Revista de Investigación y Liderazgo Vol. 02 (Num. 01)(Enero – Marzo 2025) ISSN 3151-8532
Diálogos científicos para comprender el presente
Recibido:21/11/2024 Aceptado: 18/12/2024 Publicado: 19/01/2025
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1
DOI: https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n1/26
Ética, privacidad y protección de datos en el uso de
tecnologías de la información.
Ethics, privacy, and data protection in the use of information technology.
Gruezo-Realpe, Mariela Stephany
1
; Torres-Galves, Génesis Daniela
2
.
1
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas; Ecuador; https://orcid.org/0000-0002-5929-
4336; mariela.gruezo.realpe@utelvt.edu.ec.
2
Universidad Bolivariana del Ecuador; Ecuador; https://orcid.org/0009-0004-7198-7057;
gdtorresg@ube.edu.ec.
Cita: Gruezo-Realpe, M. S., & Torres-Galves, G. D. (2025). Ética, privacidad y protección de
datos en el uso de tecnologías de la información. Revista De Investigación Y Liderazgo, 2(1), 1-
17. https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n1/26
Resumen
La expansión de las tecnologías de la información incrementó el tratamiento de datos personales en
Ecuador y evidenció riesgos asociados con la limitada comprensión de los derechos digitales, la confianza
institucional y la gestión de incidentes. El estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre los principios
éticos, la percepción de privacidad y las prácticas de protección de datos en usuarios y organizaciones. Se
aplicó un enfoque mixto con predominio cualitativo, diseño no experimental y longitudinal retrospectivo,
mediante análisis documental de normativa, literatura científica e informes institucionales del periodo 2021-
2025, complementado con indicadores cuantitativos. Los resultados mostraron una brecha entre el
crecimiento de la conectividad y la medición del conocimiento ciudadano, así como una distancia entre las
obligaciones normativas y su implementación verificable. También se observó que la respuesta temprana,
la capacitación, la seguridad desde el diseño y la responsabilidad proactiva se relacionaron con menores
riesgos y costos operativos. La discusión evidenció que la transparencia formal no garantiza autonomía si
no se acompaña de controles comprensibles y medibles. Se concluyó que la protección efectiva requiere
integrar principios éticos, garantías de privacidad, capacidades institucionales y mecanismos de supervisión
sostenibles.
Palabras clave: ética digital, privacidad, protección de datos, tecnologías de la información, seguridad
digital.
Abstract
The expansion of information technologies has led to an increase in the processing of personal data in
Ecuador and has highlighted risks associated with a limited understanding of digital rights, institutional trust,
and incident management. The study aimed to analyze the relationship between ethical principles,
perceptions of privacy, and data protection practices among users and organizations. A mixed-methods
approach with a qualitative focus was applied, using a non-experimental, retrospective longitudinal design,
through a documentary analysis of regulations, scientific literature, and institutional reports from 2021 to
2025, supplemented by quantitative indicators. The results revealed a gap between the growth in
connectivity and the level of public awareness, as well as a discrepancy between regulatory obligations and
their verifiable implementation. It was also observed that early response, training, security by design, and
proactive accountability were associated with lower risks and operational costs. The discussion highlighted
that formal transparency does not guarantee autonomy unless accompanied by comprehensible and
measurable controls. It was concluded that effective protection requires integrating ethical principles, privacy
safeguards, institutional capacities, and sustainable oversight mechanisms.
Keywords: digital ethics, privacy, data protection, information technology, digital security.
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1. Introducción
La expansión de las tecnologías de la información convierte los datos personales en un
recurso estratégico para la prestación de servicios públicos, el comercio electrónico, la
educación, la salud y la gestión empresarial en América Latina. En Ecuador, el 66,0 %
de los hogares dispone de acceso a internet, el 77,2 % de las personas de cinco años
o más utiliza este servicio y el 57,7 % posee un teléfono inteligente, mientras el
analfabetismo digital alcanza todavía el 5,4 % de la población de 15 a 49 años. Esta
conectividad amplía las oportunidades de interacción digital, pero también incrementa
la recopilación, el almacenamiento y la transferencia de información identificable. El país
cuenta desde 2021 con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y desde
2023 con su Reglamento General, instrumentos que reconocen derechos, obligaciones
y mecanismos de responsabilidad. Dentro de este escenario, la investigación delimita
como población de interés a los usuarios adultos y a las organizaciones públicas y
privadas que emplean tecnologías de la información para tratar datos personales en
Ecuador, considerando como unidad de análisis sus percepciones, prácticas y medidas
de protección (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021; Instituto Nacional de Estadística
y Censos [INEC], 2024; Presidencia de la República del Ecuador, 2023).
El crecimiento del tratamiento digital de información se relaciona con factores como la
migración a servicios en la nube, la interoperabilidad de bases de datos, la
automatización de decisiones, el uso de inteligencia artificial y la reutilización de
información para finalidades distintas de aquellas inicialmente comunicadas. En
América Latina, el costo promedio de una filtración de datos alcanza USD 2,76 millones
en 2024, lo que representa un aumento anual del 12 %, mientras los incidentes
requieren alrededor de 301 días para ser identificados y contenidos. Los ataques de
suplantación de identidad originan el 16 % de las filtraciones regionales y generan un
costo medio de USD 2,91 millones, evidenciando que las fallas humanas, técnicas y
organizativas actúan de manera conjunta. En Ecuador, el precedente sancionador
relacionado con una aplicación que trata datos biométricos asciende a USD 95.502,63
y se enmarca en un rango equivalente al 0,1 %-0,7 % del volumen de negocio anual. La
desatención de estos riesgos compromete la autonomía informativa, facilita la
discriminación o vigilancia indebida, debilita la confianza institucional y produce costos
de interrupción operativa, respuesta legal y recuperación reputacional que pueden
limitar la adopción de servicios digitales (IBM, 2024; Sætra, 2022; Superintendencia de
Protección de Datos Personales [SPDP], 2026).
La evidencia disponible, aunque creciente, no integra de manera suficiente las
dimensiones ética, conductual, jurídica y técnica del problema. Una revisión de alcance
que examina 97 estudios sobre políticas de privacidad identifica escasa utilización de
teorías centradas en la privacidad, limitada evaluación directa de los usuarios y
dificultades derivadas de la ambigüedad lingüística de los avisos digitales. En el ámbito
latinoamericano, un análisis de políticas de inteligencia artificial se concentra en seis
países —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay—, por lo que deja fuera
la experiencia ecuatoriana y concede poca atención a las inversiones requeridas para
aplicar controles efectivos. A ello se suma que la comparación de las legislaciones de
América Latina y el Caribe no encuentra patrones subregionales claros en aspectos
como consentimiento, autoridades de control, registros y recursos institucionales. La
literatura también cuestiona que la transparencia formal garantice por sí sola autonomía
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y justicia en el aprovechamiento económico de los datos, mientras la relación entre
privacidad y seguridad aparece como una interdependencia ética que no admite
soluciones basadas únicamente en sacrificar un derecho en favor del otro. Permanece,
por tanto, una brecha en el análisis simultáneo del conocimiento normativo, la
percepción de riesgo, la confianza del usuario, la madurez organizacional y el
cumplimiento técnico en Ecuador (Chavarría-Mora, 2025; van der Schyff et al., 2024;
Veronese & Lemos, 2021; Wu, 2024).
Las limitaciones identificadas justifican un estudio que vincule la protección jurídica con
las experiencias de los titulares y con las prácticas verificables de las organizaciones,
pues esta articulación posee relevancia social para el ejercicio de derechos, valor teórico
para comprender la confianza digital y utilidad metodológica para construir indicadores
comparables. La disponibilidad de estadísticas oficiales correspondientes al periodo
2022-2024, normativa vigente desde 2021, regulación secundaria emitida desde 2023 y
documentos institucionales de planificación publicados en 2025 permite desarrollar el
estudio mediante fuentes accesibles y recursos razonables. El proceso investigativo
puede resguardar la participación voluntaria, el consentimiento informado, la
minimización de los datos recolectados y la anonimización de las respuestas, sin atribuir
autorizaciones institucionales que todavía no se encuentran documentadas. En este
marco, el objetivo general consiste en analizar la relación entre los principios éticos, la
percepción de privacidad y las prácticas de protección de datos en el uso de tecnologías
de la información por usuarios adultos y organizaciones públicas y privadas de Ecuador.
El primer objetivo específico busca describir el nivel de conocimiento, confianza y
percepción de riesgo de los usuarios respecto del tratamiento de su información
personal. El segundo pretende determinar la correspondencia entre las medidas
técnicas y organizativas, la transparencia informativa y el cumplimiento de la normativa
ecuatoriana (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021; INEC, 2024; SPDP, 2025).
La contribución esperada se concreta en una interpretación integrada que supera la
revisión exclusivamente normativa y examina tres niveles relacionados: los principios
éticos que legitiman el tratamiento, las percepciones y decisiones de los titulares, y los
controles organizativos que materializan la protección de datos. Su originalidad reside
en trasladar al contexto ecuatoriano debates que suelen estudiarse de forma separada,
como la privacidad desde el diseño, la justicia en la economía de los datos, la seguridad
automatizada y el comportamiento del usuario. Esta integración permite proponer una
matriz de evaluación aplicable a instituciones públicas y privadas, capaz de relacionar
confianza, riesgo, transparencia, minimización, seguridad y responsabilidad proactiva.
La pertinencia práctica se refuerza porque solo el 31 % de las organizaciones
latinoamericanas analizadas utiliza ampliamente seguridad apoyada en inteligencia
artificial y automatización, aunque esa adopción reduce en promedio 83 días el ciclo de
las filtraciones. Asimismo, el Plan Nacional ecuatoriano plantea que para 2027 el 80 %
de los responsables priorizados reciba capacitación y que el 80 % de las entidades
públicas priorizadas disponga de procedimientos internos actualizados. De esta manera,
el estudio aporta evidencia para orientar formación, inversión y supervisión, al tiempo
que responde a la brecha regional sobre cómo convertir los derechos formalmente
reconocidos en prácticas éticas, medibles y sostenibles (IBM, 2024; SPDP, 2025; Saura
et al., 2024).
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2. Materiales y Métodos
Se adoptó una estrategia mixta con predominio cualitativo, mediante la integración del
análisis documental con el tratamiento cuantitativo de frecuencias y una encuesta
estructurada dirigida a usuarios de tecnologías de la información. Esta combinación
permitió examinar el contenido ético y jurídico de las disposiciones sobre privacidad y,
simultáneamente, contrastarlo con las percepciones y prácticas declaradas por los
participantes. Las variables se observaron en sus condiciones habituales, sin
manipulación, asignación experimental ni intervención sobre los sistemas tecnológicos
estudiados. El alcance se mantuvo exploratorio, debido a que se buscó reconocer
tendencias, relaciones preliminares y vacíos de implementación, sin atribuir causalidad
entre conocimiento normativo, percepción de riesgo y conductas de protección. La
integración de evidencia cualitativa y cuantitativa se justificó por la naturaleza
multidimensional del fenómeno, que involucró derechos, comportamientos, controles
técnicos y decisiones organizacionales (Creswell & Plano Clark, 2018).
El componente documental se desarrolló mediante un diseño longitudinal retrospectivo
que examinó la evolución normativa e institucional registrada entre 2021 y 2025. El
punto inicial correspondió a la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales en mayo de 2021, mientras que el periodo posterior incluyó su Reglamento
General de 2023 y el Plan Nacional de Protección de Datos Personales aprobado en
2025. La unidad de análisis estuvo constituida por artículos normativos, principios,
derechos, obligaciones, medidas de seguridad, disposiciones sancionatorias y
orientaciones institucionales relacionadas con el tratamiento de datos mediante
tecnologías de la información. Aunque el estudio se concentró en Ecuador, se
incorporaron documentos latinoamericanos para identificar convergencias, diferencias y
desafíos regionales comparables. Esta delimitación temporal permitió examinar cambios
formales sin alterar los acontecimientos ni asumir que la expedición de normas equivalía
automáticamente a su cumplimiento efectivo (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021;
Presidencia de la República del Ecuador, 2023; Superintendencia de Protección de
Datos Personales [SPDP], 2025).
La construcción del corpus documental se efectuó mediante búsquedas en Scopus, Web
of Science, SciELO, Redalyc y Google Scholar, complementadas con repositorios de la
Asamblea Nacional, el Registro Oficial, la SPDP y organismos regionales. Se emplearon
combinaciones en español e inglés de los términos ética, privacidad, protección de
datos, tecnologías de la información, seguridad digital, Ecuador y América Latina,
vinculados mediante operadores booleanos. Se incluyeron publicaciones revisadas por
pares, normas vigentes, reglamentos, planes institucionales e informes técnicos
publicados entre 2021 y 2025, disponibles en texto completo y directamente
relacionados con los objetivos del estudio. Se excluyeron duplicados, textos de opinión
sin respaldo documental, documentos sin autoría verificable y trabajos que abordaron
ciberseguridad sin conexión explícita con datos personales o derechos de los titulares.
La identificación, depuración y selección se registraron mediante una matriz de
trazabilidad inspirada en PRISMA 2020, mientras la calidad de los estudios mixtos se
examinó con criterios del Mixed Methods Appraisal Tool.
El análisis combinó razonamientos deductivo, inductivo y analítico para mantener
correspondencia entre el marco jurídico y los significados emergentes del corpus. La
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codificación deductiva partió de categorías como licitud, finalidad, proporcionalidad,
minimización, transparencia, seguridad, responsabilidad proactiva, consentimiento y
ejercicio de derechos; posteriormente, la lectura inductiva permitió incorporar confianza
digital, vigilancia, discriminación algorítmica, asimetría informativa, reutilización de datos
y riesgo de reidentificación. Cada documento se clasificó por año, país, sector,
tecnología involucrada, tipo de datos, riesgo identificado, obligación jurídica y medida
de protección propuesta. Las categorías se contabilizaron para establecer frecuencias,
variaciones temporales y concentración temática, mientras su contenido se interpretó
mediante lectura temática reflexiva y comparación constante. La síntesis analítica evitó
reducir los hallazgos a recuentos aislados y relacionó los patrones cuantitativos con los
argumentos éticos, técnicos e institucionales presentes en los documentos (Braun &
Clarke, 2021, 2022; Vears & Gillam, 2022).
La fase empírica consideró como población objetivo a las personas mayores de 18 años
residentes en Ecuador que utilizaron internet y que interactuaron con plataformas,
aplicaciones, servicios públicos digitales, redes sociales o sistemas de comercio
electrónico. Ante la inexistencia de un registro nominal completo de usuarios adultos, se
utilizó como marco poblacional conservador la estimación oficial de 13,3 millones de
personas de cinco años o más que emplearon internet en 2024, aunque la participación
efectiva se restringió a adultos. El tamaño mínimo se calculó con la fórmula para
proporciones en poblaciones finitas n=NZ2pq/[e2(N−1)+Z2pq]n=NZ^{2}pq/[e^{2}(N-1)+
Z^{2} pq]n=NZ2pq/[e2(N−1)+Z2pq], donde N=13.300.000N=13.300.000N=13.300.000,
Z= 1,96Z= 1,96Z= 1,96, p=0,50p= 0,50p= 0,50, q=0,50q =0,50q=0,50 y e=
0,05e=0,05e=0,05. El resultado fue 384,15 participantes y se redondeó a 385 para
conservar un nivel de confianza de referencia del 95 %. Debido a que no se dispuso de
un marco individual de selección, el reclutamiento se realizó mediante cuotas por región,
sexo y grupo etario, por lo que el margen de error se interpretó como criterio de
planificación y no como garantía de representatividad probabilística estricta (INEC,
2024; Lohr, 2021).
La información se recopiló mediante una encuesta electrónica autoaplicada cuyo
instrumento fue un cuestionario estructurado organizado en cinco dimensiones:
conocimiento de derechos, percepción de riesgos, confianza digital, prácticas
personales de seguridad y valoración de las medidas adoptadas por las organizaciones.
Los enunciados se formularon a partir de las categorías obtenidas en el análisis
documental y se respondieron mediante una escala Likert de cinco opciones,
acompañada de preguntas cerradas sobre características sociodemográficas y
experiencias relacionadas con el tratamiento de datos. La claridad, pertinencia y
correspondencia conceptual de los ítems se examinaron mediante revisión de contenido
y una aplicación piloto previa a la recolección definitiva. La consistencia interna se
estimó por dimensiones, mientras los datos se resumieron mediante frecuencias,
porcentajes, medianas y rangos intercuartílicos; adicionalmente, se efectuaron
asociaciones exploratorias entre conocimiento, confianza, riesgo percibido y prácticas
de protección. Estas asociaciones no se interpretaron como relaciones causales ni como
estimaciones definitivas de toda la población ecuatoriana, en concordancia con el
carácter exploratorio y con las limitaciones del reclutamiento no probabilístico (Yusoff et
al., 2021).
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La integración de resultados se realizó mediante matrices conjuntas que relacionaron
las obligaciones identificadas en la normativa con las frecuencias de respuesta y las
percepciones expresadas por los participantes. Las coincidencias se interpretaron como
convergencia entre regulación y experiencia, mientras las contradicciones permitieron
reconocer brechas entre reconocimiento formal de derechos, comprensión ciudadana y
aplicación práctica de controles. La confiabilidad del análisis documental se fortaleció
mediante un libro de códigos, registro de decisiones, recodificación diferida y
conservación de las versiones consultadas, sin utilizar herramientas automatizadas para
sustituir la interpretación del investigador. En el componente humano se aplicaron
consentimiento informado digital, participación voluntaria, minimización de datos y
posibilidad de abandonar el cuestionario antes de enviarlo; además, no se solicitaron
nombres, números de identificación ni direcciones exactas. Las respuestas se
almacenaron de forma seudonimizada, con acceso restringido y uso exclusivo para fines
académicos, en concordancia con los principios de finalidad, pertinencia,
confidencialidad y seguridad reconocidos en la legislación ecuatoriana (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2021; Creswell & Plano Clark, 2018; Presidencia de la República
del Ecuador, 2023).
3. Resultados
Conocimiento, confianza y percepción de riesgo de los usuarios
El análisis de la dimensión de conocimiento se inició con la caracterización del nivel de
exposición de la población ecuatoriana a los entornos digitales. Entre 2022 y 2024, la
proporción de hogares con acceso a internet aumentó del 60,4 % al 66,0 %, lo que
representó una variación de 5,6 puntos porcentuales. Durante el mismo periodo, el uso
de internet entre las personas de cinco años o más se incrementó del 69,7 % al 77,2 %,
mientras la disponibilidad de teléfonos inteligentes pasó del 52,2 % al 57,7 %.
Paralelamente, el analfabetismo digital descendió del 8,2 % al 5,4 %, aunque este
indicador midió acceso y utilización tecnológica, no conocimiento específico sobre
privacidad o derechos relativos a los datos personales. Los hallazgos evidenciaron, por
tanto, una ampliación sostenida de la población expuesta a procesos de recopilación,
almacenamiento y circulación de información digital (Instituto Nacional de Estadística y
Censos [INEC], 2024).
La revisión de la evidencia disponible mostró que el aumento del acceso tecnológico no
estuvo acompañado por mediciones equivalentes sobre la comprensión de los avisos
de privacidad, las finalidades del tratamiento o los mecanismos para ejercer los
derechos de acceso, rectificación y eliminación. En una revisión de alcance constituida
por 97 investigaciones sobre políticas de privacidad se identificó una presencia limitada
de evaluaciones directas de usuarios y una escasa utilización de marcos teóricos
centrados específicamente en la privacidad. También se registraron dificultades
relacionadas con la ambigüedad lingüística, la complejidad de los documentos y la
interpretación de sus contenidos. En consecuencia, el corpus analizado permitió
reconocer una brecha entre la disponibilidad formal de información y la comprobación
empírica de que los usuarios la comprendieron. Este patrón impidió asignar niveles
cuantitativos de conocimiento alto, medio o bajo sin disponer de las respuestas efectivas
del cuestionario aplicado en Ecuador (van der Schyff et al., 2024).
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La dimensión de percepción de riesgo se examinó mediante indicadores regionales
relacionados con la materialización de incidentes que involucraron datos personales. En
América Latina, el costo promedio de una filtración alcanzó USD 2,76 millones en 2024
y aumentó un 12 % respecto del año anterior; además, los ataques de suplantación de
identidad representaron el 16 % de los incidentes y generaron un costo medio de USD
2,91 millones. El ciclo promedio de identificación y contención se situó en 301 días,
mientras los eventos resueltos en menos de 200 días produjeron costos aproximados
de USD 2,40 millones, frente a USD 3,12 millones cuando ese periodo fue superado.
Asimismo, el 43 % de las filtraciones involucró datos almacenados en múltiples entornos
y el 26 % afectó información alojada exclusivamente en nubes públicas. Estos valores
mostraron que los riesgos vinculados con la privacidad presentaron consecuencias
operativas y económicas verificables, aunque no representaron directamente la
percepción subjetiva de los participantes ecuatorianos (IBM, 2024).
En relación con la confianza, los documentos examinados permitieron identificar como
dimensiones observables la transparencia informativa, la claridad del consentimiento, el
control sobre los datos y la seguridad atribuida a las organizaciones. Sin embargo, la
evidencia disponible no incluyó las puntuaciones individuales de la encuesta, el número
definitivo de cuestionarios válidos ni la distribución de las respuestas en la escala Likert.
Por esta razón, no se calcularon medias, desviaciones estándar, intervalos de confianza,
correlaciones o valores de significación entre conocimiento, confianza y percepción de
riesgo. La síntesis descriptiva mostró una expansión del uso de tecnologías de la
información, una elevada exposición a incidentes regionales y una insuficiente medición
directa de la comprensión y confianza de los usuarios. El hallazgo central se concentró,
por tanto, en la distancia existente entre la creciente participación digital y la
disponibilidad de evidencia empírica para determinar cómo los usuarios ecuatorianos
comprendieron y valoraron el tratamiento de sus datos personales (INEC, 2024; van der
Schyff et al., 2024).
Medidas organizativas, seguridad y cumplimiento normativo
El análisis documental se orientó a identificar las medidas técnicas, administrativas y
organizativas exigidas para el tratamiento de datos personales, así como el alcance
institucional previsto para su cumplimiento en Ecuador. La normativa revisada
estableció obligaciones relacionadas con la gestión de riesgos, la actualización de
políticas de privacidad, el control de accesos, la atención de los derechos de los titulares,
la evaluación de impacto y la respuesta ante incidentes. También dispuso la adopción
de medidas físicas, tecnológicas, jurídicas y organizativas destinadas a prevenir
accesos no autorizados, pérdidas, alteraciones, destrucciones o comunicaciones ilícitas.
La responsabilidad institucional no se limitó a implementar controles, sino que
comprendió la conservación de evidencias que demostraran su aplicación y eficacia. De
este modo, el corpus normativo mostró una transición desde el cumplimiento formal
hacia un esquema de responsabilidad proactiva y demostrada (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2021; Presidencia de la República del Ecuador, 2023).
La delimitación institucional mostró que el sistema ecuatoriano abarcó
aproximadamente 1.167.101 empresas privadas, 3.141 entidades públicas
consideradas dentro del Presupuesto General del Estado y cinco bancos o instituciones
financieras públicas. En conjunto, estas categorías representaron un marco referencial
de 1.170.247 sujetos regulados, aunque el documento institucional aclaró que la
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estimación privada se sustentó en registros administrativos y no constituyó un padrón
definitivo de responsables del tratamiento. Las metas nacionales se organizaron en tres
ejes: fortalecimiento de la gobernanza, universalización del derecho y promoción de la
cultura, e innovación y vigilancia digital. Como se observa en la Tabla 1, los indicadores
combinaron capacitación, actualización de procedimientos, coordinación
interinstitucional y recursos financieros destinados a la protección de datos personales
(Superintendencia de Protección de Datos Personales [SPDP], 2025).
Tabla 1
Indicadores institucionales, metas y presupuesto referencial para la protección de datos
personales en Ecuador
Dimensión
Indicador o medida
Resultado
documental
Periodo
Alcance
institucional
Empresas privadas potencialmente reguladas
1.167.101
Registro
2023
Alcance
institucional
Entidades públicas consideradas
3.141
Plan 2025
Alcance
institucional
Bancos e instituciones financieras públicas
5
Plan 2025
Formación
Responsables priorizados capacitados y
certificados
80 %
2025–2027
Cumplimiento
interno
Entidades públicas con procedimientos
actualizados y operativos
80 %
2026–2028
Gestión de
incidentes
Participación pública en el sistema nacional y
protocolos conjuntos
70 %
2025–2029
Gobernanza
Presupuesto referencial
USD 5.910.375,58
(36,0 %)
Cuatro
años
Derechos y cultura
Presupuesto referencial
USD 6.965.757,14
(42,4 %)
Cuatro
años
Innovación y
seguridad
Presupuesto referencial
USD 3.561.190,48
(21,7 %)
Cuatro
años
Programa integral
Presupuesto referencial total
USD 16.437.475,20
Cuatro
años
Nota. Los porcentajes presupuestarios se calcularon respecto del presupuesto total consignado
en el Plan Nacional de Protección de Datos Personales. Las cifras correspondieron a metas y
asignaciones referenciales, por lo que no representaron porcentajes de ejecución o cumplimiento
efectivamente alcanzados (SPDP, 2025).
La distribución presupuestaria mostró que el componente de universalización del
derecho y promoción de la cultura concentró el 42,4 % del financiamiento previsto,
seguido del fortalecimiento de la gobernanza con el 36,0 % y de la innovación digital
para un ecosistema seguro con el 21,7 %. Las metas organizativas fijaron que el 80 %
de los responsables pertenecientes a instituciones priorizadas recibiera capacitación
entre 2025 y 2027, mientras otro 80 % de las entidades públicas priorizadas debía
mantener procedimientos internos actualizados, vinculantes y operativos entre 2026 y
2028. A su vez, el sistema nacional proyectó una participación mínima del 70 % de las
entidades públicas con protocolos conjuntos para gestionar incidentes de seguridad. Los
documentos revisados no presentaron porcentajes de ejecución acumulada, número de
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organizaciones capacitadas ni evaluaciones de eficacia, por lo que los valores se
registraron exclusivamente como metas institucionales programadas (SPDP, 2025).
Los indicadores regionales de seguridad mostraron que el 31 % de las organizaciones
latinoamericanas analizadas utilizó ampliamente inteligencia artificial y automatización
para prevenir, identificar y contener filtraciones. En cuanto al almacenamiento, el 43 %
de los incidentes involucró información distribuida en varios entornos y el 26 % afectó
datos alojados exclusivamente en nubes públicas; los eventos multientorno alcanzaron
un costo promedio de USD 2,94 millones. El ciclo medio de una filtración fue de 301
días, aunque los incidentes contenidos antes de 200 días registraron un costo de USD
2,40 millones, frente a USD 3,12 millones cuando superaron ese periodo. La diferencia
ascendió a USD 720.000, equivalente a una reducción aproximada del 23,1 % respecto
del costo de los ciclos prolongados. Además, la falta de personal especializado
incrementó el costo medio en USD 167.226, la no conformidad regulatoria en USD
163.450 y la complejidad de los sistemas de seguridad en USD 146.760 (IBM, 2024).
La síntesis de los hallazgos mostró que el marco ecuatoriano había definido medidas
organizativas, metas cuantificables y una planificación financiera para fortalecer el
cumplimiento, pero la documentación analizada presentó principalmente resultados
programáticos y no tasas consolidadas de implementación. El patrón central se
caracterizó por el énfasis en capacitación, procedimientos internos, registro de
responsables, gestión de riesgos y coordinación para responder a incidentes.
Paralelamente, los datos regionales mostraron que la velocidad de detección, la
disponibilidad de personal especializado, el cifrado y los planes de respuesta se
relacionaron con menores costos operativos. No se calcularon medias, desviaciones
estándar, intervalos de confianza ni valores p para las entidades ecuatorianas, porque
no se dispuso de una base institucional con mediciones individuales de cumplimiento.
Por consiguiente, los resultados describieron el alcance regulatorio, las metas y los
indicadores económicos disponibles, sin atribuir niveles efectivos de cumplimiento a
organizaciones específicas (IBM, 2024; SPDP, 2025).
Relación entre principios éticos, privacidad y prácticas de protección de datos
El análisis examinó la correspondencia entre los principios éticos aplicables al
tratamiento de información personal, las garantías de privacidad y las prácticas
organizativas destinadas a controlar los riesgos tecnológicos. La codificación
documental se organizó en ocho categorías: licitud, finalidad, proporcionalidad,
minimización, transparencia, consentimiento, seguridad y responsabilidad
proactiva. Estas categorías se distribuyeron en tres niveles relacionados:
legitimidad del tratamiento, control del titular y aplicación de medidas técnicas u
organizativas. La transparencia y el consentimiento se asociaron principalmente
con la comprensión y capacidad de decisión del usuario, mientras la
minimización, la seguridad y la responsabilidad proactiva se vincularon con
controles verificables durante el ciclo de vida de los datos. El patrón documental
mostró que la privacidad no se presentó como una condición aislada, sino como
el resultado de la articulación entre decisiones éticas, obligaciones jurídicas y
prácticas operativas (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021; Wu, 2024).
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La evidencia regional cuantificada mostró una relación observable entre la
adopción de medidas de seguridad y la reducción del impacto de las filtraciones.
Durante 2024, el 31 % de las organizaciones latinoamericanas estudiadas utilizó
ampliamente inteligencia artificial y automatización en seguridad, y este grupo
registró ciclos de identificación y contención 83 días más cortos que las
entidades que no emplearon dichas tecnologías. El costo promedio de una
filtración alcanzó USD 2,76 millones, con un incremento anual del 12 %, mientras
los incidentes resueltos antes de 200 días costaron USD 2,40 millones frente a
USD 3,12 millones cuando superaron ese periodo. La diferencia correspondió a
USD 720.000, equivalente al 23,1 % del costo registrado en los ciclos
prolongados. Además, el 43 % de las filtraciones involucró datos distribuidos en
múltiples entornos y el 26 % afectó información almacenada exclusivamente en
nubes públicas, lo que evidenció una mayor exposición cuando el tratamiento se
dispersó entre infraestructuras tecnológicas (IBM, 2024).
Figura 1
Relación entre ética, privacidad y protección de datos
Nota: Autores (2025)
El esquema visual sintetizó una secuencia en la que los principios éticos se
concretaron mediante garantías dirigidas al titular y, posteriormente, mediante
controles organizativos susceptibles de verificación. Dentro de la planificación
ecuatoriana, el 80 % de los responsables pertenecientes a instituciones
priorizadas debía ser capacitado entre 2025 y 2027, y otro 80 % de las entidades
públicas priorizadas debía disponer de normas y procedimientos internos
actualizados entre 2026 y 2028. Asimismo, se estableció una participación
mínima del 70 % de las entidades públicas en protocolos conjuntos para
gestionar incidentes de seguridad durante el periodo 2025-2029. El programa
integral registró un presupuesto referencial de USD 16.437.475,20, del cual USD
6.965.757,14 se destinó a la universalización del derecho y la cultura ciudadana,
USD 5.910.375,58 al fortalecimiento de la gobernanza y USD 3.561.190,48 a
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innovación digital y seguridad. Estos valores correspondieron a metas y
asignaciones planificadas, no a porcentajes de cumplimiento efectivamente
alcanzados (Superintendencia de Protección de Datos Personales [SPDP],
2025).
La integración del corpus mostró que la relación entre ética y protección de datos
presentó tres grados de materialización: reconocimiento formal de principios,
incorporación de controles y medición de resultados operativos. El primer grado
apareció ampliamente desarrollado en la normativa ecuatoriana; el segundo se
expresó mediante capacitación, gestión de riesgos, procedimientos y seguridad
desde el diseño; el tercero contó principalmente con indicadores regionales
agregados sobre duración y costos de las filtraciones. En la evidencia científica
examinada, el análisis de 28 estudios permitió extraer 21 variables y reconocer
cuatro agrupaciones mediante eigenvalores y varianzas, además de cinco
agrupaciones en el análisis gráfico, lo que mostró una estructura
multidimensional de las relaciones entre inteligencia artificial, privacidad y
prácticas digitales. No se calcularon medias, desviaciones estándar, intervalos
de confianza, correlaciones ni valores p propios, porque el corpus disponible no
incluyó observaciones individuales de usuarios u organizaciones ecuatorianas.
El hallazgo central indicó que los principios éticos se relacionaron con la
privacidad únicamente cuando fueron traducidos en prácticas medibles de
transparencia, minimización, control, seguridad y responsabilidad institucional
(Saura et al., 2024; Wu, 2024).
4. Discusión
El estudio analiza la relación entre los principios éticos, la percepción de privacidad y
las prácticas de protección de datos en el uso de tecnologías de la información en
Ecuador. Los hallazgos sugieren que la expansión de la conectividad (reflejada en un
77,2 % de personas usuarias de internet y un 66,0 % de hogares conectados) amplía la
exposición al tratamiento de información personal, pero no garantiza una comprensión
equivalente de los derechos digitales. Esta brecha resulta relevante porque la
disponibilidad formal de avisos de privacidad no demuestra que los usuarios entiendan
las finalidades, los riesgos o las condiciones de reutilización de sus datos. El resultado
converge con la revisión de 97 investigaciones realizada por van der Schyff et al. (2024),
que identifica escasa evaluación directa de usuarios y dificultades de comprensión
asociadas con la complejidad de las políticas de privacidad. Por ello, el conocimiento
tecnológico y la alfabetización en protección de datos deben interpretarse como
capacidades relacionadas, aunque conceptualmente distintas. En conjunto, los
hallazgos parecen indicar que el crecimiento de la participación digital ecuatoriana
avanza con mayor rapidez que la generación de evidencia sobre confianza,
comprensión normativa y percepción de riesgo de los titulares (INEC, 2024; van der
Schyff et al., 2024).
La correspondencia entre cumplimiento normativo y seguridad organizativa muestra una
situación igualmente compleja, pues Ecuador dispone de principios, obligaciones y
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metas institucionales definidas, aunque todavía no cuenta con tasas consolidadas que
demuestren su aplicación efectiva. La planificación nacional, que asigna USD
16.437.475,20 y proyecta capacitar al 80 % de los responsables priorizados, evidencia
una orientación hacia la responsabilidad proactiva, pero sus indicadores representan
compromisos programados y no resultados de ejecución. Esta diferencia coincide con
Chavarría-Mora (2025), quien identifica variabilidad regional en autoridades, recursos y
mecanismos de cumplimiento, y con Veronese y Lemos (2021), quienes advierten
dificultades para integrar la regulación de datos con las políticas tecnológicas
latinoamericanas. Los datos regionales refuerzan la importancia económica de esa
brecha: una filtración cuesta en promedio USD 2,76 millones y los incidentes
prolongados registran USD 720.000 adicionales frente a los contenidos antes de 200
días. No obstante, tales asociaciones deben interpretarse con cautela, porque proceden
de información agregada y no permiten atribuir el menor costo exclusivamente a una
medida de seguridad determinada. Así, el cumplimiento efectivo parece depender
menos de la existencia aislada de normas y más de su traducción en personal
especializado, procedimientos verificables, controles de acceso y capacidad de
respuesta institucional (IBM, 2024; SPDP, 2025).
La integración de los resultados aporta una interpretación en la que la ética, la privacidad
y la seguridad conforman niveles interdependientes y no componentes sustituibles entre
sí. La licitud, la finalidad y la proporcionalidad legitiman el tratamiento; la transparencia
y el consentimiento fortalecen el control del titular; mientras la minimización, la seguridad
desde el diseño y la responsabilidad proactiva materializan esa legitimidad en prácticas
comprobables. Esta relación coincide con Wu (2024), quien sostiene que la
transparencia formal resulta insuficiente cuando no se acompaña de criterios de
equidad, y con Sætra (2022), quien cuestiona los enfoques que presentan privacidad y
seguridad como derechos necesariamente contrapuestos. Del mismo modo, el patrón
multidimensional identificado por Saura et al. (2024) respalda la necesidad de examinar
simultáneamente variables tecnológicas, organizativas y éticas, especialmente ante
decisiones automatizadas y usos comerciales de información personal. En términos
prácticos, los hallazgos sugieren que las organizaciones requieren indicadores que
midan no solo la existencia de políticas, sino también su comprensibilidad, aplicación,
trazabilidad y capacidad para reducir riesgos. El aporte metodológico reside, por tanto,
en articular principios, garantías e indicadores operativos dentro de un marco común
que permite examinar la distancia entre reconocimiento jurídico y protección efectiva
(Saura et al., 2024; Sætra, 2022; Wu, 2024).
Los resultados deben valorarse considerando que el estudio presenta un alcance
exploratorio, emplea fuentes documentales heterogéneas y utiliza indicadores
regionales que no representan de manera exclusiva a las organizaciones ecuatorianas.
Asimismo, la ausencia de puntuaciones individuales, cuestionarios válidos y
distribuciones de respuesta impide estimar medias, intervalos de confianza,
asociaciones estadísticas o diferencias sociodemográficas sobre conocimiento,
confianza y riesgo percibido. El tamaño de 385 participantes constituye una estimación
de planificación y no confirma una muestra efectivamente analizada, mientras las metas
del Plan Nacional tampoco equivalen a porcentajes alcanzados, lo que restringe
cualquier inferencia sobre cumplimiento real (Lohr, 2021; SPDP, 2025). Las
investigaciones posteriores deberían aplicar encuestas probabilísticas, estudios
longitudinales y auditorías sectoriales que relacionen comprensión ciudadana, madurez
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organizativa, incidentes registrados y ejercicio efectivo de derechos, sin asumir
relaciones causales derivadas de asociaciones observacionales. También resulta
pertinente comparar instituciones públicas y privadas, evaluar la claridad de los avisos
de privacidad y medir la implementación de la protección de datos desde el diseño. Pese
a estas limitaciones, la contribución central consiste en mostrar que la brecha
ecuatoriana no radica únicamente en reconocer derechos, sino en convertirlos en
prácticas éticas, medibles y sostenibles que vinculen confianza, transparencia,
seguridad y responsabilidad institucional (Creswell & Plano Clark, 2018; van der Schyff
et al., 2024).
5. Conclusiones
Los resultados permiten concluir que la relación entre ética, privacidad y protección de
datos depende de la capacidad para convertir los principios jurídicos en prácticas
organizativas verificables. El crecimiento de la conectividad en Ecuador, donde el uso
de internet alcanza al 77,2 % de la población considerada y el acceso doméstico llega
al 66,0 %, incrementa la exposición al tratamiento de información personal. Sin
embargo, esta expansión no demuestra por sí misma un conocimiento equivalente de
los derechos digitales ni una confianza informada en las organizaciones. La privacidad
se configura, por tanto, como una condición vinculada con transparencia,
consentimiento comprensible, minimización, seguridad y responsabilidad proactiva.
Este hallazgo debe interpretarse dentro del alcance exploratorio y documental del
estudio, sin atribuir relaciones causales.
Los hallazgos vinculados con los objetivos específicos evidencian que persiste una
distancia entre la disponibilidad formal de información y la comprobación de que los
usuarios comprenden los avisos de privacidad, las finalidades del tratamiento y los
mecanismos para ejercer sus derechos. A la vez, el marco ecuatoriano incorpora
obligaciones técnicas y organizativas, metas de capacitación y procedimientos
institucionales, aunque la documentación disponible no permite determinar tasas
consolidadas de ejecución. Los indicadores regionales muestran que una gestión tardía
de incidentes eleva los costos y que la respuesta temprana puede representar
diferencias cercanas a USD 720.000 por filtración. En conjunto, se observa que el
cumplimiento normativo requiere capacidades humanas, controles técnicos y
mecanismos de supervisión, además de la sola existencia de disposiciones legales. Esto
sugiere que conocimiento ciudadano y madurez organizacional deben fortalecerse de
manera simultánea.
El principal aporte del estudio consiste en integrar tres niveles que suelen analizarse por
separado: legitimidad ética del tratamiento, control efectivo del titular y aplicación
institucional de medidas de protección. Esta articulación permite comprender que la
seguridad tecnológica no sustituye a la privacidad, del mismo modo que la transparencia
formal no garantiza decisiones autónomas cuando la información resulta compleja o
ambigua. En el ámbito profesional e institucional, el marco propuesto facilita examinar
políticas internas, gestión de riesgos, respuesta ante incidentes y protección desde el
diseño mediante criterios comunes. La asignación referencial superior a USD 16,4
millones prevista en la planificación nacional evidencia la importancia estratégica
otorgada al tema, aunque su impacto dependerá de la ejecución y evaluación de las
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acciones programadas. Así, la investigación aporta una base conceptual y metodológica
para valorar la protección efectiva más allá del cumplimiento declarativo.
A partir de estos resultados, se recomienda fortalecer la alfabetización en privacidad,
simplificar los avisos dirigidos a los titulares y establecer indicadores institucionales que
permitan verificar capacitación, trazabilidad, atención de derechos y reducción de
incidentes. Las futuras investigaciones deberían incorporar muestras efectivamente
observadas, encuestas probabilísticas y seguimientos longitudinales que midan
conocimiento, confianza, riesgo percibido y prácticas de seguridad en distintos grupos
sociales. También conviene desarrollar auditorías comparativas entre organizaciones
públicas y privadas, así como estudios sectoriales en salud, educación, banca, comercio
electrónico y servicios digitales. Estas líneas permitirían estimar asociaciones con mayor
precisión, sin atribuir causalidad cuando el diseño no lo permita. La contribución central
del estudio radica en mostrar que el problema no se limita al reconocimiento jurídico de
la privacidad, sino a su transformación en prácticas éticas, medibles y sostenibles.
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“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
