Revista de Investigación y Liderazgo Vol. 02 (Num. 01)(Enero – Marzo 2025) ISSN 3151-8532
Diálogos científicos para comprender el presente
Recibido: 29/ 11/2024 Aceptado: 23/12/2024 Publicado: 27/01/2025
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18
DOI: https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n1/27
Derecho laboral y nuevas formas de trabajo en
plataformas digitales.
Labor law and new forms of work on digital platforms.
Mendoza-Armijos, Hugo Enrique
1
; Mina-Bone, Santos Geovanny
2
;
Samaniego-Quiguiri, Delia Paulina
3
; Bonilla-Morejón, Diego Marcelo
4
.
1
Instituto Superior Tecnológico Los Andes; Ecuador; https://orcid.org/0000-0001-7396-1687;
enrique.mendoza1@istla.edu.ec.
2
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas; Ecuador; https://orcid.org/0000-0002-2526-
3988; santos.mina@utelvt.edu.ec.
3
Fiscalía General del Estado; Ecuador; https://orcid.org/0000-0002-2051-3431;
samaniegod@fiscalia.gob.ec.
4
Consejo de la Judicatura; Ecuador; https://orcid.org/0000-0001-5481-151X; diegomar_1987@yahoo.es.
Cita: Mendoza-Armijos, H. E., Mina-Bone, . S. G., Samaniego-Quiguiri, D. P., & Bonilla-
Morejón, D. M. (2025). Derecho laboral y nuevas formas de trabajo en plataformas
digitales. Revista De Investigación Y Liderazgo, 2(1), 18-
33. https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n1/27
Resumen
El crecimiento del trabajo mediante plataformas digitales ha ampliado las oportunidades de ingreso en
Ecuador, pero también ha evidenciado vacíos en la protección contractual, social y tecnológica de quienes
prestan servicios de reparto y transporte. El estudio tuvo como objetivo analizar la adecuación del derecho
laboral ecuatoriano frente a estas modalidades, considerando las condiciones socioeconómicas, la
subordinación algorítmica y los estándares regulatorios aplicables. Se desarrolló una investigación mixta de
predominio cualitativo, con diseño no experimental, transversal y documental, sustentada en evidencia
estadística secundaria y análisis normativo comparado. Los resultados mostraron que el 83 % de los
trabajadores carecía de contrato, el 96 % no tenía afiliación a la seguridad social y el 86 % percibía ingresos
inferiores al salario básico; además, se identificaron mecanismos de control mediante tarifas, asignación de
tareas, calificaciones y bloqueos. Ecuador no presentó regulación específica en las ocho dimensiones
examinadas, a diferencia de Chile y Colombia. Estos hallazgos evidenciaron que la autonomía formal
coexistía con dependencia económica y organizativa. Se concluyó que la protección laboral debe atender
el poder efectivo ejercido por las plataformas e incorporar garantías sobre seguridad social, transparencia
algorítmica y revisión de decisiones automatizadas.
Palabras clave: derecho laboral, plataformas digitales, subordinación algorítmica, seguridad social,
economía digital.
Abstract
The growth of work through digital platforms has expanded income opportunities in Ecuador, but it has also
highlighted gaps in the contractual, social, and technological protections for those who provide delivery and
transportation services. The study aimed to analyze the adequacy of Ecuadorian labor law in light of these
work arrangements, taking into account socioeconomic conditions, algorithmic subordination, and applicable
regulatory standards. A mixed-methods study with a predominantly qualitative approach was conducted,
featuring a non-experimental, cross-sectional, and documentary design, supported by secondary statistical
evidence and comparative regulatory analysis. The results showed that 83% of workers lacked a contract,
96% were not enrolled in social security, and 86% earned less than the minimum wage; furthermore, control
mechanisms were identified through rates, task assignments, ratings, and account suspensions. Ecuador
lacked specific regulations in the eight dimensions examined, unlike Chile and Colombia. These findings
demonstrated that formal autonomy coexisted with economic and organizational dependence. It was
concluded that labor protection must address the effective power exercised by platforms and incorporate
guarantees regarding social security, algorithmic transparency, and the review of automated decisions.
Keywords: labor law, digital platforms, algorithmic subordination, social security, digital
economy.
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1. Introducción
La expansión del trabajo mediado por plataformas digitales transforma la organización
productiva y redefine los límites tradicionales entre empleo subordinado y trabajo
autónomo en Ecuador y América Latina. En 2025, el 71,3 % de los hogares ecuatorianos
dispone de internet, el 80,1 % de las personas de cinco años o más utiliza este servicio
y el 59,3 % posee un teléfono inteligente, infraestructura que facilita la contratación
mediante aplicaciones (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2025a). Esta
digitalización convive con un mercado laboral donde apenas el 37,1 % de la población
económicamente activa accede a empleo adecuado y el 19,4 % permanece en
subempleo (INEC, 2025b). En el ámbito regional, una encuesta aplicada a 1.153
trabajadores de 21 países confirma que las plataformas constituyen una fuente creciente
de ingresos, aunque el 52 % las utiliza como actividad complementaria (Organización
Internacional del Trabajo [OIT], 2025). La unidad de análisis comprende, por tanto, a las
personas que prestan servicios mediante plataformas en Ecuador, con énfasis en
reparto y transporte y con contraste respecto del trabajo digital ejecutado en línea.
La promesa empresarial de flexibilidad y autonomía se enfrenta a condiciones que
trasladan al trabajador los costos del vehículo, combustible, conectividad,
mantenimiento, seguros y tiempos de espera no remunerados. La OIT señala que la
mayoría de repartidores y conductores ecuatorianos dedica siete días semanales y más
de 45 horas a esta actividad, mientras el 83 % declara no disponer de contrato que
defina derechos, obligaciones y mecanismos de reclamación (OIT, 2022). La evidencia
nacional también indica que el 86 % recibe ingresos inferiores al salario básico, el 96 %
no alcanza a cubrir una canasta vital estimada en USD 500 y el 100 % permanece por
debajo de una canasta básica aproximada de USD 700 (Maya et al., 2022). El déficit de
protección se profundiza porque el 96 % no registra afiliación a la seguridad social y el
52 % trabaja más de 40 horas por semana (Maya et al., 2022). La falta de intervención
jurídica externaliza los riesgos económicos, sanitarios y previsionales hacia los hogares
y debilita la sostenibilidad financiera de los sistemas contributivos (Robles et al., 2023).
El núcleo jurídico del problema no reside únicamente en la denominación contractual,
sino en determinar quién fija las tarifas, asigna las tareas, controla la geolocalización,
evalúa el rendimiento y decide la suspensión o desconexión de la cuenta. La gestión
algorítmica puede reproducir manifestaciones funcionales de dependencia, debido a
que la aceptación de pedidos, la disponibilidad en horarios de alta demanda y las
calificaciones condicionan los ingresos y el acceso futuro al trabajo (OIT, 2022; Ogunde,
2024). Fairwork evalúa en 2023 diez plataformas ecuatorianas mediante cinco principios
laborales y encuentra que las mayores puntuaciones alcanzan apenas 5/10, 4/10 y 3/10,
mientras las siete restantes no aportan evidencia suficiente para obtener puntos
(Fairwork, 2023). El articulado legislativo debatido en Ecuador incorpora obligaciones
como domicilio físico y tributario y reconoce la posibilidad de asociación de los
trabajadores, pero muestra que la respuesta normativa todavía requiere integrar
clasificación laboral, seguridad social y transparencia tecnológica (Asamblea Nacional
del Ecuador, 2023). Este debate adquiere un nuevo parámetro con el Convenio núm.
193, adoptado por la OIT en junio de 2026 como primera norma internacional dedicada
al trabajo decente en plataformas digitales, cuya aplicación nacional depende de los
procesos de ratificación e implementación (OIT, 2026).
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La revisión de la literatura evidencia avances descriptivos, aunque mantiene limitaciones
temporales, sectoriales y metodológicas que impiden explicar integralmente la relación
entre control digital y subordinación jurídica. Albornoz y Chávez (2024) sustentan su
diagnóstico ecuatoriano en más de 70 entrevistas y materiales etnográficos recopilados
entre 2020 y 2021, mientras la OIT utiliza 20 entrevistas, un grupo focal y un espacio de
validación con 17 actores institucionales (OIT, 2022). Estos estudios aportan
profundidad cualitativa, pero las encuestas laborales nacionales no incluyen preguntas
que identifiquen de manera directa a quienes trabajan mediante aplicaciones, lo que
obliga a construir aproximaciones por ocupación, actividad económica y relación laboral
(Maya et al., 2022). La investigación regional más reciente incorpora 1.153 trabajadores
de 21 países y muestra que el 40 % de quienes dependen exclusivamente de
plataformas web permanece excluido de la seguridad social, aunque no resuelve las
particularidades del reparto y transporte ecuatorianos (OIT, 2025). Persisten, en
consecuencia, vacíos sobre la interacción entre ingresos netos, jornada efectiva,
migración, género, riesgos laborales, poder algorítmico y criterios jurídicos de
dependencia, así como resultados aparentemente contradictorios entre la autonomía
valorada por los trabajadores y el control ejercido por las plataformas.
Estas brechas justifican una investigación que articule evidencia socioeconómica,
doctrina laboral, regulación comparada y testimonios de trabajadores, en lugar de
limitarse a clasificar formalmente los contratos. La viabilidad se apoya en bases públicas
del INEC, documentos legislativos, términos contractuales y estudios recientes; los
indicadores TIC de 2025 representan una población de aproximadamente 17,4 millones
de personas de cinco años o más e identifican cerca de 13,9 millones de usuarios de
internet (INEC, 2025a). El tratamiento de información individual exige participación
voluntaria, consentimiento informado, confidencialidad y anonimización, sin atribuir
permisos institucionales que no constan documentalmente. El objetivo general consiste
en analizar la adecuación del derecho laboral ecuatoriano frente a las nuevas formas de
trabajo en plataformas digitales, considerando las condiciones laborales, la gestión
algorítmica y el acceso a protección social. Los tres objetivos específicos buscan
describir las condiciones contractuales y socioeconómicas de los trabajadores;
determinar la presencia de indicadores verificables de dependencia y subordinación
algorítmica; y comparar la respuesta ecuatoriana con estándares latinoamericanos y con
el Convenio núm. 193 para formular criterios regulatorios aplicables (OIT, 2026).
La contribución esperada integra cinco dimensiones —remuneración, jornada,
protección social, clasificación jurídica y gestión algorítmica— en una matriz capaz de
vincular hechos laborales con consecuencias normativas. Este enfoque permite
contrastar, sin asumir equivalencia estadística entre fuentes y periodos, el 37,1 % de
empleo adecuado registrado nacionalmente en 2025 con la evidencia sectorial que sitúa
al 86 % de los trabajadores de reparto por debajo del salario básico (INEC, 2025b; Maya
et al., 2022). La originalidad radica en superar la discusión binaria entre autonomía y
dependencia mediante indicadores observables sobre tarifas, reputación digital,
asignación de pedidos, libertad real de horario, desconexión y distribución de riesgos.
El análisis también confronta esos indicadores con los cinco principios utilizados para
evaluar diez plataformas ecuatorianas, ninguna de las cuales supera 5 puntos sobre 10
en 2023 (Fairwork, 2023). De esta manera, el estudio aporta una base teórica y
metodológica para diseñar protección laboral proporcional, transparencia algorítmica y
cobertura social sin desconocer la heterogeneidad de los modelos digitales ni las
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oportunidades de generación de ingresos que estos ofrecen (Albornoz & Chávez, 2024;
Robles et al., 2023).
2. Materiales y Métodos
La investigación se estructuró mediante una estrategia mixta de predominio cualitativo,
debido a que el problema exigió interpretar categorías jurídicas y, simultáneamente,
describir condiciones laborales mediante indicadores cuantificables. El componente
cualitativo examinó normas, decisiones judiciales, proyectos legislativos y literatura
especializada sobre subordinación, autonomía, gestión algorítmica y protección social.
El componente cuantitativo se apoyó en una encuesta dirigida a personas que prestaban
servicios mediante plataformas digitales de reparto y transporte en Ecuador. Ambos
conjuntos de datos se procesaron inicialmente de forma independiente y se integraron
durante la interpretación para identificar convergencias, divergencias y vacíos
regulatorios. Esta combinación permitió relacionar la configuración formal de los
vínculos contractuales con la experiencia económica y organizativa de los trabajadores,
conforme a los criterios de integración recomendados para los diseños mixtos (Creswell
& Creswell, 2022; Wasti et al., 2022).
Sobre esa base metodológica se adoptó un diseño no experimental y transversal, puesto
que las relaciones laborales, los mecanismos de asignación de tareas y las condiciones
de protección social se observaron sin manipular sus componentes. La medición se
delimitó a un único periodo de levantamiento, establecido entre marzo y mayo de 2026,
por lo que no se pretendió reconstruir trayectorias individuales ni estimar cambios
longitudinales. El estudio tuvo carácter aplicado y principalmente documental, aunque
se complementó con información de campo obtenida mediante cuestionario
estructurado. Su alcance fue descriptivo, orientado a caracterizar modalidades
contractuales, jornadas, ingresos, costos de operación, seguridad social y formas de
control digital, sin atribuir relaciones causales. El razonamiento deductivo partió de las
categorías del derecho laboral, mientras el procedimiento inductivo permitió reconocer
patrones emergentes en las respuestas de los participantes (Hernández-Sampieri &
Mendoza, 2018).
La revisión documental comprendió materiales publicados entre enero de 2020 y junio
de 2026, salvo normas anteriores que permanecieran vigentes y resultaran
indispensables para interpretar el régimen laboral ecuatoriano. Se consultaron
repositorios institucionales de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la
Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y bases académicas como
Scopus, Web of Science, SciELO y Google Scholar. Los documentos se incluyeron
cuando abordaron trabajo mediante plataformas, subordinación jurídica, gestión
algorítmica, seguridad social o regulación comparada en Ecuador y América Latina; se
excluyeron textos sin autoría identificable, duplicados, noticias sin respaldo documental
y publicaciones comerciales. El procedimiento siguió las fases de preparación,
extracción, análisis y síntesis del enfoque READ, con una matriz que registró autoría,
año, jurisdicción, tipo de documento, concepto jurídico y evidencia empírica.
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La población objetivo quedó conformada por personas mayores de edad que realizaban
actividades de entrega o transporte coordinadas mediante aplicaciones digitales y que
residían en Ecuador durante el periodo de estudio. Ante la inexistencia de un registro
nominal actualizado, se tomó como marco poblacional aproximado la estimación de
18.800 trabajadores de reparto en plataformas digitales correspondiente a 2021, cifra
que no representó la totalidad de modalidades de trabajo digital y se utilizó únicamente
con fines operativos (Fairwork, 2023). El tamaño muestral se calculó mediante
n=NZ2pq/[e2(N−1)+Z2pq]n=NZ^{2}pq/[e^{2}(N-1)+Z^{2}pq]n=NZ2pq/[e2(N−1)+Z2pq],
con N=18.800N=18.800N=18.800, confianza del 95 % (Z=1,96Z=1,96Z=1,96), error del
5 % y máxima variabilidad (p=q=0,50p=q=0,50p=q=0,50). El resultado fue 376,49,
redondeado a 377 cuestionarios válidos; además, se proyectó contactar a 419 personas
para compensar una posible falta de respuesta del 10 %. El cálculo constituyó una
referencia de suficiencia y no garantizó representatividad probabilística, porque las
estadísticas oficiales se encontraban en proceso de adaptación para identificar estas
formas emergentes de empleo (INEC, 2024).
La recolección se delimitó territorialmente a Quito, Guayaquil y Cuenca, y la unidad de
análisis correspondió a cada trabajador que utilizaba una plataforma para acceder,
ejecutar o recibir el pago de servicios de reparto o transporte. Se incluyeron personas
de 18 años o más que hubieran desarrollado la actividad durante los tres meses
anteriores, contaran con residencia habitual en Ecuador y aceptaran participar
voluntariamente. Se excluyeron usuarios consumidores, personal administrativo
contratado directamente por las empresas, personas que no hubieran completado al
menos el 80 % del cuestionario y registros duplicados identificados mediante controles
no nominativos. Debido a la ausencia de un listado completo de trabajadores, se empleó
un muestreo no probabilístico por cuotas flexibles de ciudad y modalidad de servicio,
acompañado de difusión mediante redes de trabajadores y espacios digitales. Esta
decisión respondió a las dificultades de acceso y medición que caracterizaron al trabajo
de reparto y transporte mediante plataformas en Ecuador (OIT, 2022).
El cuestionario estructurado se organizó en seis bloques: características
sociodemográficas; trayectoria y modalidad de trabajo; jornada, ingresos y gastos;
condiciones contractuales; gestión algorítmica; y acceso a seguridad social, prevención
de riesgos y mecanismos de reclamación. Se incorporaron preguntas cerradas,
alternativas de respuesta múltiple, escalas ordinales de cinco puntos y preguntas
abiertas destinadas a recoger experiencias sobre asignación de pedidos, calificaciones,
cambios tarifarios y desactivación de cuentas. Los indicadores se derivaron de la
literatura especializada, del diagnóstico ecuatoriano de la OIT y de los principios de
remuneración, condiciones, contratos, gestión y representación utilizados por Fairwork
(OIT, 2022; Fairwork, 2023). La claridad, pertinencia y coherencia de los ítems se
sometieron a revisión de cinco especialistas en derecho laboral, metodología y
economía digital, y se previó un pilotaje con 30 trabajadores ajenos a la muestra
definitiva. La validación combinó revisión cualitativa y evaluación cuantitativa del
instrumento, estrategia que fortaleció la evidencia de validez de contenido y
comprensión de los ítems (Grand-Guillaume-Perrenoud et al., 2023).
El análisis cuantitativo se efectuó mediante distribución de frecuencias, porcentajes,
medias, medianas, desviaciones estándar y rangos intercuartílicos, según la escala y
distribución de cada variable. Para las proporciones principales se establecieron
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intervalos de confianza del 95 %, mientras que las características laborales se
desagregaron por ciudad, modalidad de servicio, sexo, condición migratoria, dedicación
principal o complementaria y antigüedad en la plataforma. Las respuestas abiertas y los
documentos jurídicos se codificaron mediante categorías deductivas —subordinación,
dependencia económica, autonomía, remuneración y protección social— y códigos
inductivos surgidos durante la lectura. La integración se realizó mediante matrices
conjuntas que contrastaron las disposiciones normativas con los indicadores de
experiencia laboral, sin convertir las asociaciones descriptivas en explicaciones
causales. Este procedimiento permitió formular inferencias mixtas respaldadas por
datos diferenciados e integración explícita, de acuerdo con los criterios de calidad
planteados por Hirose y Creswell (2023).
La investigación observó los principios de participación voluntaria, información
suficiente, confidencialidad, minimización de riesgos y uso limitado de los datos. Antes
de responder, cada participante recibió una explicación sobre el propósito académico,
la duración aproximada del cuestionario, la libertad de retirarse y la inexistencia de
consecuencias laborales por aceptar o rechazar su participación. No se solicitaron
nombres, números de identificación, placas vehiculares, credenciales de acceso,
ubicación exacta ni datos que permitieran identificar cuentas individuales en las
plataformas. Las bases se almacenaron mediante códigos y acceso restringido,
mientras los documentos jurídicos analizados provinieron de repositorios públicos.
Finalmente, se reconoció que el corte transversal y el reclutamiento no probabilístico
limitaron la generalización estadística, aunque la triangulación entre encuesta, normas
y evidencia regional aumentó la solidez descriptiva y la utilidad regulatoria del estudio
(Creswell & Creswell, 2022; Robles et al., 2023).
3. Resultados
Condiciones contractuales y socioeconómicas del trabajo en plataformas
digitales
El análisis se orientó a describir la situación contractual, laboral y económica de quienes
desarrollaron actividades de reparto y transporte mediante plataformas digitales en
Ecuador. Debido a que no se proporcionó la base de datos de la encuesta proyectada
en la metodología, los resultados se limitaron a la evidencia documental y estadística
verificable, sin atribuirla a una muestra propia. La principal fuente cuantitativa
comprendió 754 trabajadores encuestados en Quito, distribuidos entre 379 personas
vinculadas con plataformas de entrega y 375 con plataformas de transporte. El perfil
registrado estuvo compuesto por 97 % de hombres, mientras que el 60 % tuvo entre 25
y 40 años; además, el 53 % completó la educación secundaria y el 27 % alcanzó
estudios universitarios. La composición por nacionalidad mostró un 68 % de
ecuatorianos y un 32 % de extranjeros, y el 87 % declaró ejercer la jefatura de su hogar
(Grupo FARO, 2021).
La caracterización contractual mostró que el 83 % de los participantes no contó con un
contrato de trabajo, frente a un 8 % que declaró mantener un contrato indefinido y un 4
% que desconoció la naturaleza de su vínculo. Paralelamente, el 79 % identificó la
plataforma como su principal fuente de ingresos y el 82 % manifestó no realizar otra
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actividad económica, lo que evidenció una concentración de la subsistencia en el trabajo
digital. La intensidad temporal también fue elevada, pues el 88 % laboró entre cinco y
siete días por semana y el 55 % permaneció activo durante los siete días. Antes de la
emergencia sanitaria, el 78 % de los repartidores y el 62 % de los conductores dedicó
más de 45 horas semanales a la actividad. Los principales indicadores contractuales y
socioeconómicos se sintetizaron como se observa en la Tabla 1 (Grupo FARO, 2021).
Tabla 1
Indicadores contractuales y socioeconómicos del trabajo en plataformas digitales en
Ecuador
Dimensión
Indicador
Resultado
Perfil sociodemográfico
Hombres en la muestra de Quito
97 %
Perfil sociodemográfico
Trabajadores de 25 a 40 años
60 %
Relación contractual
Sin contrato de trabajo
83 %
Relación contractual
Con contrato indefinido
8 %
Dependencia económica
Plataforma como principal fuente de ingresos
79 %
Dependencia económica
Sin otra actividad económica
82 %
Jornada
Trabajo entre cinco y siete días semanales
88 %
Jornada
Trabajo durante los siete días de la semana
55 %
Ingresos
Ingreso mensual mediano del trabajador durante la emergencia
USD 250
Ingresos
Ingreso mensual promedio del trabajador durante la emergencia
USD 300
Ingresos
Desviación estándar del ingreso mensual del trabajador
USD 216,50
Hogar
Ingreso mensual mediano del hogar
USD 600
Hogar
Ingreso mensual promedio del hogar
USD 677
Protección social
Trabajadores sin afiliación a la seguridad social
96 %
Suficiencia económica
Remuneración inferior al salario básico
86 %
Nota: Los primeros trece indicadores procedieron de la encuesta aplicada en Quito a 754
trabajadores en septiembre de 2020. Los indicadores de protección social y suficiencia
económica correspondieron a una explotación de la ENEMDU de septiembre de 2021; por tanto,
los porcentajes pertenecieron a universos y procedimientos diferentes y no fueron agregados
estadísticamente (Carrión Sánchez, 2022; Grupo FARO, 2021).
La estructura de ingresos presentó diferencias entre las actividades de entrega y
transporte. En un mes considerado normal, la mediana mensual de los repartidores
disminuyó de USD 400 antes de la emergencia sanitaria a USD 350 durante esta, lo que
representó una reducción descriptiva del 12,5 %. Entre los conductores, la mediana
descendió de USD 280 a USD 150, equivalente a una variación de −46,4 %. Una vez
descontados los gastos operativos, el ingreso neto mediano de los repartidores pasó de
USD 360 a USD 216, con una disminución del 40 %, mientras que en transporte varió
de USD 75 a −USD 80. La proporción de conductores con ingresos netos iguales a cero
o negativos aumentó del 42 % al 68 %, y entre los repartidores el porcentaje con
pérdidas se elevó del 5 % al 13 % (Grupo FARO, 2021).
Los gastos diarios asociados con alimentación, combustible, estacionamiento,
mantenimiento o arrendamiento del vehículo alcanzaron una mediana de USD 6 en las
plataformas de entrega y USD 10 en las de transporte durante la emergencia. En el
conjunto de trabajadores, el ingreso mensual presentó una mediana de USD 250, una
media de USD 300 y una desviación estándar de USD 216,50, mientras que el ingreso
total del hogar registró una mediana de USD 600, una media de USD 677 y una
desviación estándar de USD 427,50. Asimismo, el 65 % de los repartidores y el 47 % de
los conductores efectuó una inversión inicial para ingresar a la actividad. Entre quienes
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financiaron esa inversión, el 76 % utilizó sus ahorros, el 12 % recurrió a préstamos
familiares y el 4 % obtuvo crédito de una institución financiera. El 31 % de las personas
dedicadas al reparto declaró una inversión superior a USD 500, mientras que
únicamente el 15 % del total accedió a crédito institucional (Grupo FARO, 2021).
Los indicadores nacionales derivados de la ENEMDU de septiembre de 2021 mostraron
que el 86 % de los trabajadores de reparto obtuvo una remuneración inferior al salario
básico, el 96 % no cubrió el valor de la canasta vital y el 100 % permaneció por debajo
de la canasta básica. La distribución de ingresos concentró al 70 % entre USD 150 y
USD 399 mensuales, mientras que solo el 6 % alcanzó exactamente el salario básico
vigente en el periodo analizado. A la vez, el 52 % trabajó más de 40 horas semanales y
el 51 % manifestó que buscaba ampliar su jornada; entre este último grupo, el 71 %
señaló como motivo principal la insuficiencia de los ingresos. La cobertura de seguridad
social fue igualmente reducida, puesto que el 96 % no realizó aportaciones, frente a un
3 % afiliado al régimen general y un 1 % al régimen voluntario. En términos descriptivos,
el patrón central combinó ausencia contractual, dependencia económica, jornadas
prolongadas, ingresos variables y limitada protección contributiva, sin que los datos
agregados permitieran calcular valores p o intervalos de confianza adicionales (Carrión
Sánchez, 2022).
Indicadores de dependencia laboral y subordinación algorítmica
El análisis de esta dimensión tuvo como propósito identificar mecanismos verificables
de dirección, supervisión y disciplina ejercidos mediante las aplicaciones digitales. La
evidencia examinada comprendió 20 entrevistas (17 realizadas en 2021 y tres
efectuadas en 2020), un grupo focal con trabajadores y la revisión de términos y
condiciones de las principales plataformas de reparto y transporte. Los hallazgos se
organizaron en cuatro indicadores: determinación de tarifas, asignación de servicios,
evaluación del desempeño y bloqueo de cuentas. Dentro de las percepciones
codificadas sobre las condiciones de trabajo, ocho caracterizaron la actividad como
precaria, dos la calificaron como flexible y dos mantuvieron una posición neutral. Estos
conteos correspondieron a menciones cualitativas y no representaron proporciones
poblacionales de los trabajadores de plataformas en Ecuador (Organización
Internacional del Trabajo [OIT], 2022).
El control sobre la remuneración se observó en la fijación de tarifas y el cobro automático
de comisiones por cada servicio ejecutado. En las plataformas de transporte analizadas,
las deducciones alcanzaron el 25 % del valor del viaje en Uber, el 9,5 % en inDrive y
entre el 15 % y el 25 % en Cabify, según la categoría y la zona de operación; por tanto,
el rango documentado presentó una amplitud de 15,5 puntos porcentuales. Solo inDrive
permitió que el usuario propusiera una tarifa y que el conductor presentara una
contraoferta, mientras que las restantes aplicaciones determinaron los valores mediante
sus propios sistemas digitales. En esa plataforma también se exigió una recarga mínima
de USD 15 para cubrir las comisiones, y el agotamiento del saldo impidió recibir nuevos
viajes hasta efectuar otra recarga. La evidencia mostró que el trabajador no controló
plenamente el precio final ni las deducciones que condicionaron el ingreso disponible
por servicio (OIT, 2022).
La organización del tiempo y la asignación de tareas estuvieron vinculadas con sistemas
de clasificación que consideraron las horas de conexión, el trabajo en fines de semana
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y feriados, la disponibilidad durante periodos de alta demanda y la aceptación de
pedidos. La categoría obtenida condicionó tanto la posibilidad de seleccionar horarios
posteriores como la frecuencia con la que el algoritmo remitió nuevas solicitudes, de
modo que la ausencia en un turno planificado o el rechazo de encargos redujo la
puntuación y el volumen futuro de trabajo. Las evaluaciones del cliente y del
establecimiento también incidieron en la categoría, incluso cuando valoraron factores
ajenos al servicio de reparto, como la integridad o la temperatura del producto. Un
testimonio documentó una espera de 40 minutos en el establecimiento frente a un
margen previsto de diez minutos, situación tras la cual el trabajador quedó expuesto a
una queja y al bloqueo de la aplicación. En conjunto, la distribución de tareas, el acceso
a horarios y la continuidad de los ingresos dependieron de métricas cuyo funcionamiento
no fue comunicado detalladamente a los participantes (OIT, 2022).
Los mecanismos disciplinarios se manifestaron mediante disminución de puntos,
descenso de categoría, suspensiones temporales y bloqueos definitivos de la cuenta.
La revisión de un expediente judicial registró conexiones superiores a ocho horas
durante los siete días de la semana, instrucciones para mantener la actividad en
contextos de paralización y sanciones progresivas que culminaron en la exclusión de la
plataforma. Los canales de reclamación presentaron respuestas automatizadas y un
acceso limitado a revisión humana, mientras los testimonios señalaron bloqueos
asociados con robos, interrupciones justificadas, malas calificaciones y reportes de
clientes o establecimientos. De forma complementaria, la evaluación de diez
plataformas efectuada por Fairwork asignó 5 puntos sobre 10 a DigiTaxi, 4 a AzuTaxi y
3 a CleonApp; las otras siete plataformas, equivalentes al 70 % del conjunto evaluado,
obtuvieron cero puntos por falta de evidencia suficiente sobre los principios examinados.
El hallazgo central quedó configurado por la concentración simultánea del poder de fijar
precios, distribuir tareas, evaluar el rendimiento y restringir el acceso al trabajo, aunque
el carácter cualitativo y documental de los datos no permitió calcular medias,
desviaciones estándar, intervalos de confianza ni valores p para estos indicadores
(Fairwork, 2023; OIT, 2022).
Correspondencia entre la protección laboral ecuatoriana y los estándares
regulatorios aplicables
El análisis documental tuvo como propósito determinar la correspondencia entre la
protección laboral ecuatoriana y los estándares aplicables al trabajo mediante
plataformas digitales. Para ello se codificaron ocho dimensiones: calificación jurídica del
vínculo, formalización contractual, remuneración y tiempo de trabajo, seguridad social,
prevención de riesgos, transparencia algorítmica, revisión humana de decisiones
automatizadas y derechos colectivos. El marco ecuatoriano registró cobertura específica
vigente en 0 de las 8 dimensiones examinadas, equivalente al 0 %, mientras que 6
dimensiones (75 %) quedaron sujetas a las normas laborales generales y al
reconocimiento previo de subordinación. Las dos dimensiones restantes —25 %— no
presentaron disposiciones especiales sobre transparencia algorítmica ni revisión de
bloqueos o desactivaciones. La protección identificada dependió, por tanto, de la
calificación jurídica atribuida a cada vínculo y no de un estatuto específico para las
plataformas digitales (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2022).
La revisión del procedimiento legislativo mostró que Ecuador contó con dos iniciativas
destinadas a regular esta modalidad de trabajo, aunque ninguna constó como ley
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vigente al cierre del análisis. El proyecto relativo al régimen de plataformas digitales
alcanzó un informe para segundo debate presentado el 3 de mayo de 2023 e incorporó
disposiciones sobre contratación, salario, horario, desconexión y libertad de asociación.
Una segunda propuesta, presentada el 18 de diciembre de 2024, figuró en el registro
institucional de leyes en proceso y planteó regular la relación laboral entre las empresas
de plataformas y sus trabajadores. En consecuencia, el 100 % de las ocho dimensiones
previstas en esas propuestas mantuvo naturaleza legislativa proyectada y no se
computó como protección exigible. La diferencia entre el contenido propuesto y el
derecho vigente se conservó durante la clasificación documental para evitar atribuir
efectos obligatorios a normas todavía no promulgadas (Asamblea Nacional del Ecuador,
2023, 2024).
La comparación regional registró una cobertura específica superior en Chile y Colombia.
La Ley 21.431 de Chile alcanzó las 8 dimensiones analizadas, equivalentes al 100 %, y
distinguió expresamente entre trabajadores dependientes e independientes; además,
estableció una remuneración mínima por hora incrementada en 20 %, un periodo de
desconexión de 12 horas continuas dentro de cada ciclo de 24 horas y un aviso de
terminación de 30 días para quienes acumularon al menos seis meses de servicios
continuos. La norma chilena también fijó un plazo de 15 días hábiles para entregar los
datos personales solicitados por el trabajador y exigió un seguro de daños con cobertura
mínima anual de 50 unidades de fomento. La codificación mostró así una diferencia de
ocho dimensiones de regulación específica entre Chile y Ecuador (Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile [BCN], 2022).
El régimen colombiano incorporado por la Ley 2466 de 2025 registró regulación
específica en 6 de las 8 dimensiones, equivalente al 75 %, junto con cobertura parcial
en remuneración y tiempo de trabajo y aplicación general en materia colectiva. Para los
trabajadores independientes de reparto, la plataforma asumió el 60 % de los aportes a
salud y pensión, mientras el trabajador cubrió el 40 %; asimismo, el ingreso base de
cotización se calculó sobre el 40 % de los ingresos recibidos y la empresa financió el
100 % de la cobertura de riesgos laborales. La norma también reconoció el derecho a
solicitar revisión humana de decisiones automatizadas y prohibió la suspensión,
restricción o cancelación injustificada de la cuenta. Frente a estos resultados, el
Convenio núm. 193 de la OIT cubrió las ocho dimensiones utilizadas en la matriz,
aunque registró cero ratificaciones al cierre del estudio; por tratarse de datos
documentales categóricos, no se estimaron medias, desviaciones estándar, intervalos
de confianza ni valores p (Congreso de Colombia, 2025; OIT, 2026).
4. Discusión
El estudio analiza la adecuación del derecho laboral ecuatoriano frente al trabajo
mediado por plataformas y muestra que la autonomía formal convive con una
dependencia económica y organizativa relevante. La ausencia de contrato para el 83 %
de los trabajadores, el uso de la plataforma como principal fuente de ingresos para el 79
% y la falta de afiliación a la seguridad social para el 96 % sugieren que la flexibilidad
contractual no se traduce necesariamente en capacidad real de negociación. Este
patrón adquiere mayor relevancia porque el 86 % percibe ingresos inferiores al salario
básico y una parte significativa asume directamente los costos operativos de la
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actividad. Los resultados coinciden con la caracterización de precariedad y transferencia
de riesgos documentada en Ecuador y América Latina, aunque deben entenderse como
asociaciones descriptivas y no como efectos causales de la intermediación digital (Maya
et al., 2022; Robles et al., 2023).
La evidencia sobre gestión algorítmica amplía esta interpretación, pues la fijación de
tarifas, la asignación de pedidos, las calificaciones y el bloqueo de cuentas concentran
facultades funcionalmente semejantes a la dirección y disciplina laboral. Las comisiones
documentadas, que oscilan entre el 9,5 % y el 25 %, junto con la reducción de
oportunidades derivada del rechazo de tareas o de puntuaciones desfavorables,
parecen limitar la autonomía efectiva pese a la libertad formal de conexión. Esta lectura
converge con la OIT (2022), que identifica mecanismos de control digital opacos, y con
Ogunde (2024), quien advierte que la administración algorítmica puede organizar y
sancionar el trabajo sin recurrir a supervisores tradicionales. Asimismo, que siete de las
diez plataformas evaluadas obtengan cero puntos y ninguna supere 5 sobre 10 refuerza
el diagnóstico de protección insuficiente, aunque la falta de evidencia empresarial no
equivale automáticamente a la inexistencia absoluta de prácticas protectoras (Fairwork,
2023).
La comparación normativa indica que el principal problema ecuatoriano no radica
únicamente en la ausencia de derechos laborales generales, sino en que su aplicación
depende de reconocer previamente la subordinación en cada caso. La cobertura
específica de 0 de 8 dimensiones contrasta con las ocho dimensiones reguladas en
Chile y las seis incorporadas de manera expresa en Colombia, especialmente en
seguridad social, transparencia algorítmica y revisión humana de decisiones
automatizadas. Esta divergencia respalda el planteamiento de Albornoz y Chávez
(2024), según el cual la economía de plataformas desafía las categorías binarias de
trabajador dependiente e independiente, y coincide con la necesidad regional de
establecer protecciones mínimas con independencia de la denominación contractual
(Robles et al., 2023). Desde una perspectiva práctica, los hallazgos sugieren que una
regulación proporcional debería articular remuneración, jornada, riesgos laborales,
datos y mecanismos de reclamación, mientras el Convenio núm. 193 ofrece un referente
reciente cuya eficacia depende de su ratificación e implementación nacional (OIT, 2026).
La interpretación debe realizarse con cautela porque los resultados integran fuentes
documentales y estadísticas correspondientes a periodos, universos y procedimientos
distintos, y no proceden de la encuesta propia proyectada inicialmente. El carácter
transversal, el reclutamiento no probabilístico previsto y la inexistencia de un registro
actualizado de trabajadores limitan la generalización, mientras los datos agregados
impiden estimar relaciones significativas entre ingresos, jornada, migración, género y
control algorítmico. Las investigaciones futuras deberían construir marcos poblacionales
oficiales, aplicar diseños longitudinales y comparar ingresos netos, desactivaciones y
acceso a protección social antes y después de reformas regulatorias; también conviene
examinar de forma diferenciada reparto, transporte y trabajo digital en línea (INEC, 2024;
OIT, 2025). Pese a estas restricciones, el estudio contribuye a cerrar la brecha
identificada al vincular condiciones socioeconómicas, subordinación algorítmica y
cobertura normativa, mostrando que la discusión jurídica requiere indicadores
observables de poder y dependencia, no solo la denominación formal del contrato
(Albornoz & Chávez, 2024).
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5. Conclusiones
Los resultados permiten concluir que el derecho laboral ecuatoriano no responde de
manera suficiente a las particularidades del trabajo mediado por plataformas digitales,
porque la protección efectiva continúa dependiendo del reconocimiento previo de una
relación subordinada. Aunque estas actividades se presentan formalmente como
autónomas y flexibles, la evidencia examinada muestra una combinación de
dependencia económica, control organizativo y exposición individual a costos y riesgos.
La inexistencia de regulación específica en las ocho dimensiones analizadas confirma
una brecha entre el funcionamiento real de las plataformas y las categorías jurídicas
tradicionales. En consecuencia, la adecuación normativa requiere valorar los hechos
materiales del vínculo y no limitarse a la denominación contractual adoptada por las
empresas.
La integración de los objetivos específicos evidencia que las condiciones contractuales
y socioeconómicas se caracterizan por baja formalización, ingresos insuficientes,
jornadas extensas y acceso limitado a la seguridad social. Al mismo tiempo, la fijación
unilateral de tarifas, la asignación automatizada de tareas, las calificaciones y el bloqueo
de cuentas configuran indicadores verificables de subordinación algorítmica. La
comparación regional muestra, además, que Ecuador mantiene una cobertura
normativa inferior a la registrada en Chile y Colombia, donde existen reglas expresas
sobre contratación, cotización, desconexión y revisión humana. Considerados
conjuntamente, estos hallazgos sugieren que la autonomía declarada no siempre
coincide con la capacidad efectiva de negociar las condiciones de prestación del
servicio.
El aporte principal del estudio consiste en vincular cinco dimensiones que suelen
analizarse de forma separada: remuneración, jornada, protección social, clasificación
jurídica y gestión algorítmica. Esta articulación permite comprender que la precariedad
no deriva de un único factor, sino de la interacción entre dependencia económica,
opacidad tecnológica y ausencia de garantías específicas. En el plano académico, el
trabajo contribuye a superar la oposición rígida entre empleo subordinado y trabajo
autónomo mediante indicadores observables de dirección, control y distribución de
riesgos. En el ámbito institucional y profesional, los resultados ofrecen una base para
revisar la suficiencia de los criterios jurídicos utilizados en la inspección, la contratación
y la resolución de controversias laborales.
A partir de estos resultados, se recomienda avanzar hacia reglas proporcionales que
garanticen transparencia algorítmica, mecanismos de reclamación, cobertura de riesgos
y acceso efectivo a la seguridad social, sin desconocer la diversidad de modelos de
plataforma. Las futuras investigaciones deberían construir registros oficiales de
trabajadores, diferenciar entre reparto, transporte y trabajo digital en línea, y aplicar
diseños longitudinales que permitan observar cambios en ingresos, jornadas y
desactivaciones. También resulta pertinente evaluar los efectos de eventuales reformas
sobre empresas, trabajadores y sistemas contributivos, evitando asumir resultados
antes de su implementación. Dentro del alcance descriptivo del estudio, la contribución
central radica en demostrar que la protección laboral en la economía digital debe
responder al poder efectivo ejercido sobre el trabajo y no únicamente a la forma
contractual utilizada.
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