Revista de Investigación y Liderazgo Vol. 02 (Num. 02)(Abril – Junio 2025) ISSN 3151-8532
Investigación, pensamiento crítico y desarrollo social
Recibido: 12/02/2025 Aceptado: 09/03/2025 Publicado: 10/04/2025
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1
DOI: https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n2/31
Tendencias recientes de la justicia ambiental y
conflictos socioecológicos en América Latina.
Recent trends in environmental justice and socio-ecological conflicts in
latin america.
Hidalgo-Zambrano, Katherin Clarita
1
; Zapata-Velasco, Mayra Lisette
2
.
1
Investigador Independiente; Ecuador; https://orcid.org/0009-0003-1132-190X: kateclarita@hotmail.com.
2
Universidad Estatal del Sur de Manabí; Ecuador; https://orcid.org/0000-0003-1578-3776;
mayra.zapata@unesum.edu.ec.
Cita: Hidalgo-Zambrano, . K. C., & Zapata-Velasco, M. L. (2025). Tendencias recientes de la
justicia ambiental y conflictos socioecológicos en América Latina. Revista De Investigación Y
Liderazgo, 2(2), 1-15. https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n2/31
Resumen
La expansión extractiva y la distribución desigual de sus beneficios y cargas han intensificado los conflictos
socioecológicos en América Latina, con afectaciones desproporcionadas sobre comunidades campesinas,
pueblos indígenas y personas defensoras del ambiente. El estudio tuvo como objetivo analizar las
tendencias recientes de la justicia ambiental durante 2020–2025, tomando a Ecuador como caso de
contraste regional. Se desarrolló una investigación cualitativa, documental, no experimental, transversal y
exploratoria, mediante revisión de literatura científica, registros de conflictos, informes institucionales y
resoluciones públicas. Los resultados mostraron que México, Brasil, Colombia y Perú concentraron el 70,2
% de los registros examinados, mientras minería, combustibles fósiles, biomasa, tierra y agua reunieron el
86,1 % de los conflictos andinos. Las afectaciones principales comprendieron deterioro de los medios de
vida, pérdida cultural y desposesión territorial; además, predominaron las peticiones, protestas y acciones
comunicacionales. La discusión evidenció una brecha entre participación formal, reconocimiento jurídico y
cumplimiento material, pese al respaldo obtenido en las consultas del Yasuní y Chocó Andino. Se concluyó
que la justicia ambiental efectiva requirió redistribución de cargas, reconocimiento de derechos colectivos,
protección de defensores y reparación verificable.
Palabras clave: justicia ambiental; conflictos socioecológicos; extractivismo; participación ciudadana;
América Latina.
Abstract
The expansion of extractive industries and the unequal distribution of their benefits and burdens have
intensified socio-ecological conflicts in Latin America, disproportionately affecting rural communities,
indigenous peoples, and environmental defenders. The study aimed to analyze recent trends in
environmental justice during 2020–2025, using Ecuador as a regional case study. A qualitative,
documentary, non-experimental, cross-sectional, and exploratory study was conducted through a review of
scientific literature, conflict records, institutional reports, and public resolutions. The results showed that
Mexico, Brazil, Colombia, and Peru accounted for 70.2% of the records examined, while mining, fossil fuels,
biomass, land, and water together accounted for 86.1% of Andean conflicts. The main impacts included the
deterioration of livelihoods, cultural loss, and territorial dispossession; furthermore, petitions, protests, and
communication campaigns predominated. The discussion highlighted a gap between formal participation,
legal recognition, and substantive compliance, despite the support obtained in the Yasuní and Chocó Andino
consultations. It was concluded that effective environmental justice requires the redistribution of burdens,
recognition of collective rights, protection of defenders, and verifiable reparations.
Keywords: environmental justice; socio-ecological conflicts; extractivism; citizen participation; Latin
America.
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1. Introducción
En América Latina, la justicia ambiental se configura como una disputa por la distribución
de los beneficios económicos y las cargas ecológicas, el reconocimiento de los pueblos
y el acceso efectivo a información, participación y reparación. La unidad de análisis
comprende los conflictos socioecológicos documentados entre 2020 y 2025 en minería,
hidrocarburos, agronegocio, infraestructura y transición energética, junto con las
comunidades afectadas y las respuestas institucionales, con Ecuador como caso focal.
El Environmental Justice Atlas supera los 3.600 casos mundiales registrados en 2022 y,
solo en Perú, identifica 97 conflictos, de los cuales 20 presentan resultados favorables
para la justicia ambiental, aunque el inventario permanece incompleto (Martínez-Alier et
al., 2022). Esta magnitud confirma que la conflictividad constituye un fenómeno territorial
y político persistente, no una suma de episodios aislados (Doussoulin & Mougenot,
2022).
La expansión de las fronteras extractivas intensifica estas disputas porque vincula
ingresos fiscales, exportaciones y empleo con contaminación hídrica, deforestación,
desplazamiento, pérdida de medios de vida y vulneraciones de derechos colectivos.
Para 2024, el valor de las exportaciones regionales de bienes registra un crecimiento
estimado del 4 %, mientras minería e hidrocarburos aumentan un 5 %, lo que evidencia
la continuidad de la dependencia económica de los recursos naturales (CEPAL, 2024).
Sin embargo, los beneficios se distribuyen de manera desigual y los costos recaen con
mayor frecuencia sobre pueblos indígenas, comunidades rurales y grupos de bajos
ingresos. La gravedad institucional se refleja en los 196 asesinatos de personas
defensoras registrados en 2023: América Latina concentra el 85 %, mientras el 43 % de
las víctimas pertenece a pueblos indígenas y el 12 % son mujeres (Global Witness,
2024). Ignorar estas tendencias amplía la degradación ambiental, la violencia territorial
y la desconfianza pública.
Aunque la producción científica aumenta, todavía presenta vacíos que limitan la
comprensión comparativa de la justicia ambiental. Una revisión regional identifica
únicamente 57 estudios sobre desigualdades ambientales urbanas y señala que más de
la mitad de los países latinoamericanos carece de investigaciones específicas; además,
predominan variables socioeconómicas, mientras raza, etnicidad y reconocimiento
cultural reciben menor atención (Fernández et al., 2023). De forma semejante, el análisis
de 13 conflictos asociados al litio y 41 vinculados con otros recursos revela
discrepancias entre datos de demanda, producción, precios, movilización y vulneración
de derechos, lo que dificulta establecer relaciones consistentes (Ciftci & Lemaire, 2023).
A ello se suma que la judicialización puede producir “justicia lenta”, invisibilizar daños
acumulativos y reducir el control comunitario sobre las demandas, incluso cuando
existen sentencias favorables (Conde et al., 2023).
El caso ecuatoriano expresa con especial claridad la tensión entre dependencia
económica, derechos de la naturaleza y participación ciudadana. Durante la última
década, el sector petrolero representa alrededor del 10 % del producto interno bruto, el
31 % de los ingresos fiscales y el 41 % de las exportaciones, mientras la pérdida de
bosques alcanza 2,4 millones de hectáreas entre 1990 y 2022 (Banco Mundial, 2024).
Frente a esta estructura, la consulta del Yasuní obtiene 5.541.585 votos favorables,
equivalentes al 58,95 %, y las cuatro preguntas sobre minería metálica en el Chocó
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Andino alcanzan entre 68,04 % y 68,51 % de respaldo (Consejo Nacional Electoral
[CNE], 2023a, 2023b). Estos registros, junto con bases académicas, informes públicos
y repositorios de conflictos, hacen viable un análisis documental sin recolectar datos
personales, manteniendo criterios éticos de precisión, contextualización y respeto a las
comunidades involucradas.
Sobre esta base, el estudio tiene como objetivo general analizar las tendencias recientes
de la justicia ambiental y los conflictos socioecológicos en América Latina durante el
periodo 2020–2025, tomando a Ecuador como nodo de contraste regional. Para
concretarlo, se propone describir los patrones observables según sector extractivo,
territorio, actores, afectaciones y formas de movilización, y comparar las respuestas
participativas, judiciales y gubernamentales con los resultados alcanzados en cada
conflicto. La contribución radica en integrar una serie de seis años, cinco sectores
conflictivos y cuatro dimensiones de justicia (distributiva, procedimental, de
reconocimiento y restaurativa) dentro de un marco común. Esta articulación amplía los
enfoques centrados únicamente en daños biofísicos o litigios, incorpora saberes y
capacidades comunitarias y permite valorar alternativas de reparación ecológica y
gobernanza energética con participación indígena efectiva (Lampis et al., 2022;
Segovia-Tzompa et al., 2024).
2. Materiales y Métodos
El estudio se desarrolló desde una orientación cualitativa, puesto que procuró interpretar
cómo la literatura académica, los registros de conflictos y los documentos institucionales
construyeron las nociones de justicia ambiental, afectación territorial, resistencia social
y respuesta estatal. La unidad de análisis estuvo constituida por documentos y casos
socioecológicos referidos a América Latina, mientras Ecuador funcionó como eje de
contraste para examinar particularidades normativas, territoriales y políticas. Esta
orientación permitió reconstruir significados, relaciones de poder y patrones de
movilización que no podían reducirse a frecuencias aisladas. La estrategia se aproximó
a una revisión de alcance porque buscó reconocer tendencias, conceptos y vacíos en
un campo heterogéneo, sin estimar efectos agregados ni probar hipótesis causales. La
elección resultó coherente con las recomendaciones aplicables al análisis documental y
a la síntesis exploratoria de evidencias diversas (Peters et al., 2020).
La estrategia metodológica se organizó mediante un diseño no experimental, transversal
y documental, dado que los acontecimientos, decisiones y discursos fueron examinados
tal como aparecieron en las fuentes, sin introducir intervenciones ni modificar las
condiciones en que se produjeron. El corte analítico comprendió documentos publicados
entre enero de 2020 y diciembre de 2025, periodo que permitió observar
transformaciones recientes relacionadas con extractivismo, transición energética, litigio
ambiental y participación comunitaria. El alcance se mantuvo exploratorio, pues se
orientó a identificar regularidades y categorías emergentes antes que a generalizar
resultados hacia la totalidad de los conflictos regionales. Ecuador fue examinado dentro
del marco latinoamericano y no como un caso aislado, de modo que sus controversias
pudieron compararse con experiencias de países andinos, amazónicos y del Cono Sur.
Esta delimitación respondió a la dispersión geográfica y temática señalada por
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revisiones regionales sobre desigualdad ambiental y conflictividad extractiva
(Doussoulin & Mougenot, 2022; Fernández et al., 2023).
La localización del corpus se efectuó en Scopus, Web of Science, SciELO, Redalyc y
Google Scholar, complementándose con documentos procedentes de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, el Environmental Justice Atlas y repositorios
públicos ecuatorianos. Las búsquedas se realizaron en español, inglés y portugués
mediante combinaciones de “justicia ambiental”, “environmental justice”, “justiça
ambiental”, “conflictos socioecológicos”, “socio-environmental conflicts”, “extractivismo”,
“minería”, “hidrocarburos”, “litio”, “Ecuador” y “América Latina”. Los operadores AND y
OR se emplearon para relacionar el fenómeno, el espacio geográfico, los sectores
productivos y las formas de respuesta social. La identificación se amplió mediante
revisión de referencias y rastreo de estudios citantes, mientras los duplicados fueron
eliminados antes del examen de títulos, resúmenes y textos completos. El procedimiento
de búsqueda y selección se documentó siguiendo criterios de transparencia y
trazabilidad compatibles con PRISMA 2020 y con las revisiones de alcance (Page et al.,
2021; Peters et al., 2020).
La selección documental consideró artículos revisados por pares, informes técnicos,
decisiones judiciales, documentos normativos y fichas de conflictos que presentaron
autoría identificable, fecha verificable y relación explícita con territorios
latinoamericanos. Se incluyeron fuentes publicadas durante 2020–2025 que
describieron actores, causas, afectaciones ambientales o sociales, formas de
movilización, mecanismos participativos, litigios o resultados institucionales. También se
admitieron estudios comparativos más amplios cuando ofrecieron información
desagregada para Ecuador o para otro país de la región. Se excluyeron duplicados,
editoriales, textos de opinión, noticias sin respaldo documental, trabajos sin acceso al
contenido completo y estudios exclusivamente biofísicos que no incorporaron una
dimensión de justicia o conflicto social. No se calculó una muestra probabilística, porque
la composición del corpus dependió del cumplimiento de criterios de elegibilidad y de la
cobertura documental alcanzada, como correspondió a una revisión exploratoria (Peters
et al., 2020; Martínez-Alier, 2021).
El tratamiento analítico combinó razonamientos deductivo, inductivo y analítico para
vincular categorías teóricas con patrones emergentes de los documentos examinados.
La codificación deductiva se estructuró alrededor de cuatro dimensiones de justicia
(distributiva, procedimental, de reconocimiento y restaurativa), junto con país, sector
económico, actores implicados, impactos, repertorios de movilización, respuesta estatal
y resultado del conflicto. La lectura inductiva permitió incorporar categorías no previstas,
entre ellas criminalización, violencia lenta, consulta comunitaria, transición energética y
pérdida de control local durante la judicialización. Posteriormente, el abordaje analítico
comparó convergencias y diferencias entre países, sectores extractivos y modalidades
de acción colectiva, utilizando una matriz electrónica para preservar la vinculación entre
códigos, fragmentos y fuentes. La construcción, revisión y definición de temas siguió los
principios del análisis temático reflexivo, evitando convertir la frecuencia de aparición en
el único criterio de relevancia interpretativa (Braun & Clarke, 2021, 2023).
La consistencia interpretativa se fortaleció mediante triangulación entre artículos
científicos, bases de conflictos, documentos institucionales y resoluciones públicas, lo
que permitió contrastar narrativas comunitarias, empresariales y estatales. Se
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conservaron registros de decisiones analíticas, ajustes del sistema de códigos y casos
discrepantes, mientras la valoración de las fuentes atendió a su pertinencia,
transparencia metodológica, trazabilidad y congruencia entre evidencia y conclusiones.
La evaluación de calidad no funcionó como exclusión automática, sino como criterio
para ponderar el alcance de cada interpretación, debido al carácter exploratorio y a la
diversidad del corpus. El estudio utilizó información pública y no involucró participantes
humanos, intervenciones, encuestas ni tratamiento de datos personales; aun así, se
respetaron la autoría, la contextualización territorial y la exposición responsable de
comunidades y personas defensoras. Los resultados se interpretaron como tendencias
documentadas y no como estimaciones de prevalencia o relaciones causales,
especialmente ante los sesgos de registro que pueden afectar las bases de conflictos
socioecológicos (Scheidel et al., 2020; Conde et al., 2023).
3. Resultados
Distribución territorial y sectorial de los conflictos socioecológicos
El análisis territorial tuvo como propósito identificar la concentración geográfica de los
conflictos socioecológicos documentados y reconocer los sectores económicos con
mayor presencia en los registros disponibles. Para preservar la trazabilidad de las cifras,
la distribución territorial se construyó a partir del stock acumulado publicado por el
Environmental Justice Atlas y no se interpretó como incidencia exclusiva del periodo
2020–2025. El componente sectorial se sustentó en el inventario comparativo de 296
conflictos correspondientes a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, debido a que esta
fuente proporcionó datos desagregados y verificables por actividad económica. En
consecuencia, los valores mostraron la distribución de los casos documentados, sin
representar la totalidad de los conflictos existentes ni una muestra probabilística de la
región (Environmental Justice Atlas [EJAtlas], 2026; Pérez-Rincón et al., 2019).
La consulta de los ocho países con mayor número de registros acumulados identificó
963 conflictos socioecológicos. México concentró 226 casos, equivalentes al 23,5 % del
subtotal, seguido de Brasil con 187 casos (19,4 %), Colombia con 148 (15,4 %) y Perú
con 115 (11,9 %). Estos cuatro países reunieron 676 registros y representaron
conjuntamente el 70,2 % de los casos examinados. Chile y Argentina aportaron 88 y 86
casos, respectivamente, mientras Ecuador registró 68 conflictos (7,1 % del subtotal) y
Bolivia 45 (4,7 %). La distribución completa se presentó como se observa en la Tabla
1, donde México y Brasil acumularon en conjunto el 42,9 % de los registros
seleccionados (EJAtlas, 2026).
Tabla 1
Distribución territorial de los conflictos socioecológicos documentados en ocho países
latinoamericanos
País
Casos, n
Porcentaje del subtotal
México
226
23,5
Brasil
187
19,4
Colombia
148
15,4
Perú
115
11,9
Chile
88
9,1
Argentina
86
8,9
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País
Casos, n
Porcentaje del subtotal
Ecuador
68
7,1
Bolivia
45
4,7
Total
963
100,0
Nota: Los porcentajes se calcularon sobre el subtotal de los ocho países incluidos y pueden
presentar diferencias mínimas por redondeo. Los valores correspondieron al stock acumulado
visible en las páginas nacionales del EJAtlas consultadas el 21 de julio de 2026; por tanto, no
representaron tasas de prevalencia ni el número total de conflictos ocurridos durante 2020–2025.
La plataforma permaneció en actualización continua y reconoció que la ausencia de registros no
implicó ausencia de conflictividad (EJAtlas, 2026).
La clasificación sectorial del inventario andino mostró que la minería constituyó la
categoría más frecuente, con 111 de los 296 conflictos analizados, equivalentes al 37,5
%. La extracción de combustibles fósiles ocupó la segunda posición con 61 casos (20,6
%), seguida por las disputas relacionadas con biomasa y tierra, que sumaron 45
registros (15,2 %), y por la gestión y el uso del agua, con 38 casos (12,8 %). En conjunto,
estas cuatro categorías concentraron 255 conflictos y representaron el 86,1 % del
inventario. Las actividades restantes correspondieron a infraestructura con 15 casos
(5,1 %), gestión de residuos con 11 (3,7 %), industria con siete (2,4 %) y conservación
de la biodiversidad con cinco (1,7 %), mientras tres registros (1,0 %) quedaron
asociados a categorías residuales (Pérez-Rincón et al., 2019).
El contraste por país reveló diferencias en la especialización sectorial de los conflictos.
La minería representó el 58 % de los casos documentados en Perú, el 34 % en Colombia
y el 33 % en Bolivia, mientras en Ecuador alcanzó el 21 % y ocupó la tercera posición
sectorial. En este último país, los combustibles fósiles concentraron el 28 % y las
controversias por biomasa y tierra el 24 %, de manera que las tres actividades reunieron
aproximadamente el 73 % de los registros ecuatorianos. La gestión del agua mostró su
mayor participación en Bolivia, donde representó el 23 %, frente a cerca del 12 % en
Ecuador, Colombia y Perú. En síntesis, la distribución observada quedó caracterizada
por una elevada concentración territorial en México, Brasil, Colombia y Perú, junto con
el predominio sectorial de la minería, los combustibles fósiles y las disputas por tierra,
biomasa y agua en el espacio andino (Pérez-Rincón et al., 2019; EJAtlas, 2026).
Actores, afectaciones y repertorios de movilización socioambiental
El análisis de este subtema tuvo como propósito describir los actores afectados, las
consecuencias sociales registradas y las formas de movilización desplegadas frente a
los proyectos extractivos. La base regional examinada reunió 296 conflictos
socioecológicos documentados en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, distribuidos entre
comunidades rurales, pueblos indígenas, poblaciones urbanas y grupos vinculados con
actividades productivas locales. Las categorías fueron de respuesta múltiple, debido a
que un mismo conflicto involucró varios actores, produjo diferentes afectaciones y activó
más de un repertorio de acción colectiva. Por esta razón, las frecuencias acumuladas
superaron el total de casos y los porcentajes no sumaron 100 %. Los resultados
principales de cada dimensión se sintetizaron como se observa en la Tabla 2 (Pérez-
Rincón et al., 2019).
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Tabla 2
Principales actores, afectaciones y repertorios registrados en los conflictos
socioecológicos andinos
Dimensión
Categoría documentada
n
Actores afectados
Comunidades campesinas
181
Pueblos indígenas
162
Habitantes urbanos y organizaciones vecinales
139
Comunidades pesqueras
67
Trabajadores de empresas
41
Afectaciones
Deterioro de los medios de vida
245
Pérdida de conocimientos, prácticas o culturas tradicionales
198
Desposesión de tierras
174
Desplazamiento de población
159
Vulneración de derechos humanos
154
Repertorios de movilización
Peticiones y denuncias institucionales
228
Protestas, marchas y manifestaciones
223
Activismo mediático y medios alternativos
211
Participación de organizaciones no gubernamentales
187
Acciones judiciales
113
Nota: Los porcentajes se calcularon sobre 296 conflictos y representaron la proporción de casos
en los que apareció cada categoría. Las variables no fueron mutuamente excluyentes; por ello,
no correspondió calcular medias, desviaciones estándar ni pruebas de significancia entre sus
frecuencias. Elaboración basada en Pérez-Rincón et al. (2019)
La composición de los actores mostró una concentración de las afectaciones en
poblaciones cuya subsistencia dependió directamente de la tierra, el agua y los
ecosistemas locales. Las comunidades campesinas estuvieron presentes en 181
conflictos, equivalentes al 61,1 %, mientras los pueblos indígenas aparecieron en 162
casos, correspondientes al 54,7 %. La población urbana y las organizaciones vecinales
participaron en 139 registros (47,0 %), seguidas por comunidades pesqueras con 67
casos (22,6 %) y trabajadores de empresas con 41 (13,9 %). Al considerar
conjuntamente a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, se identificaron
198 conflictos, cifra equivalente al 66,9 % del inventario. También se documentaron
comunidades afrodescendientes en 36 casos (12,2 %) y personas dedicadas a la
minería artesanal en 39 (13,2 %) (Pérez-Rincón et al., 2019).
Las afectaciones presentaron una combinación de pérdidas materiales,
transformaciones culturales y vulneraciones de derechos. El deterioro de los medios de
vida constituyó el resultado más frecuente, al aparecer en 245 conflictos (82,8 %),
seguido por la pérdida de conocimientos, prácticas o culturas tradicionales en 198 casos
(66,9 %). La desposesión de tierras se registró en 174 conflictos (58,8 %), el
desplazamiento en 159 (53,7 %) y las vulneraciones de derechos humanos en 154 (52,0
%). Asimismo, la pérdida de soberanía alimentaria apareció en 127 registros 842,9 %),
la militarización en 119 (40,2 %) y el incremento de la violencia en 115 (38,9 %). Los
impactos específicos sobre las mujeres fueron consignados en 82 casos, equivalentes
al 27,7 % de los conflictos examinados (Pérez-Rincón et al., 2019).
Los repertorios de movilización estuvieron dominados por acciones institucionales,
comunicacionales y colectivas de carácter no armado. Las peticiones y denuncias
dirigidas a organismos públicos aparecieron en 228 conflictos (77,0 %), mientras las
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protestas, marchas y manifestaciones se registraron en 223 (75,3 %). El activismo
mediante medios convencionales o alternativos alcanzó 211 casos (71,3 %) y la
participación de organizaciones no gubernamentales estuvo presente en 187 (63,2 %).
Las acciones judiciales se documentaron en 113 conflictos (38,2 %), las objeciones a
estudios de impacto ambiental en 107 (36,1 %) y las propuestas alternativas en 106
(35,8 %). En contraste, las ocupaciones o bloqueos aparecieron en 54 casos (18,2 %) y
el uso explícito de violencia dentro del repertorio comunitario en 51 (17,2 %), por lo que
las peticiones institucionales resultaron aproximadamente 4,5 veces más frecuentes que
esta última modalidad (Pérez-Rincón et al., 2019).
La actualización sobre violencia contra personas defensoras mantuvo la concentración
regional observada entre los actores movilizados. Durante 2023 se documentaron 166
asesinatos en América Latina, equivalentes al 84,7 % de los 196 casos registrados
mundialmente. Colombia acumuló 79 víctimas (47,6 % del total regional), Brasil 25 (15,1
%) y México y Honduras 18 cada uno (10,8 % respectivamente); en conjunto, los cuatro
países concentraron 140 asesinatos, correspondientes al 84,3 % de los casos
latinoamericanos. En Colombia, 31 de las 79 víctimas pertenecieron a pueblos indígenas
(39,2 %) y seis fueron afrodescendientes (7,6 %), mientras en México más del 70 % de
las personas asesinadas fueron indígenas. El hallazgo central estuvo definido por la
participación mayoritaria de comunidades campesinas e indígenas, la acumulación
simultánea de pérdidas territoriales y culturales y el predominio de peticiones, protestas
y activismo mediático frente a repertorios violentos minoritarios (Global Witness, 2024;
Pérez-Rincón et al., 2019).
Respuestas institucionales y resultados de justicia ambiental
El análisis tuvo como propósito describir las respuestas participativas, judiciales y
administrativas registradas frente a los conflictos socioecológicos, así como los
resultados verificables derivados de estas intervenciones. Para ello, se diferenciaron los
mecanismos empleados de sus efectos concretos, puesto que una demanda, consulta
o resolución institucional no implicó necesariamente la suspensión del proyecto ni la
reparación del daño. En el inventario de 296 conflictos de Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia, los resultados abarcaron la paralización de actividades, soluciones negociadas,
continuidad extractiva y episodios de violencia. De manera complementaria, el registro
mundial del EJAtlas contabilizó 3.869 conflictos hasta marzo de 2023, y en
aproximadamente el 46 % se utilizaron estrategias judiciales (Conde et al., 2023; Pérez-
Rincón et al., 2019).
Dentro del inventario andino, la movilización social logró detener 59 de los 296 proyectos
conflictivos, proporción equivalente al 19,9 % de los casos. En contraste, cerca de 75
conflictos incluyeron muertes o desapariciones de personas defensoras, cifra
correspondiente al 25,3 % del conjunto analizado. Esta segunda frecuencia superó en
16 casos y 5,4 puntos porcentuales a la cantidad de proyectos paralizados, aunque
ambas categorías pudieron coexistir dentro de un mismo conflicto. Por tanto, cuatro de
cada cinco proyectos documentados no aparecieron clasificados como detenidos por la
movilización, mientras aproximadamente uno de cada cuatro casos presentó
consecuencias letales o desapariciones. Los resultados institucionales mostraron así
una combinación de logros parciales, continuidad de actividades y respuestas
coercitivas (Pérez-Rincón et al., 2019).
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La respuesta participativa más amplia registrada en Ecuador correspondió a la Consulta
Popular del Yasuní, realizada en agosto de 2023. La opción favorable a mantener
indefinidamente el petróleo del bloque 43 bajo el subsuelo obtuvo 5.541.585 votos,
equivalentes al 58,95 % de los votos válidos, mientras la opción contraria alcanzó
3.859.507 votos y el 41,05 %. La diferencia ascendió a 1.682.078 votos y representó
una ventaja de 17,90 puntos porcentuales para la alternativa de no extracción. En total,
ambas opciones reunieron 9.401.092 votos válidos, lo que convirtió esta decisión en el
resultado participativo de mayor escala identificado en el caso ecuatoriano. El resultado
formalizó una respuesta nacional directa frente a un conflicto relacionado con
hidrocarburos y conservación amazónica (Consejo Nacional Electoral [CNE], 2023a).
Un patrón semejante se observó en la Consulta Popular del Chocó Andino, cuyas cuatro
preguntas abordaron la prohibición de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y
de gran escala. Los votos favorables alcanzaron 990.997 en la primera pregunta,
975.274 en la segunda, 988.455 en la tercera y 985.408 en la cuarta. Los porcentajes
del “sí” fluctuaron entre 68,02 % y 68,51 %, con una media de 68,27 % y una amplitud
de apenas 0,49 puntos porcentuales entre el valor mínimo y el máximo. Las cuatro
preguntas superaron el 68 % de respaldo y mantuvieron diferencias superiores a 36
puntos porcentuales respecto de la opción contraria. Esta estabilidad mostró un
resultado homogéneo entre las distintas escalas de explotación minera consultadas
(CNE, 2023b).
Los resultados judiciales presentaron una diferencia visible entre la obtención de
sentencias favorables y su ejecución material. En Ecuador, la resolución contra
Chevron-Texaco ordenó en 2013 el pago de USD 9.500 millones para compensación y
remediación de la contaminación petrolera en Lago Agrio, pero la obligación no llegó a
ejecutarse conforme al registro analizado. En Nicaragua, las demandas de trabajadores
afectados por el pesticida DBCP produjeron varias decisiones favorables desde 2001,
aunque las empresas no pagaron las compensaciones ordenadas y el proceso acumuló
casi tres décadas. En conjunto, los hallazgos mostraron que las consultas populares
alcanzaron resultados cuantitativamente concluyentes, mientras una parte de las
respuestas judiciales quedó limitada por demoras prolongadas y falta de cumplimiento
efectivo (Conde et al., 2023).
4. Discusión
El análisis de las tendencias recientes de la justicia ambiental muestra que la
conflictividad socioecológica se concentra territorialmente y se articula alrededor de
actividades extractivas con elevada relevancia económica. El hecho de que México,
Brasil, Colombia y Perú agrupen el 70,2 % de los registros examinados sugiere que la
distribución observada responde tanto a la expansión de las fronteras de extracción
como a diferencias en la documentación y visibilidad pública de los casos. En el espacio
andino, la minería, los combustibles fósiles, la apropiación de biomasa y tierra y la
gestión del agua reúnen el 86,1 % de los conflictos, lo que confirma la centralidad de las
disputas por recursos, territorios y medios de subsistencia. Este patrón converge con la
cartografía regional de conflictos mineros y ecológico-distributivos, aunque debe
interpretarse con cautela porque la mayor cantidad de registros no equivale
necesariamente a una mayor incidencia real (Doussoulin & Mougenot, 2022; Martínez-
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Alier, 2021). Los hallazgos parecen indicar que la justicia ambiental latinoamericana
continúa condicionada por economías dependientes de materias primas, incluso cuando
las exportaciones regionales de minería e hidrocarburos mantienen un crecimiento
estimado del 5 % (CEPAL, 2024).
La concentración de las afectaciones en comunidades campesinas y pueblos indígenas
amplía la interpretación del conflicto más allá del daño biofísico, pues revela una
distribución desigual de pérdidas económicas, territoriales y culturales. El deterioro de
los medios de vida aparece en el 82,8 % de los casos andinos, mientras la pérdida de
conocimientos y prácticas tradicionales alcanza el 66,9 %, de modo que los impactos
comprometen simultáneamente ingresos, seguridad alimentaria, identidad y continuidad
comunitaria. Estos resultados coinciden con la evidencia global que vincula los
proyectos extractivos e industriales con afectaciones desproporcionadas sobre tierras,
derechos y formas de vida indígenas, así como con los estudios que reclaman incorporar
etnicidad y reconocimiento cultural en el análisis ambiental (Fernández et al., 2023;
Scheidel et al., 2020). A la vez, el predominio de peticiones institucionales, protestas y
activismo mediático —todos presentes en más del 70 % de los registros— contradice
las representaciones que reducen la movilización socioambiental a repertorios violentos.
La elevada proporción regional de asesinatos de personas defensoras, que alcanza el
84,7 % del total mundial documentado en 2023, muestra que la violencia se dirige
principalmente contra quienes protegen los territorios y no constituye el repertorio
dominante de las comunidades movilizadas (Global Witness, 2024; Pérez-Rincón et al.,
2019).
Las respuestas institucionales revelan una diferencia sustantiva entre participación
formal, reconocimiento jurídico y cumplimiento material. Las consultas del Yasuní y del
Chocó Andino alcanzan respaldos del 58,95 % y superiores al 68 %, respectivamente,
lo que evidencia una capacidad ciudadana significativa para incidir en decisiones sobre
hidrocarburos, conservación y minería mediante mecanismos democráticos directos
(CNE, 2023a, 2023b). Sin embargo, la paralización de proyectos se registra únicamente
en el 19,9 % del inventario andino, mientras el 25,3 % de los conflictos incluye muertes
o desapariciones, por lo que el reconocimiento procedimental no se traduce de manera
automática en protección territorial, reparación o reducción de la violencia. Esta brecha
coincide con la noción de “justicia lenta”, según la cual las sentencias favorables pueden
perder eficacia por demoras, incumplimiento, costos procesales o pérdida de control
comunitario sobre la demanda (Conde et al., 2023). Los casos de Chevron-Texaco y del
DBCP ilustran esa separación entre decisión judicial y ejecución, mientras las
controversias vinculadas con el litio indican que la transición energética también puede
reproducir asimetrías extractivas cuando la gobernanza no integra derechos colectivos
y participación efectiva (Ciftci & Lemaire, 2023; Segovia-Tzompa et al., 2024).
El aporte del estudio reside en integrar distribución territorial, sectores económicos,
actores afectados, repertorios de movilización y resultados institucionales dentro de un
marco común de justicia distributiva, procedimental, de reconocimiento y restaurativa.
Desde una perspectiva práctica, los hallazgos sugieren que evaluar el éxito de un
conflicto únicamente por la existencia de consultas, demandas o resoluciones subestima
la implementación, la reparación ecológica y la seguridad de las personas defensoras,
dimensiones centrales para valorar resultados sustantivos (Lampis et al., 2022; Conde
et al., 2023). La revisión presenta limitaciones derivadas del carácter acumulativo y
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dinámico del EJAtlas, la cobertura desigual entre países, la combinación de fuentes con
distintos niveles de detalle y la imposibilidad de establecer prevalencias o relaciones
causales mediante un diseño documental exploratorio. Futuras investigaciones deberían
construir series temporales comparables, examinar la duración y ejecución de
decisiones institucionales, incorporar variables de género, etnicidad y valor económico
de los proyectos, y contrastar los registros documentales con evidencia producida por
las comunidades. Al articular dimensiones que suelen estudiarse por separado, este
trabajo contribuye a cubrir la brecha comparativa identificada y muestra que la justicia
ambiental depende menos de la existencia aislada de mecanismos institucionales que
de su capacidad para redistribuir cargas, reconocer derechos y producir reparaciones
verificables (Fernández et al., 2023; Martínez-Alier et al., 2022).
5. Conclusiones
Los resultados permiten concluir que la justicia ambiental en América Latina se
encuentra determinada por una conflictividad territorial persistente, vinculada
principalmente con la expansión de actividades extractivas y la distribución desigual de
sus costos socioecológicos. La concentración del 70,2 % de los registros en México,
Brasil, Colombia y Perú evidencia una elevada visibilidad de las disputas en estos
países, aunque no representa necesariamente una mayor incidencia real. En el espacio
andino, la minería, los combustibles fósiles, la apropiación de biomasa y tierra y la
gestión del agua reúnen el 86,1 % de los casos examinados. Este patrón sugiere que
las controversias regionales se articulan alrededor del control de los recursos, la
protección territorial y la continuidad de los medios de vida. Dentro del alcance
documental del estudio, la justicia ambiental se presenta como un proceso
multidimensional que excede la resolución aislada de controversias ecológicas.
En relación con los objetivos específicos, los hallazgos evidencian que las afectaciones
recaen especialmente sobre comunidades campesinas, pueblos indígenas y
poblaciones cuya subsistencia depende directamente de la tierra, el agua y los
ecosistemas. El deterioro de los medios de vida aparece en el 82,8 % de los casos
andinos y la pérdida de conocimientos o prácticas tradicionales en el 66,9 %, lo que
refleja la convergencia de daños materiales, culturales y territoriales. Al mismo tiempo,
las peticiones institucionales, protestas y acciones comunicacionales superan el 70 %
de los registros, mostrando el predominio de repertorios organizados y no armados. Sin
embargo, la detención de proyectos alcanza únicamente el 19,9 %, mientras las muertes
o desapariciones se presentan en el 25,3 % de los conflictos analizados. En conjunto,
estos resultados sugieren que la movilización social obtiene avances parciales, pero
enfrenta elevados riesgos y una respuesta institucional desigual.
El principal aporte del estudio consiste en integrar la distribución territorial, los sectores
económicos, los actores afectados, los repertorios de movilización y las respuestas
institucionales mediante las dimensiones distributiva, procedimental, de reconocimiento
y restaurativa. Esta articulación permite concluir que la existencia de consultas, litigios
o decisiones administrativas no garantiza por sí misma una justicia ambiental efectiva.
Los respaldos obtenidos en las consultas del Yasuní y del Chocó Andino muestran una
capacidad ciudadana relevante para intervenir en decisiones extractivas, mientras los
casos judiciales examinados revelan dificultades para convertir sentencias favorables
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en reparación material. Por ello, la evaluación institucional requiere considerar el
cumplimiento, la restauración ecológica, el reconocimiento de derechos colectivos y la
protección de las personas defensoras. Esta perspectiva ofrece utilidad académica y
práctica para valorar los conflictos más allá de sus resultados jurídicos formales.
A partir de estos hallazgos, resulta pertinente fortalecer los sistemas regionales de
información, armonizar las categorías de registro y dar seguimiento temporal a la
implementación de consultas, resoluciones y medidas de reparación. Las
investigaciones posteriores deberían incorporar con mayor precisión variables de
género, etnicidad, duración del conflicto, valor económico de los proyectos y costos
sociales o ambientales, sin asumir relaciones causales a partir de datos documentales.
También convendría contrastar los repositorios institucionales con información
generada por comunidades, organizaciones territoriales y personas defensoras, con el
fin de reducir vacíos de cobertura y representación. En el ámbito institucional, se
recomienda vincular la participación pública con mecanismos verificables de
cumplimiento, seguridad y restauración. De este modo, la investigación contribuye a
cerrar la brecha comparativa identificada al mostrar que la justicia ambiental depende
de la capacidad efectiva para redistribuir cargas, reconocer a los actores territoriales y
materializar reparaciones sostenibles.
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CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.