según nivel socioeconómico,
condición laboral o estructura específica de consumo. Aunque la triangulación de
fuentes oficiales y académicas fortalece la consistencia, la ausencia de estimaciones
econométricas, intervalos de confianza comparables y controles macroeconómicos
limita la magnitud de las inferencias, como corresponde al uso exploratorio de datos
secundarios (Kelly et al., 2024; Lim, 2025). Las investigaciones futuras podrían construir
paneles mensuales o trimestrales para estimar rezagos de transmisión, incorporar tasas
reales, crédito por destino, salarios y gasto por deciles, y evaluar separadamente
choques de alimentos, energía y combustibles. También resulta pertinente comparar
hogares urbanos y rurales y examinar si las variaciones de liquidez en Ecuador
producen efectos distributivos distintos de los asociados con las tasas de referencia en
economías con metas. La contribución central consiste, por tanto, en cubrir parcialmente
la brecha entre análisis monetario y bienestar distributivo, al mostrar que una inflación
baja o descendente no equivale necesariamente a una mejora generalizada del poder
adquisitivo (Page et al., 2021; Jaravel, 2021; Erráez & Maldonado, 2025).
5. Conclusiones
Los resultados permiten concluir que la relación entre inflación, política monetaria y
poder adquisitivo en las economías latinoamericanas no responde a una dinámica
uniforme. La desinflación observada entre 2022 y 2024 coincide con condiciones
monetarias todavía restrictivas, pero no garantiza una recuperación equivalente del
consumo ni del ingreso real. Ecuador presenta el caso más evidente, pues una inflación
anual de 0,53 % coexiste con una contracción del consumo de los hogares de 1,3 % y
una disminución del producto interno bruto de 2,0 %. Esto sugiere que la estabilidad de
precios constituye una condición necesaria, aunque insuficiente, para sostener el
bienestar económico cuando persisten debilidades productivas, laborales y distributivas.
En relación con los objetivos específicos, los hallazgos evidencian que la reducción de
la inflación regional se acompaña de respuestas monetarias diferenciadas y de una
transmisión desigual hacia el crédito, el consumo y el ingreso. Las economías con metas
de inflación registran al cierre de 2024 una inflación media de 4,14 % y una tasa de
política promedio de 8,35 %, mientras Ecuador opera sin una tasa soberana comparable
y depende de la liquidez, el crédito y los flujos externos. A su vez, la mejora nominal de
la cobertura de la canasta básica ecuatoriana no se refleja de manera homogénea en la
población, debido a la persistencia de pobreza, desigualdad territorial y debilitamiento
del gasto. Se observa, por tanto, que los agregados monetarios y de precios requieren
una lectura conjunta con indicadores distributivos y de bienestar.
El principal aporte del estudio consiste en integrar dimensiones que suelen analizarse
por separado: estabilidad de precios, orientación monetaria y capacidad adquisitiva de
los hogares. Esta articulación permite distinguir entre una reducción estadística de la
inflación y una mejora efectiva de las condiciones materiales, evitando asumir que un
menor IPC representa automáticamente mayor bienestar. En el ámbito académico, el
análisis ofrece un marco comparativo para examinar economías dolarizadas y
regímenes de metas de inflación desde una perspectiva monetaria y distributiva. En el
plano institucional y social, los resultados permiten reconocer la necesidad de
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complementar las decisiones monetarias con políticas fiscales, laborales y de protección
social sensibles a la heterogeneidad de los hogares.
A partir de estos hallazgos, resulta recomendable que el seguimiento de la estabilidad
macroeconómica incorpore, junto con la inflación, indicadores de salarios reales,
consumo, crédito, pobreza y costo diferenciado de las canastas familiares. Las futuras
investigaciones podrían utilizar paneles mensuales o trimestrales, desagregar los
resultados por área geográfica y nivel de ingreso, y estimar los rezagos mediante los
cuales las tasas de interés o la liquidez afectan el poder adquisitivo. También convendría
examinar separadamente los choques de alimentos, energía y combustibles, sin
atribuirles efectos causales antes de aplicar diseños econométricos adecuados. De este
modo, la investigación contribuye a cerrar la brecha entre el análisis monetario y la
evaluación distributiva del bienestar en América Latina.
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