Revista de Investigación y Liderazgo Vol. 01 (Num. 02)(Abril – Junio 2024) ISSN 3151-8532
Horizontes emergentes de investigación multidisciplinaria
Recibido: 11/04/2024 Aceptado: 08/05/2024 Publicado: 10/06/2024
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DOI: https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v1/n2/15
Justicia digital y acceso a la tutela judicial efectiva en
sistemas jurídicos modernos.
Digital justice and access to effective judicial protection in modern legal
systems.
Bonilla-Morejón, Diego Marcelo
1
; Mendoza-Armijos, Hugo Enrique
2
; Mina-
Bone, Santos Geovanny
3
; Samaniego-Quiguiri, Delia Paulina
4
.
1
Consejo de la Judicatura; Ecuador; https://orcid.org/0000-0001-5481-151X; diegomar_1987@yahoo.es.
2
Instituto Superior Tecnológico Los Andes; Ecuador; https://orcid.org/0000-0001-7396-1687;
enrique.mendoza1@istla.edu.ec.
3
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas; Ecuador; https://orcid.org/0000-0002-2526-
3988; santos.mina@utelvt.edu.ec.
4
Fiscalía General del Estado; Ecuador; https://orcid.org/0000-0002-2051-3431;
samaniegod@fiscalia.gob.ec.
Cita: Bonilla-Morejón, D. M., Mendoza-Armijos, H. E., Mina-Bone, S. G., & Samaniego-Quiguiri, D. P.
(2024). Justicia digital y acceso a la tutela judicial efectiva en sistemas jurídicos modernos. Revista De
Investigación Y Liderazgo, 1(2), 64-80. https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v1/n2/15
Resumen
La transformación digital de la justicia ha ampliado el uso de expedientes electrónicos, audiencias
telemáticas, notificaciones y servicios judiciales en línea; sin embargo, persisten brechas de conectividad,
competencias digitales y accesibilidad que pueden limitar el ejercicio equitativo de los derechos procesales.
El estudio tuvo como objetivo analizar la incidencia de la justicia digital en el acceso a la tutela judicial
efectiva en Ecuador, considerando tendencias latinoamericanas. Se desarrolló una investigación cualitativa,
documental, no experimental, transversal y de alcance exploratorio, basada en el análisis de normativa,
jurisprudencia, informes institucionales y literatura científica publicada entre 2021 y 2025. Los resultados
evidenciaron una expansión sostenida de los servicios judiciales digitales, junto con diferencias territoriales,
económicas y educativas que condicionaron su utilización; además, se identificaron garantías normativas,
mecanismos de continuidad operativa y precedentes constitucionales relacionados con barreras
tecnológicas. La discusión mostró que la eficiencia digital no aseguró por sí sola un acceso materialmente
igualitario, pues su efectividad dependió de infraestructura, asistencia técnica, competencias digitales y
protección procesal. Se concluyó que la justicia digital constituye una herramienta facilitadora de la tutela
judicial efectiva, siempre que su implementación garantice inclusión, accesibilidad y respuesta institucional
ante riesgos tecnológicos.
Palabras clave: justicia digital, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, brecha digital, derechos
procesales.
Abstract
The digital transformation of the justice system has expanded the use of electronic case files, remote
hearings, notifications, and online judicial services; however, gaps in connectivity, digital literacy, and
accessibility persist, which may limit the equitable exercise of procedural rights. The study aimed to analyze
the impact of digital justice on access to effective judicial protection in Ecuador, taking into account Latin
American trends. A qualitative, documentary, non-experimental, cross-sectional, and exploratory study was
conducted, based on an analysis of legislation, case law, institutional reports, and scientific literature
published between 2021 and 2025. The results revealed a sustained expansion of digital judicial services,
along with territorial, economic, and educational disparities that influenced their use; furthermore, regulatory
safeguards, operational continuity mechanisms, and constitutional precedents related to technological
barriers were identified. The discussion showed that digital efficiency alone did not ensure materially equal
access, as its effectiveness depended on infrastructure, technical assistance, digital skills, and procedural
safeguards. It was concluded that digital justice serves as a tool to facilitate effective judicial protection,
provided that its implementation guarantees inclusion, accessibility, and an institutional response to
technological risks.
Keywords: digital justice, effective judicial protection, access to justice, digital divide, procedural rights.
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1. Introducción
La transformación digital de la justicia redefine la forma en que las personas ejercen
derechos, presentan pretensiones y se relacionan con los órganos jurisdiccionales en
Ecuador y América Latina. En 2025, Ecuador registra 5.256.715 hogares, de los cuales
3.750.273 disponen de conexión a internet, equivalente al 71,3 %, mientras que el 80,1
% de la población de cinco años o más utiliza este servicio (Instituto Nacional de
Estadística y Censos [INEC], 2025). Este escenario favorece la incorporación de
expedientes electrónicos, notificaciones digitales, audiencias telemáticas y mecanismos
de consulta en línea, aunque la disponibilidad tecnológica no garantiza por sí misma un
acceso materialmente igualitario. La justicia digital se configura, por tanto, como una
transformación institucional que combina infraestructura, regulación, capacidades
humanas y garantías procesales. La unidad de análisis se delimita en la interacción de
personas usuarias, profesionales del Derecho, jueces y servidores judiciales con los
servicios digitales destinados a activar, tramitar y obtener respuesta dentro de un
proceso. Tal delimitación permite examinar si la innovación tecnológica fortalece
efectivamente la tutela judicial o reproduce desigualdades preexistentes (Hernández
Carrión et al., 2025).
El avance institucional de la justicia digital se manifiesta en la regulación de la
presentación electrónica de peticiones y escritos, el sorteo automatizado de causas y la
generación de constancias digitales dentro de la gestión judicial ecuatoriana (Consejo
de la Judicatura, 2023). La evidencia comparada muestra que el procesamiento
electrónico incrementa la productividad judicial, mejora la capacidad de resolución y
reduce los tiempos de tramitación cuando se integra con procesos organizacionales
adecuados (Castelliano et al., 2023). No obstante, Ecuador ocupa en 2025 el puesto 99
de 143 países en desempeño general del Estado de derecho y el puesto 108 de 143 en
justicia civil, además de ubicarse en la posición 23 de 32 países latinoamericanos y
caribeños en este último factor (World Justice Project [WJP], 2025). El mismo índice
informa que la justicia civil se debilita en el 68 % de los países evaluados, incluido
Ecuador. Estos resultados evidencian que la existencia de plataformas no equivale
automáticamente a celeridad, imparcialidad o respuesta judicial efectiva. La ausencia
de una evaluación integral mantiene riesgos asociados con retrasos, costos procesales,
pérdida de confianza y acceso desigual a los mecanismos de protección jurídica (WJP,
2025).
El potencial inclusivo de la digitalización convive con brechas que afectan de manera
diferenciada a la población según territorio, ingresos, educación y competencias
tecnológicas. El acceso a internet en los hogares alcanza el 76,6 % en el área urbana y
el 58,7 % en el área rural, lo que representa una diferencia de 17,9 puntos porcentuales;
asimismo, la tenencia de teléfonos inteligentes llega al 64,3 % en zonas urbanas y al
48,3 % en zonas rurales (INEC, 2025). El analfabetismo digital también presenta una
distribución desigual, pues se sitúa en el 0,8 % de la población urbana y en el 5,6 % de
la rural. Estas diferencias adquieren relevancia jurídica cuando la conexión, el
dispositivo o la habilidad digital condicionan la presentación de documentos, la
comparecencia a audiencias o la recepción de notificaciones. La evidencia sobre
procedimientos judiciales en línea muestra que la percepción de acceso presenta una
relación más intensa con la legitimidad institucional entre participantes de menores
ingresos, con un coeficiente estimado de 0,42 frente a 0,173 en el modelo agregado
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(Mentovich et al., 2023). La digitalización obligatoria o insuficientemente asistida puede,
en consecuencia, trasladar costos tecnológicos a los justiciables y convertir una
innovación administrativa en una barrera para el ejercicio efectivo de derechos (INEC,
2025; Mentovich et al., 2023).
La dimensión constitucional impide reducir la justicia digital a una cuestión de eficiencia
operativa, porque la tutela judicial efectiva comprende tres componentes
interdependientes: acceso a la justicia, desarrollo de un debido proceso y ejecutoriedad
de la decisión (Corte Constitucional del Ecuador, 2024a). El primer componente se
concreta, además, en dos derechos: la posibilidad de activar la jurisdicción y la
obtención de una respuesta a la pretensión planteada. La jurisprudencia ecuatoriana
evidencia que una deficiencia tecnológica puede adquirir relevancia constitucional
cuando impide la participación procesal. En la Sentencia 2044-20-EP/24, la
convocatoria a una audiencia se emite con siete días de anticipación, pero la omisión
del enlace, la identificación de la reunión y las credenciales de acceso deriva en la
imposibilidad de comparecer y en la declaratoria de abandono (Corte Constitucional del
Ecuador, 2024b). La Corte concluye que la administración judicial no puede trasladar a
las partes la responsabilidad de resolver fallas organizativas o tecnológicas que
corresponden al órgano jurisdiccional. Este criterio convierte la accesibilidad, la
información oportuna y la asistencia técnica en condiciones jurídicas de validez, no
únicamente en atributos deseables del servicio digital (Corte Constitucional del Ecuador,
2024a, 2024b).
La literatura reciente muestra resultados convergentes sobre las ventajas de la
digitalización, pero mantiene enfoques fragmentados respecto de sus efectos sobre la
tutela judicial efectiva. Los estudios sobre procesamiento electrónico analizan
principalmente productividad, tasas de resolución y duración de los procedimientos en
ámbitos específicos, como la justicia laboral brasileña, mientras que las investigaciones
sobre procedimientos en línea examinan percepciones de acceso, justicia procesal y
legitimidad en contextos particulares, como los tribunales de tránsito (Castelliano et al.,
2023; Mentovich et al., 2023). La evidencia disponible ofrece, por ello, conclusiones
favorables sobre eficiencia, pero también identifica riesgos vinculados con desigualdad
socioeconómica, participación limitada y debilitamiento de la experiencia procesal. La
OCDE estructura el acceso a la justicia mediante nueve objetivos de desarrollo, de los
cuales los objetivos 7 y 8 incorporan innovación digital y análisis de datos dentro de una
agenda más amplia de asistencia jurídica, educación, financiamiento y atención a
grupos vulnerables (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
[OCDE], 2024a). Permanecen insuficientemente relacionadas variables como
conectividad, competencias digitales, accesibilidad de las plataformas, garantías
procesales, protección de datos y resultados judiciales. Este vacío importa porque
impide determinar si las soluciones tecnológicas diseñadas para aumentar eficiencia
producen beneficios equivalentes entre territorios y grupos sociales o generan nuevas
formas de exclusión jurídica (OCDE, 2024a).
La pertinencia del estudio se fortalece por la disponibilidad de información pública,
indicadores comparables, jurisprudencia constitucional y registros institucionales que
permiten analizar el fenómeno sin atribuir resultados que aún no se encuentran
demostrados. La ENEMDU de 2025 comprende una población de referencia de
aproximadamente 17,4 millones de personas de cinco años o más, de las cuales 13,9
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millones utilizan internet, mientras que el Índice de Estado de Derecho integra más de
215.000 encuestas a hogares y 4.100 respuestas de profesionales y especialistas
jurídicos en 143 países y jurisdicciones (INEC, 2025; WJP, 2025). Estas fuentes aportan
información suficiente para contextualizar la conectividad, las desigualdades de acceso
y el desempeño institucional, y pueden complementarse con encuestas estructuradas
dirigidas a usuarios y operadores jurídicos. La viabilidad se apoya en el empleo de datos
agregados, instrumentos de participación voluntaria y medidas de confidencialidad que
evitan la recopilación innecesaria de información sensible. El objetivo general consiste
en analizar la incidencia de la justicia digital en el acceso a la tutela judicial efectiva
dentro del sistema jurídico ecuatoriano, considerando su relación con las tendencias
latinoamericanas. De este propósito se derivan tres objetivos específicos: describir la
disponibilidad, utilización y accesibilidad de los servicios judiciales digitales; determinar
la relación entre conectividad, competencias tecnológicas y ejercicio efectivo de
derechos procesales; y comparar las garantías normativas y prácticas institucionales de
Ecuador con referentes regionales de transformación judicial (INEC, 2025; WJP, 2025).
La contribución esperada consiste en superar la evaluación centrada exclusivamente en
el número de plataformas, trámites electrónicos o herramientas implementadas y
orientar el análisis hacia los efectos jurídicos experimentados por las personas. Para
ello, se proponen cuatro dimensiones articuladas (condiciones de conectividad y
capacidad digital, usabilidad y accesibilidad, garantías procesales y gobernanza
institucional) que permiten examinar tres niveles de transformación: disponibilidad
tecnológica, utilización efectiva y resultado en términos de tutela judicial. Esta
integración responde a la necesidad de que la modernización combine estrategia,
rediseño de servicios, gestión de datos, seguridad y atención diferenciada a los
usuarios, en lugar de limitarse a digitalizar procedimientos preexistentes (Hernández
Carrión et al., 2025). La investigación sobre datos judiciales también subraya que la
información estandarizada puede mejorar eficiencia, equidad y toma de decisiones,
siempre que exista gobernanza institucional y control sobre la calidad de los registros
(Ramos-Maqueda & Chen, 2025; OCDE, 2024b). La originalidad del estudio radica en
relacionar evidencia tecnológica y socioeconómica con estándares constitucionales
ecuatorianos y experiencias latinoamericanas dentro de un mismo marco analítico. De
esta manera, el trabajo ofrece criterios para distinguir una justicia meramente
digitalizada de una justicia digital capaz de ampliar, en condiciones de igualdad, el
ejercicio verificable de la tutela judicial efectiva (Hernández Carrión et al., 2025).
2. Materiales y Métodos
La investigación se desarrolló mediante un abordaje cualitativo orientado a comprender
cómo la incorporación de tecnologías digitales se relacionó con las condiciones jurídicas
e institucionales de acceso a la tutela judicial efectiva en Ecuador y América Latina. Esta
elección permitió examinar significados normativos, criterios jurisprudenciales, políticas
de modernización judicial y argumentos doctrinales que no podían reducirse
exclusivamente a indicadores cuantitativos. El análisis se concentró en la interpretación
contextual de las relaciones entre acceso a la justicia, debido proceso, participación
procesal, brecha digital y funcionamiento de los servicios judiciales. La aproximación
cualitativa resultó coherente con el objetivo de identificar tensiones, convergencias y
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vacíos dentro de un fenómeno jurídico en transformación. No se formularon hipótesis
causales ni se pretendió estimar efectos estadísticos, debido a que el interés se situó
en la comprensión analítica de las condiciones que favorecieron o limitaron el ejercicio
de derechos en entornos judiciales digitalizados (Creswell & Creswell, 2023; Lim, 2025).
La estrategia metodológica adoptó un diseño no experimental y de corte transversal,
debido a que las normas, decisiones judiciales, informes institucionales y estudios
académicos fueron examinados sin modificar sus condiciones de producción ni
intervenir sobre los actores del sistema judicial. La observación se realizó a partir de un
recorte documental correspondiente al periodo 2021–2025, con énfasis en fuentes
ecuatorianas y en experiencias latinoamericanas comparables. El carácter documental
permitió utilizar textos jurídicos e institucionales como unidades de análisis y reconstruir
la manera en que la transformación digital fue vinculada con accesibilidad, eficiencia,
garantías procesales y protección de derechos. La delimitación temporal respondió a la
necesidad de concentrar el examen en la etapa de expansión de audiencias telemáticas,
expedientes electrónicos y servicios judiciales en línea. La comparación regional se
utilizó como recurso interpretativo y no como mecanismo para generalizar
automáticamente resultados entre sistemas jurídicos con estructuras diferentes
(Hernández Carrión et al., 2025).
La construcción del corpus comprendió documentos normativos, sentencias
constitucionales, resoluciones administrativas, informes técnicos de organismos
internacionales y artículos científicos revisados por pares relacionados con justicia
digital y tutela judicial efectiva. Se incluyeron fuentes publicadas entre 2021 y 2025 que
abordaron, de manera directa, acceso a servicios judiciales digitales, audiencias
telemáticas, tramitación electrónica, gobernanza de datos, eficiencia jurisdiccional o
garantías procesales. Se excluyeron documentos duplicados, textos sin autoría
identificable, publicaciones exclusivamente informativas y estudios tecnológicos que no
establecieron relación con el ámbito jurídico o judicial. La búsqueda se efectuó en
Scopus, Web of Science, SciELO, Google Scholar y repositorios oficiales de la Corte
Constitucional del Ecuador, el Consejo de la Judicatura, la OCDE y el Banco
Interamericano de Desarrollo. No se estableció una muestra estadística ni una cuota
documental previa, puesto que la selección respondió a criterios de pertinencia,
actualidad, autoridad institucional y suficiencia temática. La jurisprudencia sobre
dificultades de conexión y participación en audiencias telemáticas se incorporó por su
relación directa con el acceso a la justicia y el derecho a la defensa (Corte Constitucional
del Ecuador, 2024; OCDE, 2024a).
El examen del material combinó razonamientos deductivo, inductivo y analítico para
articular los estándares jurídicos con los hallazgos emergentes del corpus. El
procedimiento deductivo partió de categorías previamente definidas: acceso a la
jurisdicción, debido proceso, derecho a la defensa, respuesta judicial, accesibilidad
tecnológica, brecha digital y seguridad de la información. De manera complementaria,
el razonamiento inductivo permitió incorporar categorías no previstas que surgieron
durante la lectura, entre ellas asistencia técnica, usabilidad de las plataformas,
interoperabilidad, confianza institucional y distribución de responsabilidades frente a
fallas tecnológicas. El método analítico descompuso cada documento según su
finalidad, alcance territorial, población afectada, aportes, limitaciones y relación con la
tutela judicial efectiva. Posteriormente, los contenidos fueron reorganizados mediante
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una síntesis interpretativa que permitió identificar convergencias y contradicciones entre
normas, jurisprudencia, evidencia empírica y políticas públicas. La codificación siguió
una lógica temática reflexiva basada en familiarización, generación de códigos,
agrupación de patrones y revisión de temas (Braun & Clarke, 2021).
La consistencia interpretativa se fortaleció mediante una matriz documental en la que
se registraron autoría, año, jurisdicción, tipo de fuente, objetivo, metodología, principales
argumentos, resultados y vínculo con las dimensiones del estudio. Cada documento fue
sometido a dos lecturas sucesivas: la primera permitió establecer su pertinencia general
y la segunda profundizó en los contenidos vinculados con acceso, eficiencia,
participación procesal y garantías fundamentales. La triangulación se realizó entre
fuentes normativas, jurisprudenciales, institucionales y académicas para evitar que las
conclusiones dependieran de un único tipo de evidencia. También se contrastaron
estudios que destacaron mejoras en productividad y reducción de tiempos con
investigaciones que advirtieron efectos diferenciados sobre legitimidad, percepción de
justicia y accesibilidad. El registro de decisiones analíticas permitió conservar
trazabilidad entre los textos revisados, las categorías utilizadas y las interpretaciones
formuladas. Estos procedimientos respondieron a criterios de credibilidad, coherencia y
transparencia propios de la investigación cualitativa (Braun & Clarke, 2021; Lim, 2025;
Castelliano et al., 2023; Mentovich et al., 2023).
Las consideraciones éticas se sustentaron en el uso exclusivo de información pública,
normativa, jurisprudencial, institucional y científica, sin intervención sobre personas,
aplicación de instrumentos ni acceso a expedientes judiciales reservados. El tratamiento
documental respetó la integridad de los textos, la atribución de autoría y la interpretación
contextual de los argumentos, evitando alterar el sentido de las decisiones judiciales o
utilizar datos personales ajenos a la finalidad académica. La información fue organizada
con criterios de minimización, pertinencia y trazabilidad, particularmente en los
documentos relacionados con gobernanza de datos y servicios judiciales digitales.
Debido al carácter exploratorio del estudio, los resultados se interpretaron como
aproximaciones destinadas a identificar problemas, categorías y relaciones que
requirieron investigación posterior, y no como conclusiones causales o generalizables a
todos los sistemas jurídicos latinoamericanos. Esta delimitación permitió mantener
correspondencia entre el alcance, las fuentes disponibles y la naturaleza cualitativa del
análisis. La protección de derechos, la transparencia institucional y la responsabilidad
en el uso de información judicial orientaron todo el proceso metodológico (Byrom et al.,
2024; Hernández Carrión et al., 2025).
3. Resultados
Disponibilidad, utilización y accesibilidad de los servicios judiciales digitales
El análisis se orientó a identificar la oferta disponible, el nivel de utilización registrado y
las condiciones de acceso asociadas con los servicios judiciales digitales en Ecuador.
La revisión institucional mostró que el Sistema Automático de Trámite Judicial
Ecuatoriano articuló la presentación de peticiones iniciales, el ingreso de escritos y
oficios, la recepción de notificaciones electrónicas y la consulta de procesos judiciales.
El catálogo institucional incluyó seis servicios vinculados directamente con la gestión
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procesal: Oficina de Gestión Judicial Electrónica 24/7, consulta de procesos, casilleros
electrónicos, consulta de citaciones, Ventanilla Virtual de la Corte Nacional de Justicia y
sorteo de medidas de protección. También se mantuvieron servicios complementarios
relacionados con pensiones alimenticias, información judicial individual, remates
judiciales y gestión notarial. En conjunto, la disponibilidad observada comprendió
funciones de ingreso, seguimiento, notificación y consulta dentro de una misma
infraestructura digital (Consejo de la Judicatura, s.f.).
Los registros de utilización disponibles mostraron que, hasta la primera semana de
agosto de 2023, la Oficina de Gestión Judicial Electrónica procesó 15.964 sorteos de
causas y recibió 614.548 escritos en el ámbito nacional. La herramienta se encontró
operativa en las 24 provincias del país y concentró trámites vinculados con el inicio de
procesos, la incorporación de documentos y el seguimiento de actuaciones judiciales.
La frecuencia de escritos superó ampliamente la correspondiente a los sorteos, debido
a que un proceso pudo generar múltiples actuaciones documentales durante su
tramitación. No obstante, la información institucional no presentó cantidades de usuarios
únicos, tasas de finalización, frecuencia individual de acceso ni porcentajes de
transacciones fallidas. Por esta razón, no se calcularon medias, desviaciones estándar,
intervalos de confianza ni valores de significancia estadística, y el resultado de
utilización se delimitó a las frecuencias operativas verificables (Consejo de la Judicatura,
2023).
La accesibilidad operativa se amplió mediante la habilitación continua de la Oficina de
Gestión Judicial Electrónica durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.
La consulta de procesos y el acceso a los casilleros judiciales electrónicos
permanecieron disponibles durante los 365 días del año, o 366 en los años bisiestos,
mientras que los escritos ingresados fuera de la jornada ordinaria fueron tramitados en
el siguiente día hábil. La normativa mantuvo simultáneamente las vías electrónica y
presencial para la presentación de peticiones y documentos judiciales, sin modificar los
términos ni los plazos procesales establecidos legalmente. En el caso de los casilleros
electrónicos, el acceso se extendió a los profesionales registrados en el Foro de
Abogados; únicamente en Pichincha se contabilizaron 32.290 abogados habilitados
para emplear este mecanismo. Los resultados mostraron, por tanto, una disponibilidad
temporal continua acompañada de alternativas presenciales para la gestión documental
(Consejo de la Judicatura, 2024a, 2024b).
Las condiciones de acceso tecnológico de la población presentaron una cobertura
mayoritaria, aunque mantuvieron diferencias territoriales. De los 5.256.715 hogares
registrados en 2025, un total de 3.750.273 dispuso de conexión a internet, equivalente
al 71,3 %, mientras que 1.506.422 hogares permanecieron sin acceso. La cobertura
alcanzó el 76,6 % en el área urbana y el 58,7 % en el área rural, con una diferencia de
17,9 puntos porcentuales. Entre 2024 y 2025, el acceso nacional aumentó de 66,0 % a
71,3 %, lo que representó un incremento de 5,3 puntos porcentuales. Durante el mismo
periodo, el crecimiento rural fue de 10,6 puntos, al pasar de 48,1 % a 58,7 %, mientras
que el urbano aumentó 3,0 puntos, desde 73,6 % hasta 76,6 % (Instituto Nacional de
Estadística y Censos [INEC], 2025).
La utilización general de internet comprendió a 13,9 millones de personas de una
población estimada de 17,4 millones de habitantes de cinco años o más, lo que
correspondió al 80,1 %. El porcentaje llegó al 85,3 % en zonas urbanas y al 68,5 % en
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zonas rurales, con una brecha de 16,8 puntos porcentuales. La disponibilidad de
teléfonos inteligentes alcanzó el 59,3 % a escala nacional, el 64,3 % en el área urbana
y el 48,3 % en la rural, diferencia que representó 16,0 puntos porcentuales. Asimismo,
el analfabetismo digital se ubicó en 2,1 % a escala nacional, con valores de 0,8 % en
zonas urbanas y 5,6 % en zonas rurales. En síntesis, los hallazgos registraron una oferta
diversificada de servicios judiciales digitales y un volumen elevado de trámites
electrónicos, junto con condiciones de acceso tecnológico diferenciadas según el
territorio (INEC, 2025).
Conectividad y competencias digitales vinculadas al ejercicio de derechos
procesales
El análisis examinó las condiciones de conectividad y las capacidades tecnológicas
disponibles para acceder a servicios judiciales digitales, participar en audiencias
telemáticas y realizar actuaciones procesales por medios electrónicos. Durante 2025, el
acceso a internet alcanzó al 71,3 % de los hogares ecuatorianos, cifra superior en 5,3
puntos porcentuales al 66,0 % registrado en 2024 y en 10,9 puntos al 60,4 % observado
en 2022. El uso de internet entre las personas de cinco años o más llegó al 80,1 %,
equivalente a 13,9 millones de usuarios dentro de una población estimada de 17,4
millones. La tenencia de teléfonos inteligentes representó el 59,3 %, correspondiente a
aproximadamente 10,3 millones de personas, mientras que el analfabetismo digital se
redujo del 5,4 % en 2024 al 2,1 % en 2025. En términos absolutos, este último indicador
comprendió aproximadamente a 0,2 millones de personas de entre 15 y 49 años
(Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2025).
La desagregación territorial mostró diferencias persistentes entre las áreas urbana y
rural en los cuatro indicadores examinados. El acceso a internet en los hogares alcanzó
el 76,6 % en las zonas urbanas y el 58,7 % en las rurales, con una diferencia de 17,9
puntos porcentuales. El uso individual de internet presentó una brecha de 16,8 puntos,
mientras que la disponibilidad de teléfonos inteligentes registró una separación de 16,0
puntos. El analfabetismo digital siguió un comportamiento inverso, debido a que alcanzó
el 5,6 % en el área rural y el 0,8 % en la urbana, diferencia equivalente a 4,8 puntos
porcentuales. Como se observa en la Tabla 1, las mayores brechas se concentraron en
el acceso domiciliario a internet y en la utilización efectiva del servicio (INEC, 2025).
Tabla 1
Indicadores de conectividad y competencias digitales según área geográfica, Ecuador,
2025
Indicador
Nacional (%)
Urbana (%)
Rural (%)
Brecha territorial (p.p.)
Hogares con acceso a internet
71,3
76,6
58,7
17,9
Personas que utilizaron internet
80,1
85,3
68,5
16,8
Personas con teléfono inteligente
59,3
64,3
48,3
16,0
Analfabetismo digital
2,1
0,8
5,6
4,8
Nota: La brecha se calculó mediante la diferencia absoluta entre los porcentajes urbano y rural.
El uso de internet y la tenencia de teléfonos inteligentes correspondieron a la población de cinco
años o más; el analfabetismo digital se estimó para personas de entre 15 y 49 años. p.p. = puntos
porcentuales. Elaboración con datos del INEC (2025).
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La distribución por condiciones socioeconómicas y educativas registró diferencias de
mayor magnitud que las observadas entre áreas geográficas. Los hogares
pertenecientes al primer quintil de ingresos alcanzaron un acceso a internet del 50,8 %,
mientras que los correspondientes al quinto quintil registraron el 84,3 %, lo que produjo
una distancia de 33,5 puntos porcentuales. La disponibilidad de teléfonos inteligentes
fue del 36,2 % en el primer quintil y del 77,5 % en el quinto, con una brecha de 41,3
puntos. El analfabetismo digital alcanzó el 7,4 % en el quintil de menores ingresos y el
0,3 % en el de mayores ingresos, diferencia equivalente a 7,1 puntos porcentuales.
Según el nivel educativo, el uso de internet varió del 29,7 % entre personas sin
instrucción al 91,0 % entre quienes contaban con educación superior; asimismo, la
tenencia de teléfonos inteligentes pasó del 24,4 % al 90,3 %, mientras que el
analfabetismo digital disminuyó del 11,1 % al 0,0 % entre ambos grupos (INEC, 2025).
El examen jurisprudencial identificó un patrón procesal coincidente en las tres
sentencias constitucionales seleccionadas por su relación directa con problemas de
conexión en audiencias telemáticas. En la Sentencia 2044-20-EP/24, la falta de entrega
del enlace impidió la conexión de una de las partes y antecedió a la declaratoria de
abandono; en la Sentencia 2037-20-EP/24, se registraron comunicaciones e intentos de
ingreso que no recibieron respuesta antes de adoptarse una consecuencia procesal. La
Sentencia 1231-21-EP/24 documentó dificultades de conexión y solicitudes de soporte
técnico que no fueron verificadas antes de declarar abandonada una impugnación. De
esta manera, las tres decisiones analizadas presentaron simultáneamente una
incidencia tecnológica, la imposibilidad de comparecencia y una resolución de abandono
posteriormente examinada por la justicia constitucional. En los tres casos, la Corte
determinó afectaciones relacionadas con el acceso a la justicia o el ejercicio del derecho
a la defensa (Corte Constitucional del Ecuador, 2024a, 2024b, 2024c).
Los resultados empíricos incorporados al corpus documental también mostraron
diferencias según la situación económica de las personas usuarias de procedimientos
judiciales en línea. En el estudio de Mentovich et al. (2023), la percepción de acceso a
la justicia presentó un coeficiente de 0,173 como predictor de legitimidad institucional
para el conjunto de participantes y aumentó a 0,420 entre las personas de menores
ingresos. El contraste evidenció una diferencia de 0,247 puntos entre ambos
coeficientes, mientras que la interacción correspondiente al grupo de mayores ingresos
alcanzó un valor de −0,512. Debido al carácter agregado y documental de las fuentes
ecuatorianas, no se calcularon medias, desviaciones estándar, intervalos de confianza
ni valores p adicionales. En conjunto, los hallazgos registraron una expansión nacional
de la conectividad, acompañada de brechas territoriales, económicas y educativas, así
como de incidencias tecnológicas coincidentes con restricciones de comparecencia y
ejercicio procesal en los precedentes examinados (INEC, 2025; Mentovich et al., 2023).
Garantías normativas y prácticas institucionales de justicia digital en Ecuador y
América Latina
El análisis tuvo como propósito identificar las garantías jurídicas incorporadas a la
gestión judicial electrónica y las prácticas institucionales relacionadas con continuidad,
accesibilidad, protección de derechos y atención de incidencias tecnológicas. El corpus
específico estuvo integrado por seis documentos: dos resoluciones administrativas
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ecuatorianas, dos sentencias constitucionales y dos marcos técnicos de alcance
regional e internacional. La Resolución 204-2023 incorporó siete principios generales:
celeridad, no discriminación, igualdad procesal, cooperación, interoperabilidad,
transparencia y publicidad. Además, reconoció dos ámbitos expresos de protección
(datos personales e intimidad), estableció tres requisitos de acceso para usuarios
externos y reguló cuatro servicios electrónicos principales. La normativa también
mantuvo la posibilidad de utilizar canales virtuales o presenciales para la presentación
de actuaciones judiciales (Consejo de la Judicatura, 2023).
La práctica institucional mostró una ampliación de la disponibilidad operativa mediante
la Resolución 111-2024, que habilitó la Oficina de Gestión Judicial Electrónica durante
las 24 horas del día y los siete días de la semana. La consulta de procesos y el casillero
judicial electrónico quedaron disponibles durante 365 días al año y 366 en años
bisiestos. La reforma estableció un plazo máximo de 40 días para presentar los
cronogramas técnicos de implementación y determinó que las actuaciones ingresadas
antes de las 08:00 o después de las 17:00 fueran tramitadas el siguiente día hábil. La
disponibilidad permanente no modificó ni amplió los términos procesales establecidos
por la legislación. Como se observa en la Tabla 2, las disposiciones ecuatorianas
combinaron garantías normativas, servicios electrónicos, continuidad operativa y
mecanismos institucionales de contingencia (Consejo de la Judicatura, 2023, 2024).
Tabla 2
Garantías normativas y prácticas institucionales identificadas en los documentos
analizados
Instrumento o referente
Indicadores documentales
Resolución 204-2023,
Ecuador
7 principios; 2 ámbitos de
protección; 3 requisitos de
acceso; 4 servicios
Resolución 111-2024,
Ecuador
24 horas; 7 días; 365/366 días;
plazo técnico de 40 días
Sentencias 2044-20-
EP/24 y 2037-20-EP/24
2 de 2 decisiones identificaron
barreras de acceso
Guía de transformación
digital de la justicia, BID
5 ejes integrados
Modelo de gobernanza
de datos de justicia,
OCDE
3 prioridades; 6 dimensiones; 3
niveles de gobernanza
Nota: Las frecuencias correspondieron al conteo de elementos expresamente identificados en
los documentos seleccionados; no representaron estimaciones poblacionales. BID = Banco
Interamericano de Desarrollo; OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. Elaboración a partir del Consejo de la Judicatura (2023, 2024), la Corte
Constitucional del Ecuador (2024a, 2024b), Hernández Carrión et al. (2025) y Byrom et al. (2024).
El examen jurisprudencial registró un patrón coincidente en las dos decisiones
constitucionales seleccionadas. En la Sentencia 2044-20-EP/24, la ausencia del enlace,
la clave y el identificador de la reunión impidió la comparecencia telemática y antecedió
a la declaratoria de abandono del recurso. La Corte determinó que la organización
técnica de la audiencia correspondía al órgano judicial y que esa responsabilidad no
podía trasladarse a las partes procesales. En la Sentencia 2037-20-EP/24, la persona
accionante remitió comunicaciones para coordinar su conexión y posteriormente informó
sobre sus intentos de ingreso, sin recibir respuesta institucional. Las dos decisiones,
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equivalentes al 100 % de la muestra jurisprudencial seleccionada, identificaron barreras
irrazonables vinculadas con la gestión tecnológica y reconocieron afectaciones a la
tutela judicial efectiva o al derecho a la defensa (Corte Constitucional del Ecuador,
2024a, 2024b).
El contraste regional mostró que los referentes examinados ampliaron el análisis desde
la digitalización de trámites hacia la gobernanza, la producción de datos y el diseño
centrado en las personas. La guía del Banco Interamericano de Desarrollo organizó la
transformación judicial mediante cinco ejes: gobernanza institucional, actualización
normativa, talento digital y gestión del cambio, infraestructura tecnológica y rediseño de
servicios orientados al usuario. El modelo de la OCDE incorporó tres prioridades para
los datos de justicia y estructuró seis dimensiones de gobernanza distribuidas en tres
niveles: estratégico, táctico y operativo. Dentro de las experiencias latinoamericanas
documentadas, Colombia utilizó un índice compuesto por seis dimensiones, cuyo
módulo de necesidades jurídicas aportó información para 10 de 24 indicadores,
equivalente al 41,7 %. Argentina, por su parte, integró dos encuestas nacionales de
necesidades jurídicas realizadas entre 2016 y 2019 con un sistema de gestión de casos
alojado en la nube (Hernández Carrión et al., 2025; Byrom et al., 2024).
El conjunto de hallazgos mostró tres niveles diferenciados de desarrollo institucional:
regulación de derechos y principios, operación de servicios electrónicos y control
constitucional frente a barreras tecnológicas. En Ecuador se identificaron siete principios
normativos, cuatro servicios electrónicos regulados, disponibilidad continua de 24 horas
durante siete días y mecanismos de contingencia ante fallas del sistema. Las dos
decisiones jurisprudenciales examinadas coincidieron en exigir que las autoridades
verificaran las condiciones reales de conexión antes de imponer consecuencias
procesales. Los referentes regionales añadieron cinco ejes de transformación, tres
prioridades de información y seis dimensiones de gobernanza orientadas al seguimiento
de necesidades y resultados. Las fuentes revisadas no presentaron presupuestos
desagregados, costos de implementación ni indicadores financieros comparables; por
ello, no se calcularon medias, desviaciones estándar, intervalos de confianza ni valores
p. El hallazgo central correspondió a la convergencia entre regulación tecnológica,
continuidad institucional y protección procesal como componentes observables de la
justicia digital (Consejo de la Judicatura, 2023, 2024; Hernández Carrión et al., 2025;
Byrom et al., 2024).
4. Discusión
El estudio analiza la relación entre justicia digital y tutela judicial efectiva mediante la
articulación de disponibilidad tecnológica, condiciones de conectividad, garantías
procesales y prácticas institucionales. Los hallazgos sugieren que la expansión de los
servicios electrónicos ha fortalecido la capacidad operativa del sistema judicial, como
evidencia la recepción de 614.548 escritos y la realización de 15.964 sorteos de causas
mediante la Oficina de Gestión Judicial Electrónica; sin embargo, este avance no
equivale por sí mismo a un acceso sustantivamente igualitario. La cobertura de internet
en el 71,3 % de los hogares contrasta con una brecha de 17,9 puntos porcentuales entre
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las áreas urbana y rural, lo que indica que la posibilidad de utilizar los servicios judiciales
digitales continúa condicionada por factores territoriales y socioeconómicos. Esta
coexistencia entre ampliación tecnológica y desigualdad de acceso confirma que la
tutela judicial efectiva depende tanto de la disponibilidad de plataformas como de la
capacidad real de las personas para utilizarlas. En este sentido, los resultados respaldan
una comprensión multidimensional de la justicia digital, en la que infraestructura,
accesibilidad, asistencia técnica y garantías procesales funcionan de manera
interdependiente (INEC, 2025; Hernández Carrión et al., 2025).
La interpretación de estos resultados converge con la evidencia que atribuye al
procesamiento electrónico mejoras en productividad, capacidad de resolución y gestión
de expedientes, siempre que la tecnología se acompañe de ajustes organizacionales
adecuados (Castelliano et al., 2023). No obstante, los hallazgos también muestran una
tensión con las aproximaciones centradas exclusivamente en eficiencia, debido a que
las tres decisiones constitucionales examinadas registran incidencias tecnológicas
asociadas con restricciones de comparecencia, acceso a la justicia o ejercicio del
derecho a la defensa. Esta evidencia coincide con Mentovich et al. (2023), quienes
encuentran que la percepción de acceso presenta una asociación más intensa con la
legitimidad institucional entre personas de menores ingresos, lo que refuerza la
relevancia distributiva de las condiciones digitales. Al mismo tiempo, la posición de
Ecuador en el puesto 108 de 143 países en justicia civil sugiere que la modernización
tecnológica se desarrolla dentro de un contexto institucional en el que persisten desafíos
relacionados con eficacia, confianza y protección de derechos (WJP, 2025). Por ello, los
resultados parecen indicar que la digitalización produce beneficios operativos, pero sus
efectos sobre la tutela judicial deben interpretarse considerando las desigualdades de
acceso y la calidad de las respuestas institucionales.
La integración de evidencia normativa, jurisprudencial y regional aporta una perspectiva
que supera la evaluación basada únicamente en el número de plataformas o trámites
habilitados. La identificación de siete principios regulatorios, mecanismos de acceso
multicanal, disponibilidad operativa continua y criterios constitucionales frente a fallas
de conexión muestra que la justicia digital requiere una arquitectura institucional capaz
de prevenir que los riesgos tecnológicos se trasladen a las partes procesales. Esta
lectura se corresponde con los cinco ejes de transformación propuestos por Hernández
Carrión et al. (2025) y con el enfoque de gobernanza de datos que articula dimensiones
estratégicas, tácticas y operativas para orientar decisiones y evaluar resultados (Byrom
et al., 2024). Desde el punto de vista práctico, los hallazgos respaldan la necesidad de
mantener canales presenciales, fortalecer la asistencia técnica y producir indicadores
que no solo midan volumen de trámites, sino también accesibilidad, continuidad,
incidencias y resultados procesales. Metodológicamente, la triangulación de fuentes
permite relacionar desigualdad digital, regulación y jurisprudencia dentro de un mismo
marco analítico, aunque sin establecer relaciones causales debido al carácter
cualitativo, documental, no experimental y transversal del estudio (Creswell & Creswell,
2023; Braun & Clarke, 2021).
Las conclusiones interpretativas deben considerarse con cautela porque el corpus se
selecciona por pertinencia temática y no mediante una muestra probabilística, mientras
que los registros institucionales disponibles no incluyen usuarios únicos, tasas de
finalización, fallas de acceso, costos de implementación ni indicadores comparables de
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desempeño judicial. La limitada cantidad de sentencias analizadas también restringe la
generalización de los patrones jurisprudenciales al conjunto de procesos y jurisdicciones
del país. A partir de estas limitaciones, futuras investigaciones podrían combinar
encuestas a usuarios y operadores jurídicos con registros administrativos para estimar
cómo conectividad, competencias digitales, ingreso, territorio y calidad del soporte
técnico se relacionan con participación procesal, duración de los trámites y percepción
de legitimidad. También resultaría pertinente desarrollar estudios longitudinales y
comparaciones entre países latinoamericanos que examinen la evolución de la
accesibilidad y los efectos distributivos de la transformación judicial. En conjunto, la
principal contribución del estudio consiste en vincular evidencia tecnológica y
socioeconómica con estándares de tutela judicial efectiva, cubriendo la brecha entre la
medición de eficiencia digital y la evaluación de las condiciones reales bajo las cuales
las personas ejercen sus derechos procesales (OCDE, 2024a; Ramos-Maqueda &
Chen, 2025).
5. Conclusiones
Los resultados permiten concluir que la justicia digital amplía las posibilidades de acceso
y gestión dentro del sistema judicial ecuatoriano, aunque su contribución a la tutela
judicial efectiva depende de condiciones que trascienden la existencia de plataformas
electrónicas. La disponibilidad continua de servicios, la tramitación digital y la
diversificación de canales fortalecen la capacidad operativa institucional, pero no
eliminan las desigualdades relacionadas con conectividad, territorio, ingresos y
competencias tecnológicas. En consecuencia, la transformación digital adquiere
relevancia jurídica cuando garantiza acceso real, participación procesal, continuidad del
trámite y protección frente a fallas tecnológicas. El hallazgo principal muestra que la
digitalización constituye una condición facilitadora, pero no suficiente, para asegurar una
tutela judicial efectiva en contextos socialmente heterogéneos (INEC, 2025; Hernández
Carrión et al., 2025).
La integración de los objetivos específicos evidencia que Ecuador dispone de servicios
judiciales electrónicos con cobertura nacional y utilización significativa, pero mantiene
brechas que condicionan su aprovechamiento equitativo. La diferencia de 17,9 puntos
porcentuales en acceso a internet entre áreas urbanas y rurales refleja que la
disponibilidad institucional no siempre coincide con la capacidad material de uso.
Asimismo, los precedentes constitucionales analizados muestran que las deficiencias
de conexión, comunicación o asistencia técnica pueden afectar la comparecencia y el
ejercicio del derecho a la defensa. De forma complementaria, la normativa incorpora
principios de igualdad, no discriminación, interoperabilidad y protección de datos, lo que
permite observar una evolución desde la digitalización de trámites hacia una regulación
orientada a garantías procesales (Consejo de la Judicatura, 2023, 2024; Corte
Constitucional del Ecuador, 2024a, 2024b).
El aporte central del estudio consiste en articular dimensiones tecnológicas,
socioeconómicas, normativas e institucionales dentro de un marco común de análisis.
Esta integración permite distinguir entre una justicia meramente digitalizada, centrada
en la disponibilidad y volumen de servicios, y una justicia digital orientada a resultados
verificables en materia de acceso, igualdad y protección procesal. Para el ámbito
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académico, el análisis amplía la comprensión de la tutela judicial efectiva al incorporar
conectividad, competencias digitales, accesibilidad y gobernanza como condiciones
relevantes. En el plano profesional e institucional, los hallazgos sugieren que la
modernización requiere combinar infraestructura, regulación, asistencia al usuario y
mecanismos de respuesta frente a incidencias tecnológicas. Esta perspectiva contribuye
a evaluar la transformación judicial desde sus efectos sobre las personas y no
únicamente desde indicadores operativos (Byrom et al., 2024; Hernández Carrión et al.,
2025).
De acuerdo con el alcance documental y exploratorio del estudio, se recomienda
fortalecer la producción de indicadores sobre usuarios únicos, continuidad de trámites,
fallas de acceso, tiempos de respuesta y resultados procesales, sin sustituir los canales
presenciales destinados a personas con mayores barreras digitales. También resulta
pertinente desarrollar investigaciones longitudinales y estudios comparativos
latinoamericanos que integren encuestas a usuarios, operadores jurídicos y registros
administrativos. Estas líneas permitirían examinar con mayor precisión la relación entre
conectividad, competencias tecnológicas, soporte institucional y ejercicio de derechos,
evitando atribuir efectos causales que el diseño actual no permite establecer. La
contribución principal radica en evidenciar que la eficacia de la justicia digital depende
de su capacidad para transformar la innovación tecnológica en acceso procesal efectivo,
inclusivo y jurídicamente garantizado (OCDE, 2024a; Ramos-Maqueda & Chen, 2025).
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CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.