los productores había concluido la educación primaria, el 19,7 % alcanzó la secundaria,
el 11,8 % registró educación superior y el 1,1 % cursó estudios de posgrado. En
contraste, el 13,1 % no disponía de instrucción formal. Al agrupar las categorías, el 67,4
% se concentró entre la educación primaria y la ausencia de escolaridad, mientras que
el 32,6 % alcanzó niveles secundarios, superiores o de posgrado. La diferencia entre
ambos grupos fue de 34,8 puntos porcentuales, lo que evidenció una estructura
formativa predominantemente básica entre las personas vinculadas con la producción
agropecuaria ecuatoriana (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2025a).
El perfil etario amplió la caracterización de las capacidades educativas y tecnológicas,
debido a que el 32,0 % de las personas productoras tenía 65 años o más y el 23,2 % se
encontraba entre 55 y 64 años. En conjunto, el 55,2 % tenía al menos 55 años, condición
que coincidió con un entorno rural marcado por diferencias persistentes de acceso
digital. Durante 2024, el uso de internet alcanzó el 59,8 % en el área rural y el 85,1 %
en la urbana, lo que representó una brecha de 25,3 puntos porcentuales. La
disponibilidad de teléfonos inteligentes llegó al 42,0 % entre la población rural, frente al
64,9 % urbano, con una diferencia de 22,9 puntos. Asimismo, el analfabetismo digital
rural se situó en el 14,1 %, mientras que en el área urbana fue del 1,9 %, por lo que el
valor rural resultó aproximadamente 7,4 veces superior (INEC, 2024; INEC, 2025a).
La evolución de los indicadores digitales mostró avances moderados, aunque
insuficientes para cerrar las diferencias territoriales observadas. Entre 2020 y 2024, el
uso rural de internet aumentó 2,9 puntos porcentuales, la disponibilidad de teléfonos
inteligentes creció 5,2 puntos y el analfabetismo digital disminuyó 2,7 puntos. Sin
embargo, estas mejoras coexistieron con una cobertura limitada de capacitación y
asistencia técnica en las unidades agroproductivas. Solo el 12,5 % de las actividades
agrícolas recibió capacitación o asistencia, mientras que el 87,5 % no accedió a estos
servicios. En la actividad pecuaria, la cobertura fue todavía menor, pues únicamente el
7,3 % recibió acompañamiento técnico y el 92,7 % permaneció fuera de estos procesos
formativos (INEC, 2024; INEC, 2025b).
La distribución institucional de la capacitación agrícola mostró que las casas comerciales
atendieron al 32,0 % de las unidades capacitadas y el Ministerio de Agricultura y
Ganadería al 29,5 %, por lo que ambos proveedores concentraron el 61,5 % de la oferta
registrada. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales o municipales
participaron con el 10,8 %, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias con
el 3,1 % y las organizaciones no gubernamentales con el 2,6 %. Entre las unidades que
no recibieron capacitación, únicamente el 11,4 % manifestó conocer servicios
disponibles en su zona, mientras que el 88,6 % indicó desconocerlos. Las razones más
frecuentes de no participación fueron la percepción de que la capacitación no era
necesaria, con el 38,6 %; la lejanía de las sedes, con el 19,5 %; la indisponibilidad de
técnicos, con el 15,3 %; y el costo del servicio, con el 15,2 % (INEC, 2025b).
La evidencia empírica localizada en la provincia del Guayas complementó los
indicadores nacionales mediante 232 cuestionarios válidos de 250 aplicados,
equivalentes a una tasa de respuesta del 92,8 %. En esa muestra, el 39,2 % de los
agricultores había completado la educación secundaria, el 13,8 % contaba con
educación superior y el 55,6 % disponía de acceso a internet en sus unidades
productivas. El modelo estadístico registró una relación positiva entre capacitación
técnica y adopción de tecnologías de internet de las cosas, con un coeficiente