Revista de Investigación y Liderazgo Vol. 03 (Num. 02)(Abril – Junio 2026) ISSN XXXX-XXXX
Rutas interdisciplinarias del conocimiento actual
Recibido: 02/02/2026 Aceptado: 01/03/2026 Publicado: 04/04/2026
https://rivinglid.omeditorial.com
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DOI: https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v3/n2/1
Impactos y perspectivas de expansión de la energía
eólica marina y seguridad energética
Impacts and prospects for the expansion of offshore wind energy and
energy security
Guerrero-Calero, Juan Manuel
1
1
Universidad Estatal del Sur de Manabí; Ecuador; https://orcid.org/0000-0002-1356-0475;
juan.guerrero@unesum.edu.ec
Cita: Guerrero-Calero, J. M. (2026). Impactos y perspectivas de expansión de la energía eólica
marina y seguridad energética. Revista De Investigación Y Liderazgo, 3(2), 1-
20. https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v3/n2/1
Resumen
América Latina posee una matriz eléctrica relativamente renovable, pero aún enfrenta
vulnerabilidades asociadas a sequías, dependencia hidroeléctrica, rezagos de transmisión,
volatilidad de combustibles fósiles y desigualdades de acceso energético. El estudio tuvo como
objetivo analizar los impactos y perspectivas de expansión de la energía eólica marina y su
contribución potencial a la seguridad energética regional. La metodología correspondió a una
revisión bibliográfica exploratoria, basada en documentos científicos, técnicos e institucionales
sobre potencial eólico marino, transición energética, impactos socioambientales, gobernanza,
costos e integración eléctrica. Los resultados evidenciaron un potencial técnico considerable en
países como Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y Uruguay, aunque condicionado por
infraestructura portuaria, transmisión, financiamiento, regulación, profundidad marina y
aceptación socioterritorial. La discusión plantea que la eólica marina no constituye una solución
automática, sino una infraestructura estratégica cuya viabilidad depende de planificación marina
espacial, justicia energética, evaluación ambiental acumulativa y mecanismos financieros
estables. Se concluye que esta tecnología puede fortalecer la seguridad energética
latinoamericana si se integra a una transición ordenada, resiliente, asequible y ambientalmente
responsable.
Palabras clave: energía eólica marina; seguridad energética; transición energética; gobernanza
marina; América Latina.
Abstract
Latin America has a relatively renewable electricity matrix, yet it still faces vulnerabilities
associated with droughts, hydropower dependence, transmission delays, fossil fuel price volatility,
and unequal energy access. The objective of this study was to analyze the impacts and prospects
for the expansion of offshore wind energy and its potential contribution to regional energy security.
The methodology consisted of an exploratory bibliographic review based on scientific, technical,
and institutional documents related to offshore wind potential, energy transition, socio-
environmental impacts, governance, costs, and power system integration. The results showed
considerable technical potential in countries such as Brazil, Colombia, Chile, Mexico, Argentina,
and Uruguay, although this potential is conditioned by port infrastructure, transmission capacity,
financing, regulation, water depth, and socio-territorial acceptance. The discussion suggests that
offshore wind energy is not an automatic solution, but rather a strategic infrastructure whose
feasibility depends on marine spatial planning, energy justice, cumulative environmental
assessment, and stable financial mechanisms. It is concluded that this technology can strengthen
Latin American energy security if integrated into an orderly, resilient, affordable, and
environmentally responsible energy transition.
Keywords: offshore wind energy; energy security; energy transition; marine governance; Latin
America.
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1. Introducción
América Latina y el Caribe enfrenta una paradoja energética decisiva: posee una
de las matrices eléctricas más renovables del mundo, pero su seguridad
energética sigue expuesta a sequías, volatilidad de combustibles, rezagos de
transmisión y desigualdades de acceso. En 2024, la región reunió cerca de
655,10 millones de habitantes, alcanzó 69% de generación eléctrica renovable y
mantuvo una fuerte dependencia hidroeléctrica, con 44,74% de la generación,
mientras la eólica aportó 11,60% y la solar 7,40%; sin embargo, 17 millones de
personas aún carecían de acceso eléctrico, lo que vuelve insuficiente cualquier
lectura puramente agregada de la transición (Organización Latinoamericana de
Energía, 2025). En este contexto, la energía eólica marina debe analizarse no
solo como tecnología de generación, sino como unidad estratégica de impacto
sobre confiabilidad, asequibilidad, gobernanza costera y diversificación de la
oferta eléctrica regional.
La expansión eólica marina emerge precisamente donde la transición energética
exige fuentes renovables de gran escala, perfiles de generación más estables y
proximidad relativa a centros de demanda costeros. A escala mundial, el recurso
técnico marino supera los 71.000 GW, con más de 70% localizado en aguas
profundas aptas para soluciones flotantes, mientras alrededor de una cuarta
parte del potencial se ubica en países de ingresos bajos y medios (Energy Sector
Management Assistance Program [ESMAP], 2025). La industria ya no es
marginal: en 2024 se conectaron 8 GW nuevos, la capacidad acumulada llegó a
83,2 GW y la eólica marina representó 7,3% de la capacidad eólica global, con
proyecciones de 441 GW hacia 2034 (GWEC, 2025). Esta trayectoria sitúa a
América Latina ante una ventana de aprendizaje institucional que no puede
reducirse a importar tecnología sin adaptar reglas, infraestructura y criterios
socioambientales.
La oportunidad regional se concentra en países con costas extensas, demanda
eléctrica creciente y capacidades industriales cercanas a puertos, aunque sus
condiciones son heterogéneas. Brasil supera los 1.200 GW de potencial eólico
marino, distribuidos en 480 GW de cimentación fija y 748 GW flotantes, y sus
escenarios al 2050 oscilan entre 16 GW, 32 GW y 96 GW, este último asociado
con hasta 516.000 empleos equivalentes de tiempo completo y USD 168.000
millones de valor agregado bruto nacional (ESMAP & World Bank, 2024).
Colombia, por su parte, posee alrededor de 109–110 GW de potencial técnico
en el Caribe, cerca de 50 GW en áreas explorables tras restricciones sociales,
ambientales y técnicas, y factores netos de capacidad que se aproximan a 70%
en zonas de La Guajira (The Renewables Consulting Group & ERM, 2022). Estos
valores sugieren que la eólica marina puede reforzar la seguridad energética,
pero solo si se gobierna como política territorial y no como simple cartera de
proyectos.
La viabilidad económica de esta expansión depende de costos tecnológicos,
financiamiento, transmisión, logística portuaria, regulación de áreas marítimas y
certidumbre de ingresos. Entre 2010 y 2024, el costo nivelado global de la eólica
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marina cayó 62%, hasta USD 0,079/kWh, y el costo instalado promedio
descendió a USD 2.852/kW; aun así, en 2024 el LCOE aumentó 4% frente a
2023, recordando que la inflación, las tasas de interés, los riesgos cambiarios y
la concentración de cadenas de suministro pueden revertir ventajas esperadas
(International Renewable Energy Agency [IRENA], 2025a). Esta tensión es
especialmente relevante para América Latina porque la banca de proyectos de
infraestructura energética suele penalizar incertidumbres regulatorias y sociales,
lo que puede encarecer capital aun cuando el recurso eólico sea excelente. Así,
no abordar tempranamente permisos, redes, puertos y esquemas de subasta
puede transformar un potencial abundante en capacidad bloqueada.
Las afectaciones asociadas tampoco son un asunto secundario, porque los
parques eólicos marinos reordenan usos del mar, rutas de pesca, paisajes
costeros, biodiversidad, empleo local y capacidades de fiscalización ambiental.
La literatura muestra que los impactos ecológicos pueden ser negativos y
positivos: una revisión sistemática identificó 867 hallazgos en 158 publicaciones,
con 72% de impactos negativos y 13% positivos, destacando riesgos sobre aves,
mamíferos marinos y estructura ecosistémica, pero también posibles efectos de
arrecife artificial y refugio pesquero bajo ciertas condiciones (Galparsoro et al.,
2022). Esta ambivalencia exige evaluaciones acumulativas, monitoreo de largo
plazo y participación temprana de comunidades costeras, ya que una transición
mal gestionada puede deteriorar confianza pública, retrasar inversiones y
desplazar conflictos desde el sistema eléctrico hacia el espacio marítimo.
La evidencia disponible todavía presenta brechas que limitan su transferencia
directa a América Latina. Buena parte de los estudios ecológicos se concentra
en el mar del Norte, en aguas someras, cerca de la costa y con proyectos
relativamente pequeños; en la misma revisión, 66% de las publicaciones
correspondió al mar del Norte y 90% a profundidades menores de 30 m, lo que
deja subrepresentadas especies tropicales, zonas de alta biodiversidad,
pesquerías artesanales y escenarios flotantes de gran escala (Galparsoro et al.,
2022). Además, las hojas de ruta regionales reconocen que sus escenarios no
han sido probados mediante modelación energética profunda, lo que abre un
vacío sobre relaciones entre eólica marina, hidrología, almacenamiento,
respaldo térmico, precios mayoristas, transmisión y resiliencia climática (The
Renewables Consulting Group & ERM, 2022). El problema científico, por tanto,
no es confirmar que existe recurso, sino determinar bajo qué condiciones ese
recurso mejora efectivamente la seguridad energética.
La conveniencia de este estudio reside en integrar variables que suelen
analizarse por separado: potencial técnico, costos, impactos socioambientales,
capacidades institucionales y seguridad energética. Su objetivo general es
analizar los impactos y perspectivas de expansión de la energía eólica marina
en América Latina y su contribución potencial a la seguridad energética regional;
de manera específica, busca estimar el potencial técnico y económico disponible,
describir los principales impactos sociales y ambientales, comparar escenarios
de expansión en países líderes, relacionar la diversificación eólica marina con
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indicadores de seguridad energética y determinar barreras regulatorias,
financieras y de infraestructura que condicionan su despliegue (Cherp & Jewell,
2014; IRENA, 2025b). La viabilidad del análisis se sustenta en bases públicas de
OLADE, IRENA, GWEC, ESMAP y hojas de ruta nacionales, con uso ético de
información secundaria y tratamiento agregado de datos.
La contribución esperada consiste en desplazar la discusión desde una narrativa
de “capacidad potencial” hacia una explicación integrada de impactos,
condiciones de expansión y seguridad energética, entendida como baja
vulnerabilidad de sistemas energéticos vitales y no solo como disponibilidad de
megavatios (Cherp & Jewell, 2014). La originalidad del trabajo radica en conectar
la eólica marina latinoamericana con la complementariedad renovable, la
reducción de exposición hidroclimática, la asequibilidad de largo plazo y la
aceptación socioambiental, dimensiones que la literatura aún aborda de forma
fragmentada (Jurasz et al., 2020). Con ello, el artículo busca ofrecer criterios
útiles para la academia, la planificación pública y la inversión privada, mostrando
que la eólica marina puede fortalecer la seguridad energética regional
únicamente cuando se articula con redes, gobernanza marina, financiamiento
responsable y protección ecosistémica.
2. Materiales y Métodos
El estudio se desarrollará como una revisión bibliográfica exploratoria, orientada
a examinar de manera amplia y crítica la producción académica, técnica e
institucional sobre los impactos y las perspectivas de expansión de la energía
eólica marina en relación con la seguridad energética en América Latina. Esta
elección metodológica resulta pertinente porque el campo aún presenta un
desarrollo desigual en la región, con avances normativos y prospectivos
concentrados en pocos países, mientras que la evidencia empírica sobre
impactos sociales, ambientales, económicos e institucionales permanece
dispersa. En lugar de comprobar hipótesis causales cerradas, la revisión
permitirá identificar tendencias, vacíos, convergencias y tensiones conceptuales
en torno al despliegue de esta tecnología. De este modo, el abordaje exploratorio
facilitará ordenar un cuerpo de literatura emergente y construir una base analítica
útil para investigaciones posteriores de mayor alcance explicativo o comparativo.
La unidad de análisis estará constituida por documentos científicos y técnicos
relacionados con energía eólica marina, transición energética, seguridad
energética, planificación eléctrica, impactos socioambientales y gobernanza de
infraestructura renovable. Se considerarán artículos revisados por pares, libros
académicos, capítulos especializados, reportes de organismos internacionales,
hojas de ruta nacionales, documentos de política pública y estudios prospectivos
publicados preferentemente entre 2010 y 2026, debido a que en ese periodo se
intensificó la expansión global de la eólica marina y se consolidaron discusiones
regionales sobre descarbonización eléctrica. No obstante, se podrán incorporar
textos teóricos anteriores cuando sean necesarios para precisar conceptos
estructurales, como seguridad energética, gobernanza energética o evaluación
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de impactos. Esta amplitud documental es coherente con las revisiones
exploratorias, cuyo propósito es mapear áreas de conocimiento antes que
restringir prematuramente la evidencia disponible.
Para mejorar la recuperación de documentos relevantes, se emplearán
combinaciones de descriptores en español e inglés, entre ellos: “energía eólica
marina”, “offshore wind energy”, “seguridad energética”, “energy security”,
“América Latina”, “Latin America”, “impactos socioambientales”, “environmental
impacts”, “transición energética”, “renewable energy planning” y “offshore wind
roadmap”. La estrategia combinará operadores booleanos, revisión de
referencias cruzadas y búsqueda por cadenas de citación, con el fin de captar
tanto literatura científica indexada como documentos técnicos de alta relevancia
para la planificación energética regional.
Los criterios de inclusión contemplarán documentos que aborden de forma
directa la energía eólica marina, sus impactos, barreras, oportunidades de
expansión o relación con la seguridad energética, siempre que presenten
información conceptual, metodológica, empírica, normativa o prospectiva
aplicable al contexto latinoamericano o comparable con él. Se excluirán textos
sin autoría identificable, documentos duplicados, notas periodísticas sin soporte
técnico, publicaciones centradas exclusivamente en energía eólica terrestre y
trabajos que no permitan verificar procedencia, fecha o institución responsable.
Cuando un documento trate casos fuera de América Latina, solo será
considerado si aporta categorías transferibles para analizar costos, gobernanza,
impactos ecológicos, integración eléctrica o aceptación social de proyectos
eólicos marinos. Esta depuración buscará equilibrar amplitud exploratoria con
rigurosidad documental, evitando que la revisión se limite a una acumulación
descriptiva de fuentes heterogéneas.
El procedimiento de análisis se organizará en tres momentos complementarios:
identificación, selección y síntesis interpretativa. En la identificación se
registrarán los documentos recuperados con datos básicos de autoría, año, tipo
de fuente, país o región, objetivo, enfoque metodológico y principales hallazgos.
En la selección se aplicarán los criterios de inclusión y exclusión mediante lectura
de títulos, resúmenes y, posteriormente, texto completo. En la síntesis se
construirá una matriz temática que agrupe la evidencia en dimensiones
analíticas: potencial técnico y económico, impactos ambientales, efectos
sociales y territoriales, barreras institucionales, condiciones financieras,
integración al sistema eléctrico y contribución a la seguridad energética. Esta
matriz permitirá comparar patrones entre países, reconocer inconsistencias en
la literatura y establecer relaciones entre expansión tecnológica, resiliencia
energética y gobernanza marina.
La información será tratada mediante análisis documental y síntesis narrativa,
priorizando la identificación de argumentos, categorías, relaciones y vacíos antes
que la estimación estadística de efectos agregados. Este enfoque resulta
adecuado porque la evidencia regional sobre eólica marina aún combina
estudios prospectivos, hojas de ruta, evaluaciones técnicas y literatura ambiental
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con distintos niveles de madurez metodológica. Para fortalecer la consistencia
del análisis, se contrastarán fuentes académicas con documentos institucionales
y se diferenciarán los hallazgos empíricos de las proyecciones, escenarios o
recomendaciones de política. Asimismo, se prestará atención a la coherencia
entre los datos técnicos reportados, las condiciones regulatorias descritas y las
implicaciones para seguridad energética, evitando extrapolaciones no
justificadas entre países con capacidades portuarias, financieras y normativas
distintas.
El estudio no involucrará participantes humanos, intervención directa en
comunidades ni recolección de información sensible, por lo que sus
consideraciones éticas se concentrarán en el uso responsable de fuentes
secundarias. Se respetará la atribución de autoría, se evitará la manipulación
selectiva de evidencias y se distinguirán con claridad los datos confirmados, las
estimaciones prospectivas y las interpretaciones derivadas del análisis. También
se procurará incluir literatura con diferentes perspectivas sobre la eólica marina,
incorporando tanto sus beneficios potenciales para la diversificación energética
como sus riesgos socioambientales y regulatorios. Esta precaución es relevante
porque una revisión bibliográfica sobre tecnologías energéticas puede sesgarse
hacia narrativas de oportunidad si no incorpora los conflictos territoriales,
ecológicos y económicos asociados al despliegue de infraestructura a gran
escala.
Con esta ruta metodológica, la revisión permitirá construir una lectura integrada
de la energía eólica marina como opción de expansión renovable y como
componente potencial de seguridad energética para América Latina. El resultado
esperado no será una clasificación definitiva de países o proyectos, sino una
sistematización crítica de evidencias que permita reconocer qué se sabe, qué
permanece incierto y qué dimensiones requieren investigación empírica
posterior. En particular, el análisis buscará establecer cómo se relacionan el
potencial técnico, los costos, la infraestructura, la regulación, los impactos
socioambientales y la resiliencia del sistema eléctrico. Esta orientación aporta
utilidad académica al ordenar un campo emergente y utilidad práctica al ofrecer
criterios para la toma de decisiones públicas y privadas en escenarios de
transición energética acelerada.
3. Resultados
3.1. Impactos y perspectivas de expansión de la energía eólica marina en
la seguridad energética latinoamericana
La revisión evidencia que la energía eólica marina constituye una frontera
estratégica para América Latina, no únicamente por su capacidad de ampliar la
oferta renovable, sino porque introduce una forma de diversificación eléctrica con
implicaciones directas sobre resiliencia, soberanía energética, estabilidad de
precios y planificación territorial costera. La seguridad energética, entendida
como la baja vulnerabilidad de los sistemas energéticos vitales, exige evaluar
simultáneamente disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad
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ambiental y gobernanza institucional; por ello, el despliegue eólico marino no
debe interpretarse como una simple sustitución tecnológica, sino como una
reorganización compleja de infraestructuras, mercados, ecosistemas y arreglos
regulatorios (Cherp & Jewell, 2014; Sovacool, 2011). En este sentido, su
pertinencia regional se intensifica porque América Latina mantiene una matriz
eléctrica relativamente renovable, pero todavía vulnerable a sequías,
dependencia hidroeléctrica, déficits de transmisión, brechas de acceso y
volatilidad de combustibles fósiles importados (Organización Latinoamericana de
Energía, 2025).
3.1.1. Potencial técnico y geográfico de la energía eólica marina en América
Latina
El potencial técnico de la energía eólica marina en América Latina se inserta en
una tendencia global de expansión de recursos renovables offshore, cuya
magnitud todavía está lejos de ser aprovechada. El programa ESMAP del Banco
Mundial estima que 115 países poseen recursos eólicos marinos técnicamente
extraíbles por encima de 71.000 GW, de los cuales apenas unos 20.000 GW se
ubican en aguas someras aptas para cimentaciones fijas, mientras la mayor
proporción corresponde a aguas profundas que requerirían tecnología flotante
(ESMAP, 2025). Este dato es crucial para América Latina porque gran parte de
su frontera marítima combina plataformas continentales extensas en el Atlántico
con zonas profundas en el Pacífico, lo que obliga a distinguir entre potencial fijo,
potencial flotante y potencial efectivamente desarrollable (ESMAP, 2025).
La distribución territorial del recurso muestra una concentración sobresaliente en
países con costas amplias, vientos persistentes y cercanía relativa a centros de
demanda o infraestructura portuaria. Brasil dispone de 1.228 GW de potencial
técnico, distribuidos en 480 GW para cimentaciones fijas y 748 GW para
tecnología flotante; Argentina alcanza 1.870 GW, con 558 GW fijos y 1.312 GW
flotantes; Chile registra 957 GW, de los cuales 826 GW son flotantes; México
suma 869 GW, con 402 GW fijos y 467 GW flotantes; y Uruguay cuenta con 275
GW, repartidos entre 190 GW fijos y 85 GW flotantes (ESMAP, 2020a, 2020b,
2020c, 2020d, 2020e). Estos valores demuestran que la región no enfrenta una
restricción primaria de recurso, sino una brecha de conversión entre dotación
natural, madurez tecnológica, regulación, financiamiento y aceptación
socioterritorial (ESMAP, 2025).
Brasil aparece como el caso con mayor madurez prospectiva, porque su recurso
eólico marino es vigoroso, geográficamente diverso y cercano a grandes centros
de demanda como Fortaleza, Río de Janeiro y Porto Alegre. El informe del Banco
Mundial y DNV identifica tres macrozonas: Nordeste, Sudeste y Sur; el Nordeste
posee 356 GW de potencial y condiciones de viento entre 7 y 10 m/s a 100 m,
mientras el Sudeste concentra 660 GW, aunque con mayor sensibilidad
ecológica por su superposición con áreas ecológica o biológicamente
significativas (ESMAP & World Bank, 2024). De esta forma, el potencial brasileño
no solo es volumétrico, sino también estratégico, ya que puede articular
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generación eléctrica, puertos, industria offshore, hidrógeno verde y
complementariedad hidroeléctrica (ESMAP & World Bank, 2024).
Colombia constituye un segundo caso de alta relevancia porque su recurso está
concentrado en el Caribe, especialmente frente a La Guajira, donde los factores
netos de capacidad estimados se aproximan al 70%, una cifra excepcional frente
a mercados consolidados. La hoja de ruta colombiana estima alrededor de 109–
110 GW de potencial técnico total, pero al incorporar restricciones ambientales,
sociales y técnicas, las áreas explorables se reducen a cerca de 50 GW, con
27,2 GW de potencial fijo y 21,6 GW flotante (The Renewables Consulting Group
& ERM, 2022). Esta diferencia entre potencial bruto y potencial exploratorio es
metodológicamente relevante, porque demuestra que los resultados no deben
leerse como capacidad instalable inmediata, sino como una frontera
condicionada por conflictos de uso, transmisión, biodiversidad, navegación,
pesca y consulta social (The Renewables Consulting Group & ERM, 2022).
En Chile, la predominancia del recurso flotante redefine el problema tecnológico
y financiero, pues 826 de sus 957 GW estimados corresponden a aguas
profundas, lo que implica mayores exigencias de ingeniería, anclaje, cableado
dinámico, operación marítima y financiamiento de riesgo (ESMAP, 2020c). La
literatura específica sobre Chile confirma que no existen parques eólicos marinos
en operación y que la incertidumbre se asocia con costos iniciales, ausencia de
un marco transministerial coordinado, duplicación de permisos y falta de
incentivos para conexión a red (Mattar et al., 2021). Por tanto, el caso chileno
ilustra una paradoja regional: los países pueden disponer de recursos de escala
mundial, pero permanecer en fase precomercial si no reducen incertidumbres
regulatorias, ambientales y económicas (Mattar et al., 2021).
3.1.2. Aporte de la eólica marina a la seguridad energética regional
El aporte de la eólica marina a la seguridad energética latinoamericana deriva,
en primer lugar, de su capacidad para diversificar matrices eléctricas altamente
condicionadas por la hidrología. América Latina generó aproximadamente 1.829
TWh de electricidad en 2024 y alcanzó 97,37% de cobertura eléctrica; no
obstante, 17 millones de personas continuaban sin acceso a electricidad, lo que
revela que la seguridad energética regional no puede medirse solo por
generación agregada, sino también por continuidad, equidad territorial y
capacidad de respuesta ante contingencias (Organización Latinoamericana de
Energía, 2025). En ese marco, la eólica marina puede ampliar la disponibilidad
renovable, reducir presión sobre embalses en años secos y disminuir la
necesidad de generación térmica de respaldo cuando las sequías deterioran el
aporte hidroeléctrico (Cherp & Jewell, 2014; Organización Latinoamericana de
Energía, 2025).
La relación entre eólica marina y seguridad energética resulta especialmente
sólida cuando se analiza desde la complementariedad temporal de recursos
renovables. La literatura sobre complementariedad sostiene que la combinación
de tecnologías con perfiles de generación no coincidentes puede reducir
vulnerabilidades operativas, suavizar variabilidad y mejorar la adecuación entre
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oferta y demanda (Jurasz et al., 2020). En Colombia, los estudios sobre
complementariedad hidro-solar-eólica muestran que la dependencia
hidroeléctrica, cercana a 65% de la demanda eléctrica en el sistema analizado,
expone al país a sequías asociadas al fenómeno El Niño, mientras que el
respaldo con gas o carbón durante esos episodios resulta costoso y
contaminante (Parra et al., 2020). Desde esta perspectiva, la eólica marina no
aporta seguridad por ser renovable en abstracto, sino porque puede funcionar
como cobertura energética frente a variabilidad hidroclimática (Parra et al.,
2020).
Brasil ofrece una evidencia particularmente ilustrativa de esta función de
cobertura. El informe de escenarios para Brasil sostiene que, aunque la
hidroelectricidad ha satisfecho históricamente una proporción elevada de la
demanda eléctrica, su contribución relativa podría disminuir hacia 2050 por
limitaciones de expansión y aumento de demanda; además, la generación eólica
marina simulada muestra patrones estacionales que pueden ser más fuertes
cuando los niveles hidroeléctricos son bajos (ESMAP & World Bank, 2024). La
idea de la eólica marina como “nueva hidro” no implica reemplazar embalses,
sino incorporar una fuente renovable de gran escala, menos expuesta a sequías
interanuales y capaz de actuar como amortiguador sistémico en años
hidrológicamente adversos (ESMAP & World Bank, 2024).
El aporte a la seguridad energética también se expresa en la reducción de
exposición a combustibles fósiles importados o volátiles, especialmente en
sistemas donde la generación térmica define precios marginales en momentos
de estrés. La eólica marina posee costos de combustible nulos, contratos de
largo plazo y producción de alta escala, lo que puede contribuir a estabilizar
expectativas de precio si los esquemas de subasta y remuneración asignan
adecuadamente riesgos de construcción, inflación, tipo de cambio y
disponibilidad (Jansen et al., 2022). Sin embargo, esta contribución no es
automática: en mercados emergentes, la falta de certidumbre regulatoria o de
red puede elevar el costo de capital y trasladar sobrecostos al usuario final,
debilitando la dimensión de asequibilidad de la seguridad energética (Jansen et
al., 2020; Jansen et al., 2022).
3.1.3. Impactos económicos y financieros del despliegue eólico marino
Los impactos económicos de la energía eólica marina deben analizarse en dos
planos: el costo de generación y el efecto estructural sobre cadenas productivas,
puertos, empleo, innovación y servicios especializados. En términos globales, la
industria alcanzó 83,2 GW de capacidad eólica marina acumulada en 2024, con
8 GW nuevos conectados ese año, lo que confirma una expansión sustancial,
aunque todavía concentrada en Asia y Europa (GWEC, 2025). Este crecimiento
demuestra que la tecnología dejó de ser experimental; no obstante, para América
Latina seguirá siendo una industria de entrada tardía, intensiva en capital y
dependiente de aprendizaje institucional, logística portuaria y marcos de
contratación bancables (GWEC, 2025; Jansen et al., 2022).
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La dinámica de costos muestra avances notables, pero no elimina las barreras
financieras iniciales. IRENA estima que en 2024 el costo instalado promedio de
la eólica marina fue de USD 2.852/kW y que el costo nivelado global alcanzó
USD 0,079/kWh, después de una reducción acumulada de largo plazo, aunque
con un incremento de 4% frente a 2023 (IRENA, 2025). Esta inflexión es
relevante porque desmiente una lectura lineal del aprendizaje tecnológico: los
costos pueden bajar por escala, turbinas más grandes y mejores prácticas
constructivas, pero también pueden subir por inflación, cuellos de botella de
suministro, tasas de interés, disponibilidad de buques, primas de riesgo país y
complejidad de conexión (IRENA, 2025; Jansen et al., 2020).
Brasil revela la magnitud del impacto económico potencial si la industria se
desarrolla con escala suficiente. En el escenario ambicioso del Banco Mundial,
el país podría alcanzar 96 GW de eólica marina al 2050, equivalente a 19% de
su suministro eléctrico, con una inversión acumulada de USD 240.000 millones,
USD 168.000 millones de valor agregado bruto nacional y hasta 516.000
empleos equivalentes de tiempo completo por año en el escenario de alto
contenido local (ESMAP & World Bank, 2024). Estos valores sugieren que la
energía eólica marina puede operar como política industrial, pero solo si el
despliegue supera proyectos aislados y construye continuidad de demanda para
justificar manufactura, capacitación, astilleros, puertos, cables, servicios de
operación y mantenimiento (ESMAP & World Bank, 2024).
El potencial económico, sin embargo, contiene un dilema distributivo. Si la región
prioriza contenido local demasiado pronto, puede encarecer los primeros
proyectos por falta de escala y experiencia; pero si depende completamente de
importaciones, puede perder valor agregado, empleo y capacidades
tecnológicas. La literatura sobre subastas offshore muestra que los mercados
maduros han reducido precios mediante competencia, estabilización de ingresos
y aprendizaje acumulado, pero también advierte que los diseños son
heterogéneos y que incluso los sistemas más competitivos emplean mecanismos
de estabilización, como contratos por diferencia, tarifas reguladas, acuerdos de
compra de energía o certificados renovables (Jansen et al., 2022). Para América
Latina, el desafío consiste en diseñar subastas graduales que reduzcan riesgo
financiero sin socializar ineficiencias ni bloquear el aprendizaje industrial (Jansen
et al., 2022).
Desde una perspectiva macroeconómica, la eólica marina también puede
vincularse con hidrógeno verde, electrificación industrial y exportaciones
energéticas de bajo carbono. Brasil identifica la posibilidad de abastecer hubs de
hidrógeno en puertos como Pecém y Açu, y el informe del Banco Mundial estima
que, si el país quisiera cubrir 5% de la demanda global de hidrógeno verde hacia
2050, requeriría cerca de 100 GW de nuevas renovables, donde la eólica marina
podría desempeñar un papel relevante por su escala y proximidad a
infraestructura portuaria (ESMAP & World Bank, 2024). Esta articulación puede
fortalecer seguridad energética e industrialización verde, aunque también
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incrementa la competencia por agua, suelo portuario, redes y legitimidad
territorial si no se planifica de manera integrada (ESMAP & World Bank, 2024).
3.1.4. Impactos ambientales y socioterritoriales asociados a los proyectos
marinos
Los impactos ambientales de la eólica marina son complejos porque combinan
beneficios climáticos sistémicos con presiones locales sobre ecosistemas
marinos. Una revisión de Galparsoro et al. (2022), basada en 158 publicaciones
y 867 hallazgos científicos, concluye que los impactos negativos se reportan con
mayor frecuencia, especialmente en aves, mamíferos marinos y estructura
ecosistémica, aunque también existen efectos positivos asociados con arrecifes
artificiales, refugios de pesca y colonización de estructuras por
macroinvertebrados y peces. Esta ambivalencia exige abandonar tanto la
narrativa de “impacto cero” como la oposición absoluta, sustituyéndolas por
evaluación ambiental estratégica, líneas base robustas, monitoreo adaptativo y
gestión acumulativa de impactos (Galparsoro et al., 2022).
Durante la construcción, los principales riesgos se relacionan con ruido
submarino, hincado de pilotes, remoción de sedimentos, tráfico de
embarcaciones, interferencia con rutas migratorias y perturbación de hábitats
bentónicos. En la operación, los impactos se desplazan hacia colisión o
desplazamiento de aves, cambios en comportamiento de mamíferos marinos,
campos electromagnéticos de cables submarinos, restricciones espaciales y
modificación de comunidades asociadas a cimentaciones (Galparsoro et al.,
2022). Para América Latina, estas presiones deben leerse con prudencia porque
gran parte de la evidencia procede del mar del Norte y otros entornos templados,
mientras que las costas caribeñas, tropicales y pacíficas presentan
biodiversidad, pesquerías y condiciones oceanográficas diferentes (Galparsoro
et al., 2022).
La dimensión socioterritorial es igualmente decisiva, ya que los parques eólicos
marinos no ocupan un espacio vacío, sino áreas donde convergen pesca
artesanal e industrial, transporte marítimo, turismo, conservación, cultura
costera, defensa, hidrocarburos, cables submarinos y potenciales corredores de
transmisión. En Colombia, la hoja de ruta identifica restricciones asociadas a
impacto visual sobre comunidades indígenas, biodiversidad, conservación,
tráfico marítimo y necesidad de evitar zonas con conflictos preexistentes;
además, ubica el mayor potencial en La Guajira, un territorio históricamente
atravesado por tensiones entre recursos energéticos, comunidades étnicas,
infraestructura y desigualdad (The Renewables Consulting Group & ERM, 2022).
Por ello, la seguridad energética debe dialogar con justicia energética y
gobernanza territorial, no limitarse a indicadores de capacidad instalada
(Sovacool et al., 2013; The Renewables Consulting Group & ERM, 2022).
El conflicto con la pesca aparece como una de las tensiones más sensibles,
porque la ocupación del espacio marino puede restringir caladeros, alterar rutas,
modificar percepciones de riesgo y redistribuir beneficios de forma desigual. La
literatura sobre interacción entre parques eólicos marinos y pesquerías advierte
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que las tensiones recurrentes se vinculan con exclusión espacial directa,
incertidumbre sobre efectos en poblaciones de peces y ausencia de mecanismos
claros de compensación o coexistencia (Dupont et al., 2020). En América Latina,
donde muchas comunidades costeras dependen de pesca artesanal con alta
informalidad y menor capacidad de negociación, la planificación marina espacial
debe incorporar conocimiento local, cartografía participativa, acuerdos de
coexistencia y compensaciones verificables (Dupont et al., 2020; Sovacool et al.,
2013).
La evaluación ambiental también debe incorporar impactos acumulativos y no
solo efectos proyecto por proyecto. Si varios parques, líneas de transmisión,
puertos, zonas de hidrógeno y corredores marítimos se concentran en la misma
región costera, los efectos agregados pueden superar lo que una evaluación
individual anticipa (Galparsoro et al., 2022). En Brasil, por ejemplo, el Sudeste
presenta un potencial elevado, pero el informe advierte que buena parte de esa
zona coincide con áreas ecológica o biológicamente significativas, lo que exige
mitigación, zonificación cuidadosa y exclusión de áreas sensibles antes de
adjudicar proyectos (ESMAP & World Bank, 2024). Así, la sostenibilidad no
dependerá únicamente de tecnología limpia, sino de la calidad de la decisión
espacial previa (ESMAP & World Bank, 2024; Galparsoro et al., 2022).
3.1.5. Barreras institucionales, regulatorias e infraestructurales para la
expansión
Las principales barreras para la expansión latinoamericana no se explican por
falta de viento, sino por debilidades de gobernanza, transmisión, permisos,
bancabilidad y coordinación intersectorial. La experiencia internacional muestra
que la eólica marina se expande mediante marcos públicos fuertes: planificación
de áreas, estudios de recurso, permisos ambientales, subastas, conexión a red,
reglas de ingresos y distribución clara de riesgos entre Estado, desarrolladores,
consumidores y operadores de sistema (Jansen et al., 2022). América Latina aún
se encuentra en una etapa temprana, por lo que requiere construir instituciones
antes de pretender ritmos de despliegue semejantes a Europa o China (Jansen
et al., 2022).
La transmisión es posiblemente la restricción infraestructural más crítica. En
Colombia, la hoja de ruta indica que existe capacidad muy limitada para conectar
proyectos comerciales en la Costa Caribe, precisamente donde se encuentra el
mayor recurso, y que la construcción de nuevas líneas de alta tensión será
necesaria para desbloquear la zona oriental de La Guajira (The Renewables
Consulting Group & ERM, 2022). Este problema revela que la energía eólica
marina no puede planificarse solo desde el mar: requiere corredores terrestres,
servidumbres, subestaciones, aceptación comunitaria, coordinación con
renovables terrestres y anticipación de congestiones (The Renewables
Consulting Group & ERM, 2022). Sin red, incluso el recurso con factores de
capacidad cercanos a 70% permanece como potencial no materializado (The
Renewables Consulting Group & ERM, 2022).
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Brasil ha dado un paso institucional relevante con la Ley n.º 15.097/2025, que
entró en vigor el 10 de enero de 2025 y creó un marco para asignar derechos de
uso de áreas federales offshore mediante dos rutas: oferta permanente por
autorización y oferta planificada por concesión competitiva; además, integró
formalmente la generación offshore en la planificación de transmisión y subastas
de conexión a la red nacional (UNCTAD, 2025). Este avance reduce
incertidumbre jurídica, pero no resuelve por sí mismo los desafíos de permisos
ambientales, consulta social, coordinación marítima, puertos, fiscalización y
definición de responsabilidades por infraestructura compartida (UNCTAD, 2025;
ESMAP & World Bank, 2024).
Colombia, por su parte, avanza mediante una primera ronda de asignación de
áreas offshore. La convocatoria atrajo interés internacional para 69 áreas
marítimas y contempla proyectos con capacidad mínima de 200 MW, con una
meta gubernamental de adjudicar al menos 1 GW y una aspiración más amplia
de alcanzar 7 GW hacia 2040 (Reuters, 2025). Este hito muestra señales de
confianza del mercado, pero también tensiona la capacidad administrativa del
Estado para evaluar propuestas, asegurar participación social, coordinar
permisos y garantizar que la adjudicación de áreas no anteceda
irresponsablemente a estudios ambientales y de transmisión (Reuters, 2025; The
Renewables Consulting Group & ERM, 2022).
En Chile, la barrera regulatoria se manifiesta como fragmentación institucional.
El estudio de Mattar et al. (2021) muestra que un proyecto offshore debe
relacionarse con los ministerios de Energía, Defensa, Economía y Medio
Ambiente, además de procesos separados de concesión marítima y resolución
ambiental, cuya falta de coordinación aumenta el riesgo de inversión. Esta
arquitectura puede ser funcional para controlar impactos, pero se vuelve
disuasiva cuando genera duplicidad, incertidumbre temporal y ausencia de
ventanilla coordinada (Mattar et al., 2021). En consecuencia, la expansión
sostenible requiere simplificación procedimental sin debilitamiento ambiental, es
decir, coordinación administrativa con estándares exigentes y trazables (Mattar
et al., 2021).
3.1.6. Perspectivas de expansión y condiciones necesarias para una
implementación sostenible
Las perspectivas de expansión son favorables, aunque selectivas y
condicionadas. La eólica marina latinoamericana probablemente no se
desplegará de manera homogénea en toda la región, sino mediante corredores
donde coincidan recurso de alta calidad, menor conflictividad espacial, puertos
adaptables, demanda eléctrica cercana, posibilidad de conexión, estabilidad
contractual y capacidad estatal para tramitar permisos complejos (ESMAP, 2025;
GWEC, 2025). Brasil y Colombia aparecen como mercados pioneros por la
combinación de potencial, avance regulatorio e interés empresarial, mientras
Chile, México, Argentina y Uruguay poseen recursos significativos que podrían
activarse con hojas de ruta, instrumentos de mercado y planificación marítima
más específica (ESMAP, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e).
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La primera condición para una implementación sostenible es adoptar
planificación marina espacial antes de adjudicar masivamente áreas. Esto
implica cruzar mapas de viento, batimetría, biodiversidad, pesca, navegación,
defensa, turismo, cables, puertos, comunidades costeras y áreas protegidas
para determinar zonas preferentes, zonas condicionadas y zonas excluidas
(Galparsoro et al., 2022; The Renewables Consulting Group & ERM, 2022). La
experiencia internacional indica que la energía eólica marina requiere legitimidad
espacial: cuando la selección de áreas se percibe como tecnocrática o unilateral,
los conflictos emergen tarde, encarecen proyectos y deterioran la confianza
pública (Dupont et al., 2020; Sovacool et al., 2013).
La segunda condición es diseñar mecanismos financieros que reconozcan la
inmadurez regional sin crear rentas excesivas. Los primeros proyectos
necesitarán contratos de largo plazo, estabilidad de ingresos, reglas claras de
indexación, garantías de conexión, asignación transparente de riesgos y
participación de banca multilateral para reducir costo de capital (Jansen et al.,
2022). No obstante, esos incentivos deben estar condicionados a desempeño,
cumplimiento ambiental, aportes locales y construcción de capacidades; de lo
contrario, el apoyo público podría convertirse en subsidio regresivo a proyectos
de baja integración territorial (Jansen et al., 2022; IRENA, 2025).
La tercera condición es anticipar infraestructura habilitante. La eólica marina no
se instala solo con turbinas: requiere puertos con calado y áreas de ensamblaje,
buques especializados, grúas, cadenas de suministro de acero, cables,
subestaciones offshore, astilleros, centros de operación y mantenimiento,
formación técnica y redes de evacuación (ESMAP & World Bank, 2024). Brasil
cuenta con ventajas relativas por su trayectoria petrolera offshore y su industria
eólica terrestre, pero incluso allí el escenario ambicioso exigiría un ritmo de
instalación de 5,3 GW por año, superior al de casi todos los mercados excepto
China, lo que muestra la enorme exigencia logística de una expansión acelerada
(ESMAP & World Bank, 2024).
La cuarta condición es integrar la eólica marina con estrategias de seguridad
energética y no solo con metas climáticas. En términos prácticos, ello supone
modelar escenarios que relacionen offshore wind con hidrología,
almacenamiento, redes, electrificación, precios mayoristas, respaldo térmico,
demanda industrial e interconexiones regionales (Jurasz et al., 2020; Parra et al.,
2020). Tanto el informe brasileño como la hoja de ruta colombiana reconocen
que varios escenarios son prospectivos y requieren modelación energética
adicional; por tanto, la toma de decisiones no debería descansar únicamente en
mapas de recurso, sino en simulaciones de sistema que midan valor de
capacidad, congestión, costos de integración y reducción de vulnerabilidad
hidroclimática (ESMAP & World Bank, 2024; The Renewables Consulting Group
& ERM, 2022).
La quinta condición es incorporar justicia energética como criterio de
sostenibilidad. Los beneficios de la eólica marina —empleo, ingresos fiscales,
electricidad renovable, hidrógeno verde o infraestructura portuaria— deben
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distribuirse de modo verificable entre territorios costeros, trabajadores locales,
comunidades pesqueras y grupos históricamente afectados por proyectos
extractivos (Sovacool et al., 2013). En zonas como La Guajira, donde coexisten
recursos energéticos excepcionales y desigualdades persistentes, la expansión
offshore será políticamente viable solo si la participación comunitaria no se
reduce a consulta formal, sino que incide en localización, compensaciones,
monitoreo, empleo y protección de medios de vida (The Renewables Consulting
Group & ERM, 2022; Sovacool et al., 2013).
En síntesis, la revisión permite sostener que la energía eólica marina puede
fortalecer la seguridad energética latinoamericana si se despliega como
arquitectura de transición y no como cartera fragmentada de megaproyectos. Su
contribución potencial radica en diversificar matrices eléctricas, reducir
vulnerabilidad hidroclimática, movilizar inversión, crear capacidades industriales
y acercar generación renovable a centros costeros de demanda; sin embargo,
sus beneficios pueden diluirse si persisten redes insuficientes, permisos
inciertos, costos de capital elevados, planificación marina débil y conflictos con
comunidades costeras (Cherp & Jewell, 2014; Galparsoro et al., 2022; Jansen et
al., 2022). La perspectiva más robusta para América Latina no consiste en
acelerar cualquier proyecto offshore, sino en construir condiciones
institucionales, socioambientales y financieras que conviertan el recurso marino
en seguridad energética justa, asequible y resiliente (Organización
Latinoamericana de Energía, 2025; Sovacool, 2011).
4. Discusión
La discusión derivada de esta revisión permite sostener que la energía eólica
marina representa una oportunidad estratégica para América Latina, pero no una
solución automática a los problemas de seguridad energética de la región. Su
valor no reside únicamente en añadir capacidad renovable, sino en ampliar la
resiliencia de sistemas eléctricos expuestos a sequías, congestión de redes,
dependencia hidroeléctrica y volatilidad de combustibles fósiles. En términos
conceptuales, este resultado coincide con la noción contemporánea de
seguridad energética como baja vulnerabilidad de sistemas energéticos vitales,
más que como simple disponibilidad física de energía (Cherp & Jewell, 2014;
Sovacool, 2011). Por ello, la eólica marina debe discutirse como infraestructura
sistémica, no como tecnología aislada.
La paradoja latinoamericana es que la región exhibe una matriz eléctrica
comparativamente renovable, pero conserva vulnerabilidades estructurales que
la expansión offshore podría atenuar si se planifica con rigor. OLADE reporta
que, en 2024, las fuentes renovables representaron 69% de la generación
eléctrica regional, con una participación hidroeléctrica de 44,74%, eólica de
11,60% y solar de 7,40%; al mismo tiempo, la cobertura eléctrica alcanzó
97,37%, pero aún persistieron 17 millones de personas sin acceso a electricidad
(Organización Latinoamericana de Energía, 2025). Esta combinación revela que
la transición energética latinoamericana no puede limitarse a elevar porcentajes
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renovables, sino que debe mejorar continuidad, accesibilidad, asequibilidad y
equidad territorial del suministro.
El potencial técnico identificado confirma que América Latina dispone de una
base natural excepcional, aunque distribuida de forma desigual y condicionada
por restricciones tecnológicas. Brasil posee más de 1.200 GW de potencial eólico
marino, con 480 GW asociados a cimentaciones fijas y 748 GW a soluciones
flotantes, mientras Colombia dispone de 109 GW de potencial técnico en el
Caribe, que se reduce a cerca de 50 GW al considerar restricciones ambientales,
sociales y técnicas (ESMAP & World Bank, 2024; The Renewables Consulting
Group & ERM, 2022). Esta diferencia entre potencial bruto, potencial técnico y
potencial efectivamente desarrollable es crucial, porque evita sobredimensionar
las expectativas y obliga a incorporar criterios de batimetría, distancia a costa,
biodiversidad, pesca, transmisión y conflictividad social.
Los casos de Brasil y Colombia muestran que la eólica marina puede adquirir
funciones diferenciadas según la estructura energética nacional. En Brasil, el
escenario ambicioso al 2050 contempla 96 GW instalados, una contribución
cercana a una quinta parte del suministro eléctrico, USD 240.000 millones de
inversión acumulada, USD 168.000 millones de valor agregado bruto y hasta
516.000 empleos equivalentes de tiempo completo por año, lo que posiciona la
eólica marina como política energética, climática e industrial (ESMAP & World
Bank, 2024). En Colombia, los factores netos de capacidad cercanos a 70% en
el oriente de La Guajira sugieren un recurso de calidad mundial, aunque
condicionado por transmisión, gobernanza territorial y sensibilidad sociocultural
(The Renewables Consulting Group & ERM, 2022).
Desde la perspectiva de seguridad energética, el principal aporte de la eólica
marina se encuentra en su capacidad para diversificar el portafolio renovable y
reducir la exposición hidroclimática. La literatura sobre complementariedad
renovable demuestra que la combinación de fuentes con perfiles temporales
diferentes puede suavizar la variabilidad, disminuir déficits de generación y
mejorar la adecuación entre oferta y demanda (Jurasz et al., 2020). En América
Latina, donde la hidroelectricidad sigue siendo dominante, esta
complementariedad resulta especialmente relevante: la eólica marina puede
operar como fuente de respaldo renovable en periodos secos, siempre que se
articule con redes robustas, almacenamiento, gestión de demanda y
planificación regional (Cherp & Jewell, 2014; Jurasz et al., 2020).
No obstante, la contribución económica debe interpretarse con prudencia,
porque los beneficios proyectados dependen de escalas de despliegue,
certidumbre regulatoria y reducción del costo de capital. La industria global
alcanzó 83,2 GW de capacidad eólica marina acumulada al cierre de 2024, tras
conectar 8 GW nuevos ese año, lo cual evidencia madurez tecnológica, pero
también una concentración del aprendizaje en mercados asiáticos y europeos
(GWEC, 2025). A su vez, IRENA estimó que el costo instalado promedio de la
eólica marina llegó a USD 2.852/kW en 2024 y que el costo nivelado global fue
de USD 0,079/kWh, aunque aumentó 4% frente a 2023, señal de que inflación,
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tasas de interés, cadenas de suministro y riesgos de construcción pueden alterar
la trayectoria descendente de costos (IRENA, 2025).
La discusión financiera confirma que los primeros proyectos latinoamericanos
enfrentarán una tensión entre aprendizaje tecnológico y bancabilidad. En
mercados maduros, las subastas offshore han reducido precios mediante
competencia, estandarización contractual y esquemas de estabilización de
ingresos; sin embargo, Jansen et al. (2022) muestran que incluso en
jurisdicciones consolidadas los diseños de subasta son heterogéneos y suelen
incluir mecanismos como contratos por diferencia, tarifas reguladas, acuerdos
de compra de energía o certificados renovables. Por ello, América Latina no
debería reproducir mecánicamente modelos europeos o asiáticos, sino diseñar
instrumentos graduales que distribuyan riesgos de forma creíble entre Estado,
desarrolladores, consumidores, operadores de red y banca multilateral (Jansen
et al., 2022).
Los impactos ambientales obligan a matizar cualquier lectura triunfalista de la
eólica marina como energía “limpia” sin externalidades. La revisión de
Galparsoro et al. (2022), basada en 158 publicaciones y 867 hallazgos, indica
que los parques eólicos marinos pueden generar efectos negativos sobre aves,
mamíferos marinos, hábitats bentónicos y estructura ecosistémica, aunque
también pueden producir efectos positivos localizados vinculados con arrecifes
artificiales o refugios para ciertas especies. Esta ambivalencia implica que la
sostenibilidad no depende solo de sustituir combustibles fósiles, sino de
implementar evaluación ambiental estratégica, monitoreo adaptativo, análisis de
impactos acumulativos y zonificación marina previa a la adjudicación de áreas
(Galparsoro et al., 2022).
La dimensión socioterritorial es probablemente el eje más sensible de la
expansión offshore en América Latina, porque los espacios marinos no son
vacíos técnicos, sino territorios de pesca, navegación, turismo, conservación,
identidad cultural y economías costeras. En Colombia, la hoja de ruta identifica
restricciones relacionadas con biodiversidad, áreas protegidas, tráfico marítimo,
pesca y comunidades indígenas, lo que confirma que la legitimidad social será
tan determinante como la calidad del recurso eólico (The Renewables Consulting
Group & ERM, 2022). En consecuencia, la seguridad energética debe dialogar
con la justicia energética: un proyecto puede aumentar generación renovable y,
al mismo tiempo, profundizar desigualdades si desplaza medios de vida,
concentra beneficios o reduce la participación comunitaria a procedimientos
meramente formales (Sovacool, 2011; The Renewables Consulting Group &
ERM, 2022).
Las barreras institucionales e infraestructurales explican por qué el potencial
técnico no se transforma de inmediato en capacidad instalada. La hoja de ruta
colombiana reconoce que los escenarios de despliegue no han sido probados
mediante modelación energética profunda y que la conexión a transmisión será
un factor crítico para materializar proyectos en el Caribe, especialmente en La
Guajira (The Renewables Consulting Group & ERM, 2022). En Brasil, el informe
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del Banco Mundial advierte que los primeros proyectos tendrán costos iniciales
altos, requerirán financiamiento concesional y demandarán fuertes mejoras en
infraestructura portuaria, manufactura, transmisión y capacidades nacionales
(ESMAP & World Bank, 2024). Por tanto, el cuello de botella no es el viento, sino
la arquitectura institucional que debe convertir recurso natural en energía segura,
asequible y socialmente aceptada.
Los hallazgos también sugieren que la expansión regional será selectiva, no
homogénea. Brasil y Colombia aparecen como laboratorios tempranos por la
combinación de recurso, hojas de ruta, interés empresarial e incipiente desarrollo
regulatorio; en cambio, países como Chile, Argentina, México y Uruguay poseen
potencial relevante, pero requieren mayor articulación entre regulación marítima,
planeación eléctrica, permisos ambientales y señales de mercado. En Chile, por
ejemplo, Mattar et al. (2021) destacan que la ausencia de parques offshore se
explica por costos iniciales, incertidumbre regulatoria, periodos de retorno y
fragmentación institucional, lo que evidencia que el potencial físico no basta para
inducir inversión. Esta lectura refuerza la necesidad de políticas públicas
diferenciadas según madurez tecnológica, profundidad marina, capacidad
portuaria y estructura de demanda (Mattar et al., 2021).
En términos académicos, la revisión aporta una lectura integradora al vincular
potencial técnico, seguridad energética, economía política, impactos
socioambientales y gobernanza marina. Buena parte de la literatura tiende a
estudiar por separado los mapas de recurso, los costos, los efectos ecológicos
o los marcos regulatorios; sin embargo, los resultados aquí discutidos muestran
que la eólica marina solo mejora la seguridad energética cuando esas
dimensiones se coordinan en una misma estrategia. La contribución conceptual
consiste en desplazar el debate desde la pregunta “cuánta energía podría
generarse” hacia la pregunta “bajo qué condiciones esa energía reduce
vulnerabilidades sistémicas sin producir nuevas injusticias territoriales” (Cherp &
Jewell, 2014; Galparsoro et al., 2022; Jansen et al., 2022).
Las limitaciones de esta revisión también deben reconocerse, porque el campo
latinoamericano aún depende de fuentes prospectivas, hojas de ruta nacionales
y escenarios no siempre validados con modelación eléctrica profunda. Esto
restringe la posibilidad de establecer efectos causales o comparar con precisión
costos de integración entre países. Además, la evidencia ambiental procede
mayoritariamente de Europa y del mar del Norte, por lo que su transferencia a
ecosistemas tropicales, caribeños o pacíficos debe realizarse con cautela
(Galparsoro et al., 2022). En consecuencia, futuras investigaciones deberían
incorporar modelación de sistemas eléctricos, análisis de costo-beneficio
territorial, estudios de aceptación social, evaluación de impactos acumulativos y
escenarios de transmisión para determinar con mayor precisión el valor de
capacidad y resiliencia de la eólica marina en América Latina (Jurasz et al., 2020;
The Renewables Consulting Group & ERM, 2022).
En conjunto, la discusión permite afirmar que la energía eólica marina puede
convertirse en una pieza relevante de la seguridad energética latinoamericana si
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se despliega bajo criterios de planificación anticipada, justicia territorial,
financiamiento responsable y gobernanza oceánica. Su promesa no reside
únicamente en los gigavatios potenciales, sino en la posibilidad de reducir
vulnerabilidades hidroclimáticas, diversificar matrices, dinamizar cadenas
productivas y acelerar la descarbonización eléctrica. Sin embargo, esos
beneficios dependerán de evitar una expansión improvisada, excesivamente
tecnocrática o socialmente desanclada; la originalidad del enfoque propuesto
radica justamente en comprender la eólica marina como una infraestructura de
transición cuya legitimidad se construye en la intersección entre recurso, red,
mercado, ecosistema y territorio (Organización Latinoamericana de Energía,
2025; Sovacool, 2011; ESMAP & World Bank, 2024).
5. Conclusiones
La energía eólica marina se perfila como una alternativa estratégica para
fortalecer la seguridad energética latinoamericana, siempre que su expansión
sea concebida como parte de una arquitectura integral de transición y no como
una simple incorporación tecnológica. Su mayor aporte potencial radica en
diversificar matrices eléctricas todavía vulnerables a la variabilidad
hidroclimática, reducir la exposición a combustibles fósiles de respaldo y ampliar
la disponibilidad de generación renovable de gran escala en zonas costeras con
alta demanda energética.
El análisis desarrollado permite concluir que América Latina dispone de un
potencial técnico y geográfico considerable, especialmente en países como
Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y Uruguay; no obstante, dicho
potencial no debe confundirse con capacidad inmediatamente instalable. La
conversión del recurso eólico marino en proyectos viables depende de
condiciones críticas como profundidad marina, distancia a costa, capacidad
portuaria, disponibilidad de transmisión, regulación estable, financiamiento
competitivo y compatibilidad con usos sociales y ecológicos del espacio
marítimo.
Desde una perspectiva económica, la eólica marina puede estimular inversión,
empleo especializado, innovación logística, desarrollo portuario y cadenas
productivas asociadas a manufactura, operación y mantenimiento. Sin embargo,
sus beneficios dependerán de que los primeros proyectos sean estructurados
con esquemas financieros sólidos, distribución equilibrada de riesgos y señales
de largo plazo que reduzcan el costo de capital, ya que los mercados
latinoamericanos aún enfrentan mayores incertidumbres regulatorias,
cambiarias e infraestructurales que los países con industrias offshore
consolidadas.
En términos ambientales y socioterritoriales, la expansión eólica marina exige
una planificación particularmente rigurosa, porque sus impactos no se limitan al
ámbito eléctrico. La instalación de parques marinos puede modificar hábitats,
rutas de aves, dinámicas pesqueras, paisajes costeros, actividades portuarias y
formas tradicionales de uso del mar; por ello, la sostenibilidad del despliegue
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dependerá de evaluaciones ambientales estratégicas, monitoreo acumulativo,
participación temprana de comunidades costeras y mecanismos efectivos de
compensación y coexistencia.
La principal barrera identificada no es la escasez de recurso, sino la insuficiente
madurez institucional para transformar el potencial técnico en seguridad
energética efectiva. La región requiere marcos regulatorios específicos,
coordinación entre autoridades marítimas, energéticas y ambientales,
planificación anticipada de redes de transmisión, fortalecimiento de puertos,
generación de información pública sobre recurso y biodiversidad, y
procedimientos transparentes para la adjudicación de áreas. Sin estas
condiciones, la eólica marina podría convertirse en una promesa diferida o en
una fuente de nuevos conflictos territoriales.
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