Revista de Investigación y Liderazgo Vol. 02 (Num. 02)(Abril – Junio 2025) ISSN 3151-8532
Investigación, pensamiento crítico y desarrollo social
Recibido: 19/04/2025 Aceptado: 17/05/2025 Publicado: 16/06/2025
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DOI: https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n2/36
Políticas, financiamiento y desafíos regulatorios en la
transición hacia energías limpias en América Latina.
Policies, financing, and regulatory challenges in the transition to clean
energy in latin America.
Guerrero-Calero, Juan Manuel
1
1
Universidad Estatal del Sur de Manabí; Ecuador; https://orcid.org/0000-0002-1356-0475;
juan.guerrero@unesum.edu.ec.
Cita: Guerrero-Calero, J. M. (2025). Políticas, financiamiento y desafíos regulatorios en la
transición hacia energías limpias en América Latina. Revista De Investigación Y Liderazgo, 2(2),
61-77. https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n2/36
Resumen
América Latina presentó una elevada participación de electricidad renovable, aunque persistieron brechas
de inversión, heterogeneidad regulatoria y limitada diversificación tecnológica, especialmente en Ecuador.
El estudio analizó cómo las políticas públicas, el financiamiento y la calidad regulatoria condicionaron la
transición hacia energías limpias en la región, con énfasis en el caso ecuatoriano. Se aplicó un enfoque
cualitativo, documental, no experimental, transversal y exploratorio, mediante análisis temático de políticas,
normas, planes, instrumentos financieros e informes técnicos publicados principalmente entre 2021 y 2025.
Los resultados mostraron una expansión desigual de los instrumentos energéticos, una inversión limpia
regional cercana a USD 70.000 millones frente a requerimientos superiores a USD 200.000 millones
anuales hacia 2035, y un crecimiento renovable ecuatoriano de 3,45 % entre 2020 y 2024, inferior al 34,30
% sudamericano. La discusión evidenció que las metas climáticas y los bonos sostenibles avanzaron más
rápido que la eficiencia energética, la planificación de redes y la certidumbre regulatoria. Se concluyó que
una transición sostenible requirió articular coherencia política, financiamiento accesible, estabilidad
institucional y diversificación tecnológica.
Palabras clave: transición energética; energías limpias; financiamiento sostenible; regulación energética;
América Latina.
Abstract
Latin America had a high share of renewable electricity, although investment gaps, regulatory heterogeneity,
and limited technological diversification persisted, particularly in Ecuador. The study analyzed how public
policies, financing, and regulatory quality shaped the transition to clean energy in the region, with an
emphasis on the case of Ecuador. A qualitative, documentary, non-experimental, cross-sectional, and
exploratory approach was applied, using thematic analysis of policies, regulations, plans, financial
instruments, and technical reports published primarily between 2021 and 2025. The results showed an
uneven expansion of energy instruments, regional clean energy investment of nearly USD 70,000 million
compared to annual requirements exceeding USD 200,000 million by 2035, and Ecuadorian renewable
energy growth of 3.45% between 2020 and 2024 lower than the South American average of 34.30%. The
discussion highlighted that climate targets and sustainable bonds advanced more rapidly than energy
efficiency, grid planning, and regulatory certainty. It was concluded that a sustainable transition requires the
coordination of policy coherence, accessible financing, institutional stability, and technological
diversification.
Keywords: energy transition; clean energy; sustainable financing; energy regulation; Latin America.
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1. Introducción
América Latina y el Caribe ocupa una posición estratégica en la transición energética:
concentra cerca del 8 % de la población y el 7 % de la economía mundial, mientras las
fuentes renovables generan aproximadamente el 60 % de su electricidad, el doble del
promedio global. Esta ventaja regional, sustentada principalmente en la
hidroelectricidad, convive con marcadas diferencias nacionales en diversificación
tecnológica, capacidad institucional y acceso a capital. Ecuador refleja esa dualidad,
pues el Sistema Nacional Interconectado dispone de 6.857 MW de capacidad efectiva,
de los cuales el 74 % corresponde a hidroelectricidad, el 3 % a renovables no
hidroeléctricas y el 23 % a fuentes fósiles. La elevada concentración hidráulica reduce
emisiones, pero incrementa la exposición ante sequías y variaciones hidrológicas. En
este contexto, la unidad de análisis comprende las políticas públicas, los instrumentos
de financiamiento y los marcos regulatorios que orientan las inversiones en energías
limpias en América Latina, con énfasis analítico en Ecuador (International Energy
Agency [IEA], 2023; Corporación Eléctrica del Ecuador [CELEC EP], 2024).
Esta matriz relativamente limpia no garantiza, por sí misma, una transición segura,
asequible y socialmente justa, porque las políticas vigentes conducen las emisiones
energéticas regionales desde aproximadamente 1.660 millones de toneladas de CO₂
hasta 1.850 millones en 2050, mientras el cumplimiento de los compromisos climáticos
las reduce por debajo de 800 millones. Para modificar esa trayectoria, la inversión anual
en energía limpia necesita duplicarse y alcanzar USD 150.000 millones en 2030, en un
escenario regional donde la brecha de inversión verde equivale al 7 %–11 % del
producto interno bruto anual hasta 2050. Aunque los bonos verdes, sociales, sostenibles
y vinculados a sostenibilidad acumulan USD 131.000 millones durante la última década,
el sector energético recibe apenas el 7,5 % de las emisiones internacionales de estos
instrumentos. La insuficiencia financiera y regulatoria prolonga la dependencia fósil,
debilita la seguridad eléctrica y profundiza desigualdades que todavía dejan a 17
millones de personas sin electricidad y a 74 millones sin acceso a cocción limpia (IEA,
2023; Martínez et al., 2025; Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos [OCDE], 2024).
El conocimiento disponible aporta explicaciones relevantes, aunque permanece
fragmentado entre dimensiones tecnológicas, económicas, jurídicas y sociales. Benfica
y Marques (2024) evalúan el desempeño de la transición latinoamericana entre 2015 y
2020 y encuentran variaciones sustanciales asociadas con el desarrollo financiero y la
innovación, mientras Stringer y Ramírez-Melgarejo (2024) estiman que la
descarbonización eléctrica en 10 países genera ahorros cercanos a USD 21.000
millones anuales, pero advierten que la eficacia de las políticas cambia según las
condiciones geográficas y económicas. McCauley et al. (2023) comparan compromisos
de transición justa mediante ocho fuentes internacionales, en tanto Skewes et al. (2025)
examinan cuatro ámbitos regulatorios en el caso chileno. Tomados en conjunto, estos
estudios permiten inferir una brecha: falta relacionar estabilidad normativa, costos de
financiamiento, capacidad de las redes, instrumentos fiscales, participación social y
justicia distributiva dentro de un marco regional común que incorpore explícitamente la
experiencia ecuatoriana (Benfica & Marques, 2024; McCauley et al., 2023; Skewes et
al., 2025; Stringer & Ramírez-Melgarejo, 2024).
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La magnitud del esfuerzo requerido en Ecuador confirma la conveniencia de integrar las
tres dimensiones, dado que el país necesita invertir alrededor de USD 3.700 millones
anuales, equivalentes al 3,5 % del PIB, entre 2025 y 2050 para atender acciones de
mitigación y adaptación concentradas en energía, transporte y agricultura. El análisis
resulta viable mediante bases públicas y comparables producidas entre 2020 y 2025 por
organismos multilaterales, entidades reguladoras, empresas eléctricas y
administraciones nacionales, lo que permite examinar indicadores financieros,
normativos y energéticos sin recurrir a datos personales. Bajo estas condiciones, el
objetivo general consiste en analizar cómo las políticas, el financiamiento y la calidad
regulatoria condicionan la transición hacia energías limpias en América Latina, con
énfasis en Ecuador. De este propósito se derivan tres objetivos específicos: comparar
los principales instrumentos de política energética aplicados en la región; determinar las
barreras financieras y regulatorias que afectan la inversión; y relacionar la estabilidad
institucional con el despliegue de capacidad renovable. La transparencia de las fuentes,
la trazabilidad de los cálculos y el tratamiento responsable de información agregada
orientan las consideraciones éticas del estudio (World Bank Group, 2024; OCDE, 2024).
La contribución esperada reside en construir una interpretación comparativa que supera
los análisis aislados de tecnologías o legislaciones y articula una matriz de tres
dimensiones: coherencia política, movilización financiera y certidumbre regulatoria. Esta
perspectiva permite contrastar el 60 % de electricidad renovable regional con la
estructura ecuatoriana, donde la hidroelectricidad y otras renovables representan
alrededor del 77 % de la capacidad efectiva, e identificar por qué una matriz
aparentemente limpia continúa expuesta a riesgos climáticos, fiscales y operativos.
Asimismo, el estudio conecta la meta regional de USD 150.000 millones anuales en
inversión limpia para 2030 con las barreras que limitan la participación de capital
privado, como la inestabilidad regulatoria, los costos de financiamiento y la limitada
profundidad crediticia. Su originalidad se sustenta en incorporar a Ecuador como caso
focal dentro de una comparación latinoamericana, en lugar de tratarlo como una
experiencia aislada. Con ello, la investigación ofrece evidencia útil para diseñar
incentivos, taxonomías, mecanismos de financiamiento mixto y reglas de inversión que
concilien descarbonización, seguridad energética y equidad social (IEA, 2023; Martínez
et al., 2025; Benfica & Marques, 2024).
2. Materiales y Métodos
La complejidad institucional y financiera de la transición energética se examinó mediante
una estrategia cualitativa orientada a interpretar cómo los marcos políticos y regulatorios
configuraron incentivos, restricciones y oportunidades para la inversión en energías
limpias. Esta elección permitió estudiar significados normativos, relaciones entre actores
y criterios de decisión que no podían reducirse a indicadores exclusivamente
cuantitativos. El razonamiento inductivo se empleó para construir categorías a partir de
los documentos, mientras que el abordaje analítico facilitó descomponer el fenómeno
en política pública, financiamiento, regulación, infraestructura y justicia energética.
Ecuador constituyó el caso focal y América Latina proporcionó el marco de contraste
regional. La investigación documental resultó pertinente porque posibilitó examinar
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textos institucionales preexistentes con criterios explícitos de selección, interpretación y
trazabilidad (Morgan, 2022; Braun & Clarke, 2022).
La observación del fenómeno se desarrolló sin manipular variables, introducir
tratamientos ni modificar las decisiones de los organismos analizados, por lo que se
adoptó un diseño no experimental. El corte transversal se estableció al 31 de diciembre
de 2025 y reunió información producida principalmente entre enero de 2021 y esa fecha,
aunque se conservaron normas anteriores cuando permanecían vigentes o incidían en
la regulación del periodo. El alcance fue exploratorio, pues se procuró reconocer
patrones, tensiones y relaciones plausibles entre estabilidad normativa, acceso al
financiamiento y despliegue de energías limpias, sin atribuir causalidad estadística ni
generalizar resultados mediante inferencia probabilística. Esta delimitación fue
coherente con la heterogeneidad de los sistemas eléctricos, financieros y jurídicos
latinoamericanos descrita en evaluaciones regionales recientes (International Energy
Agency [IEA], 2023; World Bank Group, 2024).
La unidad de análisis quedó constituida por políticas energéticas y climáticas, leyes,
reglamentos, planes nacionales, instrumentos de financiamiento sostenible,
documentos de planificación eléctrica e informes técnicos referidos a Ecuador y a
experiencias comparables de América Latina. La localización documental se efectuó en
Scopus, Web of Science y SciELO, además de repositorios de la IEA, IRENA, CEPAL,
OCDE, Banco Mundial y entidades ecuatorianas competentes. Se emplearon
combinaciones en español e inglés de los términos “transición energética”, “energías
limpias”, “política pública”, “regulación”, “financiamiento climático”, “bonos verdes”,
“Ecuador” y “América Latina”. La consulta de fuentes multilaterales permitió incorporar
información comparable sobre inversión, instrumentos financieros y condiciones
regulatorias, mientras los documentos nacionales aportaron especificidad institucional
al caso ecuatoriano (IRENA & CPI, 2023; OCDE, 2024; CELEC EP, 2023).
La selección se realizó mediante muestreo documental intencional y no mediante una
fórmula para poblaciones finitas, debido a que la población analítica estuvo formada por
textos pertinentes y no por personas o unidades susceptibles de selección probabilística.
Se incluyeron documentos con autoría identificable, fecha de publicación, procedencia
institucional verificable, acceso al texto completo y contenido sustantivo sobre políticas,
inversión, regulación o implementación de energías limpias. Se excluyeron duplicados,
noticias sin respaldo documental, materiales promocionales, textos sin fecha o autoría,
versiones preliminares reemplazadas y estudios centrados en regiones ajenas a
América Latina. La incorporación de documentos continuó hasta alcanzar suficiencia
temática, entendida como el punto en que nuevas fuentes no añadieron categorías
relevantes para responder los objetivos. Esta estrategia favoreció la coherencia entre la
pregunta investigativa, la naturaleza del corpus y el procedimiento de interpretación
cualitativa (Morgan, 2022; Braun & Clarke, 2022).
El procesamiento se organizó mediante una matriz de extracción que registró año, país,
organismo emisor, instrumento político, fuente de financiamiento, mecanismo
regulatorio, tecnología energética, barreras de implementación y resultados informados.
A partir de una lectura inicial se asignaron códigos descriptivos y analíticos, los cuales
se agruparon progresivamente en categorías vinculadas con coherencia de políticas,
seguridad jurídica, riesgo financiero, acceso a capital, planificación de redes, permisos,
incentivos y salvaguardias socioambientales. Posteriormente se aplicó un análisis
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temático reflexivo compuesto por familiarización con el corpus, codificación,
construcción de temas, revisión de relaciones, definición conceptual e integración
narrativa. El procedimiento mantuvo flexibilidad inductiva, pero conservó un libro de
códigos y un registro de decisiones para evitar agrupaciones arbitrarias y preservar la
conexión entre interpretación y evidencia documental (Saldaña, 2021; Byrne, 2022).
La comparación se efectuó en dos niveles complementarios: primero se examinó la
articulación interna entre política, regulación y financiamiento en Ecuador y, después,
se contrastaron sus patrones con experiencias latinoamericanas documentadas. La
credibilidad analítica se fortaleció mediante triangulación entre artículos científicos,
normas nacionales e informes multilaterales, revisión de casos contradictorios y
comprobación reiterada de cada inferencia frente al texto original. También se
distinguieron los compromisos normativos de los resultados efectivamente
comunicados, con el propósito de no equiparar metas gubernamentales con impactos
demostrados. La coherencia metodológica se sostuvo al evitar frecuencias
descontextualizadas y utilizar los temas como construcciones interpretativas vinculadas
con los objetivos del estudio. Estas decisiones respondieron a recomendaciones
recientes para desarrollar y comunicar análisis temáticos reflexivos con transparencia
epistemológica y procedimental (Braun & Clarke, 2023; Byrne, 2022).
El protocolo no contempló interacción con personas, aplicación de encuestas ni
tratamiento de datos personales sensibles, porque toda la evidencia procedió de
documentos académicos o institucionales de acceso público. Aun así, se respetaron la
autoría, la integridad de las citas, la identificación de versiones documentales y la
presentación equilibrada de evidencias favorables y críticas. Las principales limitaciones
estuvieron asociadas con diferencias nacionales en transparencia, actualización
estadística, terminología regulatoria y disponibilidad de información financiera
desagregada. Por esta razón, los hallazgos se interpretaron como patrones
exploratorios dependientes del contexto y no como relaciones causales universales. El
énfasis otorgado a Ecuador también exigió considerar su dependencia fiscal del
petróleo, su estructura hidroeléctrica y sus restricciones institucionales al comparar el
caso con otros países latinoamericanos (World Bank Group, 2024; OCDE, 2024).
3. Resultados
Instrumentos de política energética para la transición limpia en América Latina
El análisis tuvo como propósito identificar la cobertura, orientación y grado de
implementación de los principales instrumentos utilizados para impulsar las energías
limpias en América Latina. La codificación documental agrupó las medidas en cuatro
categorías: compromisos climáticos de largo plazo, mecanismos de promoción de
generación renovable, regulaciones de eficiencia energética e instrumentos de
financiamiento sostenible. Los datos se registraron mediante cantidades de países,
participaciones porcentuales, capacidad energética incorporada y valores financieros
anunciados o emitidos. Los resultados se presentaron de manera descriptiva, debido a
la heterogeneidad temporal y normativa de los documentos nacionales examinados. Por
esta razón, no se calcularon medias, desviaciones estándar, intervalos de confianza ni
valores p, puesto que las unidades analizadas no constituyeron observaciones
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estadísticas equivalentes ni una muestra probabilística (Barragán-Ocaña et al., 2025;
International Energy Agency [IEA], 2023).
La revisión regional mostró que 16 países habían formalizado compromisos de
emisiones netas cero, los cuales concentraban aproximadamente el 60 % de las
emisiones de CO₂ relacionadas con la energía y cerca de dos tercios (66,7 %) del
producto interno bruto regional. Bajo las políticas vigentes, las fuentes renovables
representaban poco más del 60 % de la generación eléctrica, con una participación
hidroeléctrica del 45 % y un aporte conjunto de energía solar y eólica del 11 %. Las
proyecciones asociadas con esos instrumentos elevaron la electricidad renovable hasta
aproximadamente el 66,7 % en 2030 y el 80 % en 2050. Cuando se incorporaron
íntegramente las metas y compromisos anunciados, la participación superó el 70 % en
2030 y el 90 % en 2050. La diferencia entre ambos escenarios alcanzó más de tres
puntos porcentuales en 2030 y más de diez puntos en 2050, reflejando la distancia
cuantitativa entre las políticas operativas y los compromisos declarados (IEA, 2023).
Figura 1
Panorama de sostenibilidad regional
Nota: Autores (2025)
La representación visual mostró una difusión desigual entre las categorías de política
examinadas. Los compromisos nacionales y las medidas dirigidas a la generación
renovable presentaron una cobertura mayor que las regulaciones orientadas a reducir
el consumo energético, pues menos de un tercio de los países había establecido
estándares mínimos de desempeño para motores industriales o electrodomésticos. En
el componente financiero, la participación de los bonos verdes, sociales, sostenibles y
vinculados a la sostenibilidad pasó del 9,3 % de las emisiones totales de bonos en 2020
a casi el 35 % en 2023, equivalente a un aumento aproximado de 25,7 puntos
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porcentuales. Dentro de la emisión soberana, estos instrumentos aumentaron del 36 %
en 2022 al 50 % en 2023, con una variación de 14 puntos porcentuales. El patrón
regional se caracterizó, por tanto, por un crecimiento más acelerado de las metas
climáticas y los instrumentos financieros que de los estándares obligatorios de eficiencia
energética (IEA, 2023; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
[OCDE], 2024).
El caso ecuatoriano reprodujo esta combinación de planificación, regulación técnica y
apertura a la inversión. Durante 2024 se identificaron tres instrumentos específicos para
la generación distribuida: las regulaciones ARCONEL-005/24, ARCONEL-006/24 y
ARCONEL-010/24, aplicables respectivamente al autoabastecimiento de consumidores
regulados, a las empresas generadoras y a los consumidores no regulados. La
aplicación de la regulación dirigida a consumidores regulados permitió incorporar 54,78
MW de energía solar fotovoltaica y habilitar a 1.247 usuarios, mientras las normas
expedidas durante ese año facilitaron un total de 459,34 MW, de los cuales 404,56 MW
correspondieron a generación de emergencia. Paralelamente, la actualización del Plan
Maestro de Electricidad había previsto atraer cerca de USD 2.200 millones de capital
privado e incorporar aproximadamente 1.440 MW de energías renovables no
convencionales hasta 2031. El hallazgo central fue la coexistencia de una elevada
participación renovable regional con una estructura de políticas heterogénea, en la cual
la expansión de metas, generación distribuida y finanzas sostenibles avanzó más que
la cobertura de normas obligatorias de eficiencia energética (Agencia de Regulación y
Control de Electricidad [ARCONEL], 2025; Corporación Eléctrica del Ecuador [CELEC
EP], 2021).
Barreras financieras y regulatorias para la inversión en energías limpias
El análisis examinó la magnitud y estructura de las restricciones que afectaron la
movilización de capital hacia proyectos de energías limpias en América Latina y el
Caribe. La codificación documental identificó cuatro grupos de barreras: insuficiencia de
inversión, elevado costo de capital, limitada disponibilidad de financiamiento de largo
plazo y persistencia de riesgos regulatorios, políticos, cambiarios y soberanos. Los
resultados se organizaron mediante montos anuales, porcentajes de participación,
variaciones intertemporales y relaciones entre inversión energética y necesidades
proyectadas. Debido al carácter agregado, documental y no probabilístico de los datos,
no se calcularon medias, desviaciones estándar, intervalos de confianza ni valores p.
Por consiguiente, las cifras representaron tendencias regionales y contrastes
descriptivos, sin establecer asociaciones causales o significancias estadísticas
(International Energy Agency [IEA] & Latin American Energy Organization [OLADE],
2025; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2024).
La inversión regional en energías limpias alcanzó aproximadamente USD 70.000
millones en 2025, cifra que representó un incremento cercano al 25 % respecto de 2015.
Sin embargo, la inversión energética total ascendió a USD 160.000 millones, de modo
que los recursos destinados a tecnologías limpias equivalieron al 43,8 % del total,
mientras las fuentes fósiles conservaron una participación superior al 55 %. La inversión
energética agregada se mantuvo, además, alrededor de un 7 % por debajo del nivel
registrado una década antes. En el ámbito internacional, América Latina captó
únicamente el 5 % de la inversión privada mundial en energía limpia, frente al 8 %
correspondiente a inversiones privadas en combustibles fósiles. La Tabla 1 sintetizó
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estos resultados junto con los requerimientos financieros y las brechas regulatorias más
relevantes identificadas en el corpus documental (IEA & OLADE, 2025)
Tabla 2
Indicadores financieros y regulatorios asociados con la inversión en energías limpias en
América Latina y el Caribe
Indicador
Periodo o
referencia
Resultado
observado
Variación o brecha calculada
Inversión anual en energías limpias
2025
USD 70.000 millones
+25 % frente a 2015
Inversión energética total
2025
USD 160.000
millones
−7 % frente a 2015
Participación limpia en la inversión
energética total
2025
43,8 %
11,2 puntos por debajo de la
participación fósil mínima
Participación regional en la inversión
privada mundial limpia
2025
5 %
3 puntos por debajo de la
participación regional en
inversión fósil
Inversión limpia requerida según
compromisos anunciados
2035
Más de USD 200.000
millones anuales
Brecha superior a USD 130.000
millones respecto de 2025
Inversión en redes y almacenamiento
por cada dólar destinado a generación
Actualidad–
2035
Menos de USD 0,50
→ USD 0,85
Aumento mínimo de USD 0,35
por dólar
Bonos GSSS sobre las emisiones
totales de bonos
2020–2023
9,3 % → casi 35 %
+25,7 puntos porcentuales
Bonos GSSS sobre la emisión
soberana
2022–2023
36 % → 50 %
+14 puntos porcentuales
Necesidad regional para cumplir las
contribuciones climáticas
2023–2030
USD 2,1–2,8 billones
acumulados
3,7 %–4,9 % del PIB regional
anual
Brecha amplia de inversión para la
transición verde
Hasta 2050
7 %–11 % del PIB
anual
Amplitud de 4 puntos
porcentuales
Nota: GSSS = bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad. Las participaciones y
variaciones fueron calculadas a partir de cifras publicadas por la IEA y OLADE, la OCDE y la CEPAL; los
valores expresados como “más de” o “casi” conservaron el nivel de precisión de las fuentes originales (IEA
& OLADE, 2025; Martínez et al., 2025; OCDE, 2024).
Los requerimientos proyectados profundizaron la diferencia entre el flujo observado y el
capital necesario para cumplir los compromisos energéticos. Frente a los USD 70.000
millones invertidos en 2025, el escenario de compromisos anunciados requirió más de
USD 200.000 millones anuales en 2035, lo que implicó una brecha mínima de USD
130.000 millones y un aumento superior al 185,7 %. La infraestructura de soporte
también registró un desfase: por cada dólar invertido en nueva generación se destinaron
menos de USD 0,50 a redes y almacenamiento, relación que necesitó aproximarse a
USD 0,85 hacia 2035. Paralelamente, los costos de financiamiento de proyectos
renovables y de baterías en Brasil y México fueron entre dos y tres veces superiores a
los observados en economías avanzadas. Aunque cerca de la mitad del capital invertido
en energía limpia procedió del exterior, los riesgos regulatorios, políticos, cambiarios,
soberanos y de bancabilidad permanecieron entre los factores más señalados por
inversionistas y financiadores (IEA & OLADE, 2025).
El mercado de financiamiento sostenible mostró una expansión significativa, pero no
eliminó las restricciones regulatorias asociadas con su supervisión. La participación de
los bonos GSSS en la emisión total aumentó del 9,3 % en 2020 a casi el 35 % en 2023,
equivalente a 25,7 puntos porcentuales y a un volumen relativo 3,76 veces mayor. Entre
las emisiones soberanas, la proporción avanzó del 36 % en 2022 al 50 % en 2023, con
una variación de 14 puntos porcentuales y un crecimiento relativo del 38,9 %. A pesar
de esta expansión, el análisis documental registró deficiencias en las evaluaciones
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anteriores y posteriores a la emisión, diferencias entre taxonomías nacionales y limitada
interoperabilidad de los marcos de finanzas sostenibles. Estas restricciones coincidieron
con necesidades acumuladas de USD 2,1–2,8 billones para cumplir las contribuciones
climáticas entre 2023 y 2030, equivalentes al 3,7 %–4,9 % del PIB regional por año
(Martínez et al., 2025; OCDE, 2024).
La síntesis de los hallazgos mostró que la principal barrera no fue la ausencia de
instrumentos financieros, sino la diferencia entre su crecimiento y la escala del capital
requerido. Los USD 70.000 millones registrados en inversión limpia representaron
menos de la mitad del gasto energético regional y aproximadamente un tercio del nivel
anual superior a USD 200.000 millones proyectado para 2035. A esta insuficiencia se
añadieron costos de capital entre dos y tres veces mayores, baja participación en los
flujos privados mundiales y marcos regulatorios con niveles desiguales de estabilidad,
supervisión y armonización. En el caso ecuatoriano, este patrón regional coincidió con
una situación fiscal restrictiva, dependencia económica de los ingresos petroleros y
necesidades de fortalecimiento institucional para movilizar inversión pública y privada.
El hallazgo central quedó definido por la coexistencia de un mercado financiero
sostenible en expansión con restricciones estructurales que limitaron su conversión en
proyectos energéticos financiables y ejecutables (IEA & OLADE, 2025; World Bank
Group, 2024).
Estabilidad institucional y despliegue de capacidad renovable: Ecuador en el
contexto regional
El análisis examinó la evolución de la capacidad renovable y su correspondencia
temporal con la continuidad de los instrumentos de planificación, regulación y
control del sector eléctrico. La estabilidad institucional se observó mediante la
permanencia de planes energéticos, la operación del organismo regulador y la
expedición de normas que habilitaron nueva generación durante 2024. Los
indicadores comprendieron capacidad instalada, variación absoluta y relativa,
participación regional, composición tecnológica y potencia incorporada mediante
disposiciones regulatorias. Ecuador se contrastó con el agregado sudamericano
y con Brasil, Chile, Colombia y Perú, debido a la disponibilidad de series
homogéneas entre 2020 y 2024. No se calcularon medias, desviaciones
estándar, intervalos de confianza ni valores p, porque los registros representaron
censos nacionales agregados y no una muestra probabilística de proyectos o
instituciones (International Renewable Energy Agency [IRENA], 2025; Agencia
de Regulación y Control de Electricidad [ARCONEL], 2025).
La capacidad renovable de Sudamérica aumentó de 233.174 MW en 2020 a
313.162 MW en 2024, lo que representó una incorporación acumulada de 79.988
MW y un crecimiento del 34,30 %. Entre 2023 y 2024, la región añadió 22.526
MW y registró una expansión anual del 7,75 %. Brasil pasó de 194.456 a 213.857
MW, con un incremento del 9,98 %, mientras Chile avanzó de 21.556 a 23.975
MW, equivalente al 11,22 %. Colombia creció de 14.360 a 15.039 MW (4,73 %)
y Perú de 7.187 a 7.404 MW (3,02 %) durante el mismo periodo. Ecuador
aumentó de 5.448 a 5.481 MW, de modo que incorporó 33 MW, registró una
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variación del 0,61 % y concentró el 1,75 % de la capacidad renovable
sudamericana en 2024 (IRENA, 2025).
La trayectoria ecuatoriana entre 2020 y 2024 mostró un incremento de 5.298 a
5.481 MW, correspondiente a 183 MW adicionales y una variación acumulada
del 3,45 %, frente al 34,30 % observado en Sudamérica. La estructura del
Sistema Nacional Interconectado registró 6.857 MW de capacidad efectiva,
distribuidos en un 74 % de generación hidroeléctrica, un 3 % de renovables no
hidroeléctricas y un 23 % de generación con combustibles fósiles. Esta
composición situó aproximadamente tres cuartas partes de la capacidad efectiva
en una sola tecnología renovable, mientras la energía solar, eólica y otras
fuentes no convencionales mantuvieron una participación conjunta reducida. Los
registros de IRENA contabilizaron, específicamente, 71 MW de energía eólica,
32 MW de energía solar y 155 MW de bioenergía en 2024. En términos
descriptivos, el aumento nacional se produjo con una diversificación tecnológica
menor que la observada en los países sudamericanos con mayores tasas de
expansión anual (Corporación Eléctrica del Ecuador [CELEC EP], 2024; IRENA,
2025).
La dimensión institucional presentó una reorganización durante 2024, dado que
ARCONEL desarrolló sus funciones entre agosto y diciembre después de la
escisión de la anterior agencia integrada de energía y recursos naturales no
renovables. En ese periodo, las regulaciones ARCONEL-003/24 y ARCONEL-
005/24 habilitaron la incorporación de 459,34 MW al sistema eléctrico nacional.
De ese total, 404,56 MW correspondieron a generación de emergencia —88,07
%— y permitieron calificar a 336 usuarios, mientras 54,78 MW provinieron de
generación solar fotovoltaica distribuida para autoabastecimiento —11,93 %— y
habilitaron a 1.247 usuarios. La capacidad renovable incorporada mediante
generación distribuida representó el 16,6 % del aumento sudamericano
registrado por Ecuador entre 2023 y 2024 si se consideraron las diferencias
metodológicas y temporales de ambas fuentes. Los resultados mostraron que la
actividad regulatoria se concentró principalmente en atender el déficit inmediato
de generación, aunque también produjo una ampliación verificable de la
capacidad solar descentralizada (ARCONEL, 2025).
El contraste final mostró que el crecimiento renovable ecuatoriano de 0,61 % en
2024 se situó 7,14 puntos porcentuales por debajo del promedio sudamericano,
10,62 puntos por debajo de Chile y 9,37 puntos por debajo de Brasil. La
diferencia también alcanzó 4,12 puntos frente a Colombia y 2,41 puntos frente a
Perú, mientras la capacidad nacional permaneció concentrada en generación
hidroeléctrica. Paralelamente, la reorganización del organismo regulador
coincidió con una producción normativa que facilitó nueva capacidad, aunque el
88,07 % del volumen habilitado se destinó a generación de emergencia y el 11,93
% a energía solar distribuida. El hallazgo central quedó definido por una
expansión renovable positiva pero comparativamente lenta, acompañada de una
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elevada concentración hidroeléctrica y de una implementación regulatoria
orientada mayoritariamente a resolver restricciones operativas de corto plazo.
Por tanto, los datos registraron una brecha entre la continuidad de la base
renovable ecuatoriana y el ritmo de diversificación alcanzado por los mercados
regionales con mayor despliegue solar y eólico (IRENA, 2025; ARCONEL, 2025).
4. Discusión
El estudio analiza cómo las políticas públicas, el financiamiento y la calidad regulatoria
condicionan la transición hacia energías limpias en América Latina, con énfasis en
Ecuador, y los hallazgos sugieren que estas dimensiones operan de manera
interdependiente. La elevada participación renovable regional no se traduce
automáticamente en diversificación tecnológica, seguridad energética ni capacidad
sostenida para atraer inversión. La distancia entre las políticas vigentes y los
compromisos anunciados, superior a diez puntos porcentuales en la participación
renovable proyectada para 2050, evidencia una brecha entre formulación e
implementación. Asimismo, los USD 70.000 millones destinados a energías limpias
representan menos de la mitad de la inversión energética regional y permanecen
alejados de los más de USD 200.000 millones anuales requeridos hacia 2035. Estos
resultados parecen indicar que el problema central no reside únicamente en ampliar las
metas, sino en articularlas con reglas estables, redes suficientes y mecanismos
financieros capaces de convertirlas en proyectos ejecutables (IEA, 2023; IEA & OLADE,
2025).
Esta interpretación converge con Benfica y Marques (2024), quienes relacionan el
avance de la transición latinoamericana con el desarrollo financiero y la innovación, y
con Barragán-Ocaña et al. (2025), quienes identifican la coherencia de las políticas
como una condición necesaria para sostener la transformación energética. También
coincide con Stringer y Ramírez-Melgarejo (2024), dado que los beneficios económicos
estimados de la descarbonización dependen de condiciones institucionales, geográficas
y productivas diferenciadas entre países. Sin embargo, la expansión de los bonos
verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad —del 9,3 % a casi el 35 %
de las emisiones entre 2020 y 2023— no se acompaña de una reducción proporcional
de las barreras de bancabilidad, supervisión e interoperabilidad regulatoria. Esta
divergencia sugiere que el crecimiento del mercado financiero sostenible constituye una
condición favorable, aunque insuficiente cuando persisten costos de capital entre dos y
tres veces superiores a los de las economías avanzadas. De forma consistente, la
evidencia sobre transición justa indica que la movilización de recursos requiere integrar
capacidades institucionales, distribución de beneficios y participación social,
dimensiones que todavía muestran grados desiguales de incorporación en los
compromisos nacionales (McCauley et al., 2023; OCDE, 2024).
El caso ecuatoriano refuerza esta lectura porque combina una matriz con
aproximadamente el 77 % de capacidad efectiva renovable con un crecimiento
comparativamente lento y una fuerte concentración hidroeléctrica. Mientras Sudamérica
incrementa su capacidad renovable en 34,30 % entre 2020 y 2024, Ecuador registra una
expansión acumulada de 3,45 %, lo que parece reflejar una menor diversificación hacia
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fuentes solares y eólicas. La reorganización institucional y las regulaciones emitidas en
2024 habilitan 459,34 MW, aunque el 88,07 % corresponde a generación de emergencia
y solo el 11,93 % a energía solar distribuida, por lo que el efecto regulatorio se orienta
principalmente a responder restricciones operativas inmediatas. Este patrón guarda
relación con los desafíos observados por Skewes et al. (2025) en Chile, donde la
evolución normativa exige coordinar expansión renovable, redes, permisos y certeza
jurídica. En términos prácticos, los hallazgos respaldan la necesidad de evaluar las
políticas no solo por su existencia formal, sino por su capacidad para movilizar inversión,
diversificar tecnologías y sostener resultados verificables, especialmente cuando
Ecuador requiere alrededor de USD 3.700 millones anuales para acciones climáticas
hasta 2050 (ARCONEL, 2025; IRENA, 2025; World Bank Group, 2024).
La interpretación debe realizarse con cautela porque el diseño documental, transversal
y exploratorio no permite establecer relaciones causales entre estabilidad institucional,
inversión y crecimiento de la capacidad renovable. Las diferencias entre países en
actualización estadística, definiciones regulatorias, transparencia fiscal y desagregación
financiera limitan la comparabilidad, mientras el énfasis en Ecuador reduce la posibilidad
de generalizar sus patrones a todos los sistemas latinoamericanos. Futuras
investigaciones podrían construir series longitudinales sobre cambios regulatorios,
costos de capital, plazos de autorización y ejecución de proyectos, además de comparar
mediante estudios de caso los resultados de subastas, generación distribuida y
financiamiento mixto. También sería pertinente incorporar las perspectivas de
inversionistas, reguladores, comunidades y operadores para examinar cómo la
estabilidad normativa se relaciona con la percepción de riesgo y la justicia distributiva.
A pesar de estas restricciones, el estudio aporta un marco integrado que conecta
coherencia política, movilización financiera y certidumbre regulatoria, con lo cual atiende
la fragmentación identificada en la literatura y muestra que una matriz eléctricamente
limpia no equivale, por sí sola, a una transición diversificada, financiable y resiliente
(Martínez et al., 2025; McCauley et al., 2023; World Bank Group, 2024).
5. Conclusiones
Los resultados permiten concluir que la transición hacia energías limpias en América
Latina dependió de la articulación entre políticas coherentes, financiamiento suficiente y
marcos regulatorios previsibles. La elevada participación regional de electricidad
renovable no aseguró, por sí sola, una transformación diversificada, resiliente y capaz
de sostener nuevas inversiones. La diferencia entre los compromisos climáticos
anunciados y las medidas efectivamente implementadas mostró que la formulación de
metas avanzó con mayor rapidez que su ejecución. Asimismo, la inversión limpia
regional, situada alrededor de USD 70.000 millones, permaneció considerablemente por
debajo de los más de USD 200.000 millones anuales requeridos hacia 2035. En
consecuencia, el hallazgo principal indicó que la transición no estuvo limitada por la
ausencia de objetivos, sino por las dificultades para convertirlos en proyectos
financiables, regulados y operativamente viables.
Los objetivos específicos permitieron observar que los instrumentos de política
energética presentaron una expansión desigual entre los países y entre las distintas
dimensiones de intervención. Los compromisos de descarbonización, la promoción de
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generación renovable y los bonos sostenibles mostraron mayor desarrollo que las
normas obligatorias de eficiencia energética, la planificación de redes y la armonización
de taxonomías financieras. Al mismo tiempo, los elevados costos de capital, los riesgos
cambiarios y regulatorios y la limitada disponibilidad de financiamiento de largo plazo
restringieron la movilización de recursos. En Ecuador, una capacidad efectiva renovable
cercana al 77 % coexistió con un crecimiento acumulado de apenas 3,45 % entre 2020
y 2024, frente al 34,30 % registrado en Sudamérica. En conjunto, estos hallazgos
evidenciaron que la estabilidad institucional y la diversificación tecnológica constituyeron
dimensiones complementarias para comprender el ritmo de la transición energética.
El principal aporte del estudio consistió en integrar dimensiones que con frecuencia se
examinaron de manera separada: coherencia política, movilización financiera y
certidumbre regulatoria. Esta perspectiva permitió distinguir entre la existencia formal de
metas e instrumentos y su capacidad efectiva para ampliar infraestructura, atraer capital
y diversificar la matriz energética. Para Ecuador, los resultados mostraron que el
predominio hidroeléctrico ofreció una base renovable relevante, aunque mantuvo
exposición a riesgos hidrológicos y una reducida participación de tecnologías solares y
eólicas. La incorporación regulatoria de 459,34 MW durante 2024 reflejó capacidad de
respuesta institucional, pero el predominio de generación de emergencia indicó una
orientación mayormente concentrada en necesidades operativas inmediatas. Así, el
estudio proporcionó un marco útil para evaluar la transición energética desde resultados
verificables y no únicamente desde compromisos programáticos.
A partir de estos resultados, resultó pertinente fortalecer la continuidad de los marcos
regulatorios, la planificación de redes y almacenamiento, la coordinación entre
organismos y la evaluación de los instrumentos de financiamiento sostenible. También
se consideró necesario ampliar los mecanismos de financiamiento mixto, reducir los
riesgos de bancabilidad y promover una mayor diversificación hacia fuentes renovables
no hidroeléctricas, sin desconocer las particularidades fiscales y sociales de cada país.
Las futuras investigaciones podrían desarrollar series longitudinales sobre reformas
regulatorias, costos de capital, tiempos de autorización y ejecución efectiva de
proyectos. De igual forma, sería conveniente incorporar las perspectivas de reguladores,
inversionistas, operadores y comunidades para examinar la relación entre seguridad
jurídica, percepción de riesgo y justicia distributiva. Dentro del alcance exploratorio del
estudio, la contribución central radicó en mostrar que una matriz con alta participación
renovable requiere instituciones estables, financiamiento accesible y regulación
coordinada para convertirse en una transición energética sostenible y resiliente.
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